Chile: Lobby empresarial y racismo ambiental en la creación del Parque Nacional Alacalufes
Para los asistentes al Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas que se reaizará en Coquimbo, será difícil entender que este gobierno que va a ser galardonado como uno de los 5 que más protege los océanos, intenta en la remota y prístina región patagónica de Magallanes, dejar sin protección a las aguas marinas adyacentes al Parque Nacional donde aún habita el pueblo nómade del mar más amenazado del planeta.
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Por Juan Carlos Cárdenas y Patricio Igor Melillanca
30 de agosto de 2017
A partir de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales desarrollará en Puerto Natales, región de Magallanes y Antártica chilena, la consulta indígena sobre el proyecto de reclasificación y ampliación de la actual Reserva Forestal Alacalufes, para elevar su categoría a Parque Nacional integrante de la Red de Parques de la Patagonia. Esta consulta obligatoria es parte de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Chileno al haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas.
El 15 de marzo del 2017 fue suscrito el protocolo del acta de acuerdo entre la Presidenta de la República, Michele Bachelet, y la Fundación Tompkins Conservation, ratificando los compromisos de donación de 407.645 hectáreas, de terrenos silvestres pertenecientes a la fundación, la anexión de 900.000 has. de terrenos fiscales, y la re-categorización de áreas protegidas regionales. A su vez, los Ministros de Medio Ambiente, Hacienda, Economía, Bienes Nacionales, Agricultura, la Subsecretaría de Turismo y el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), junto con diversas fundaciones, establecieron el cronograma y los compromisos para concretar este proyecto de conservación patagónica.
Sin embargo, este proceso se encuentra bajo un activo lobby y condicionamiento de parte de los diversos grupos empresariales y de inversionistas interesados en los millonarios negocios turístico y salmonero-exportador, los que cuentan con las complicidades de altos funcionarios de los Ministerios de Economía, Hacienda y Medio Ambiente. Expresión de lo anterior, es que el 10 de abril se realizó una sesión extraordinaria del denominado “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, el cual decretó que las aguas marinas adyacentes al futuro Parque Nacional quedaban excluidas del status de protección ambiental, la cual sólo se concedería a la zona terrestre. (1)
Para asegurar la imposición de esta regresiva y autoritaria medida, el consejo de ministros creó un “candado” para el proceso de consulta indígena, al señalar explícitamente que “se debe dejar constancia que los límites del nuevo Parque Nacional se circunscriben estrictamente a la porción terrestre del área. La cartografía respectiva será trabajada en una comisión conformada por los Ministerios de Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Hacienda y Economía”, y que “los resultados de ese trabajo serán presentados al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación”.
Con posterioridad, el Consejo de Ministros le propondría a la Presidenta de la República la re-categorización de la Reserva Forestal Alacalufes y su ampliación, “en los términos referidos anteriormente, para su posterior oficialización mediante Decreto Supremo del Ministerio de Bienes Nacionales”.
Frente a esta arbitrariedad del cuestionado sistema ambiental chileno cabe preguntarse ¿Qué papel jugarán los funcionarios de los ministerios de Hacienda y Economía elaborando cartografía?, ¿Puede el consejo de ministros condicionar el proceso de consulta de las comunidades Kawesqar realizado bajo el Convenio 169 de la OIT?, y ¿Cómo se aseguran la representación y los intereses de los ciudadanos, comunidades costeras y pueblos originarios en este proceso?
The Salmon Connection
Esta situación absurda y carente de toda justificación científica y técnica que afectará la integridad ecosistémica de la red de parques de la Patagonia, sólo puede ser entendida por los intereses económicos-inmobiliarios en juego -estimulados por las 2,8 millones de hectáreas de territorios de altísimo valor ecológico y escénico-, y las redes de corrupción político-burocrático-empresarial que buscan asegurar la expansión de los monocultivos industriales de salmónidos, los cuales triplicarán sus producciones en Magallanes el 2020.
La decisión del Comité de Ministro ilidad presenta varias situaciones conflictivas:
- Es antagónica con el dictamen de la Contraloría General de la República N° 38.429 del 18 de junio del 2013, el cual confirmó el oficio N° 1.326 de la Contraloría Regional de Magallanes del 2012, que había sentenciado que “no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional y, por ende, otorgar concesiones de acuicultura”.
- Durante la discusión parlamentaria de la ley N° 20.657 de pesca y acuicultura (Ley Longueira), las organizaciones ciudadanas y los parlamentarios de Magallanes se movilizaron para eliminar las concesiones salmoneras existentes en las aguas contiguas a los parques nacionales. Como respuesta, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República de la época, a solicitud de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), emitió un dictamen reafirmando la posición de CONAF de prohibir toda explotación pesquera e instalación acuícola en las zonas marinas adyacentes a los Parques Nacionales de Magallanes.
- Posteriormente, la resolución exenta N°2379-2014 de Subpesca, rechazó las solicitudes de concesiones de acuicultura presentadas en parques nacionales de Magallanes, lo que trajo la necesidad de reubicar 38 concesiones salmoneras, de las cuales 19 se encuentran en el Parque Nacional Alberto De Agostini, y las 19 restantes, en el denominado “Corredor biosanitario” en Puerto Natales. (2)
- La decisión del Comité de Ministros, no tiene sustento científico, ya que los canales, bahías, fiordos y otras áreas marino-costeras contiguas a la porción terrestre, son parte integral de los ciclos y procesos ecológicos existentes en el territorio donde se establecerá el Parque Nacional Alacalufe.
- Además es una decisión racista, autoritaria y excluyente, ajena a estándares de conservación y definiciones internacionales, ya que los ecosistemas marinos y donde existen canales, constituyen el hábitat o espacio vital de los pueblos nómades del mar patagónico, aspecto reconocido en el Convenio de Diversidad Biológica, artículo 10, literal (c), y en el artículo 8, literal (j) ratificado por el Estado chileno en 1994.
- Esta decisión no respeta ni cumple los derechos del Pueblo Kawesqar consagrados en diversos instrumentos internacionales, tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 7, 13, 14, 15 y 16, reconocen derechos prioritarios al desarrollo, medio ambiente, hábitat y territorio.
- Se opone a las leyes N°19.253 (artículo 74), y la N° 20.249, (artículo 6), reconocen expresamente los usos ancestrales del pueblo Kawésqar en el mar.
- Con esta medida del Consejo de ministros, evidencia que el genocidio del pueblo Kawesqar continúa, al amenazar en la actualidad su derecho de acceso y uso ancestral de sus espacios y recursos marinos, los cuales siguen siendo utilizados por las comunidades; además no incorpora el carácter de maritorio-territorio indígena de conservación, en lo relativo a saberes, prácticas consuetudinarias y reglas. Todo ello constituye una ironía, ya que el mutilado Parque Nacional llevará un erróneo nombre (alacalufe) como una lápida.
La resistencia del pueblo Kawesqar frente al asalto del mar Patagónico
Registros arqueológicos señalan que el pueblo Kawesqar habita hace 6.000 años en los territorios marino-costeros entre el Golfo de Penas y la isla Diego de Almagro, es decir 5.800 años antes que se constituyera la República de Chile. Por ello, frente al abusivo, centralista y colonial comportamiento del Estado chileno con las regiones y pueblos originarios patagónicos, las comunidades demandan tener injerencia en la administración de su maritorio, depredado y contaminado por las empresas que se establecen con el consentimiento y la protección del Estado. También exigen que se haga valer la legislación nacional e internacional que protege su derecho a ejercer prácticas ancestrales vinculadas a su maritorio, biodiversidad y recursos naturales, los cuales les proveen de pesca, caza, madera y servicios ambientales, entre otros.
“El Estado de Chile debe impulsar procesos de reparación a favor de los pueblos sobrevivientes del proceso de exterminio, reconociendo el derecho que tienen sobre el territorio ancestral, implementando políticas y acciones que eviten su omisión, invisibilización y silenciamiento cultural de los Pueblos Australes. Teniendo especial cuidado en el resguardo del territorio marítimo y terrestre que sigue siendo utilizado desde hace más de seis mil años” (3).
Las comunidades Aswal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Atap y Residente en Río Primero, han manifestado su rechazo a la abusiva y unilateral imposición que condiciona la consulta indígena al pueblo Kawesqar que se realizará entre el 9 y 10 de septiembre de 2017 en Puerto Natales. Por ello señalan en su reciente declaración pública que Por “decisión del consejo de Ministros para la sustentabilidad, hoy vemos nuevamente nuestros derechos territoriales vulnerados. Con la clara intención de favorecer el avance del empresariado salmonero, el que ha venido a invadir nuestro ancestral territorio con especies exóticas invasoras y cultivos intensivos, industriales contaminantes, afectando los últimos canales de la Patagonia libres de contaminación salmonera”.(4)
Llamado a los participantes del 4° Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas (IMPC 4)
Entre el 4 al 8 de septiembre se realizará el 4° Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas en las ciudades de La Serena y Coquimbo, Chile. Allí se reunirán figuras internacionales como el actor Leonardo Di Caprio y la investigadora Sylvia Earle, junto a más de dos mil científicos, Ongs, gestores y administradores de áreas marinas protegidas provenientes de 80 países signatarios del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CBD).
En este encuentro, el saliente gobierno de Chile recibirá el reconocimiento internacional como uno de los cinco países líderes en la protección de los océanos. Por ello para los participantes será difícil entender que este mismo gobierno que va a ser galardonado intenta en la remota y prístina región patagónica de Magallanes, dejar sin protección a las aguas marinas adyacentes al Parque Nacional donde aún habita el pueblo nómade del mar más amenazado del planeta.
Llamamos a los participantes a informarse y apoyar la lucha del pueblo Kawesqar por sus derechos y la defensa de la Madre Mar.
Referencias
3. http://www.radiodelmar.cl/…
4. http://www.eldesconcierto.cl/…
Fuente: MapuExpress