Argentina: Impacto social y ambiental de la eliminación de retenciones

El debate en torno de la quita y reducción de retenciones a los productos agropecuarios de exportación había marcado una diferencia sustancial entre oposición y oficialismo durante el anterior gobierno. Dicho debate asumía varios contrapuntos: uno de ellos era de qué manera se distribuía la renta agraria; otro, la disponibilidad y el precio interno de los alimentos.

En sus primeros días el nuevo gobierno argentino ha implementado una baja del 5% en las retenciones a la exportación de soja y su eliminación en otros cultivos.

Si bien es de esperarse que este nuevo escenario reavive aquellas discusiones, nuestro interés gira en torno de la pregunta sobre el impacto de estas medidas en el ambiente y la vida rural.

Recordemos que en el año de 2003 se registró el llamado “boom sojero” (cosechas record, aumento exponencial de la superficie sembrada, etc), y con él, la aceleración de la agriculturizacion en zonas extrapampeanas y del desmonte del bosque nativo. Sin embargo una década después, con la implementación de la ley de bosques (26.331) y el efecto del aumento de las retenciones (a pesar incluso del alza del precio internacional de la soja), se cerraba un período marcado por la disminución del desmonte en los principales frentes agrarios del país.

Según el monitoreo sobre monte nativo del Gran Chaco Americano y cambio en el uso del suelo, que realiza la Asociación GUYRA PARAGUAY ( http://www.guyra.org.py/), entre los años 2012 y 2015 para el ecosistema chaqueño de Argentina hubo un descenso en el ritmo de los desmontes del bosque nativo y pasaje del uso del suelo a su función agrícola. Según el estudio que incluye las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán, la sustitución de bosque nativo chaqueño por otros usos ha variado de 235.601 hectáreas en 2012 (644 hectáreas por día) a unas 137.486 hectáreas en 2014 (613 hectáreas por día), descendiendo en 2015 a un ritmo promedio de 391 hectáreas por día. En el 2014 además se han detectado 18.410 focos de incendio (intencionales o no) que producen de hecho destrucción del bosque y un potencial cambio en el uso del suelo. En la misma dirección, datos oficiales de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (2015) marcaban una disminución en la pérdida anual de tierras forestales en todas las provincias entre los períodos 2011-2013 y 2013-2014. Así, para el total del país pasaba de una pérdida de 116.071 a 32.328 hectáreas.

Si bien las políticas económicas y ambientales, no habían frenado la destrucción del bosque nativo (ni de la violencia rural o del desmonte sin autorización), habían logrado disminuir su ritmo de desaparición. En este contexto, podemos manejar como hipótesis que cierta redistribución social de la renta agraria era compatible con cierto nivel de sustentabilidad ambiental. Por detrás estaba la baja de la rentabilidad en producción sojera para algunas escalas de inversión empresarial fuera de la región pampeana.

Por otra parte, en el periodo que señalamos hubo una disminución del ritmo de la conflictividad rural emergente mayormente en los frentes sojeros. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (“Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina” publicado en 2013), casi el 50% de los conflictos por tierra en el país tenían una antigüedad mayor a los 20 años, y casi el 70% tenían origen en el periodo anterior a la reimplantación o aumento de las retenciones a los productos agropecuarios.

Pues bien, también es cierto que la existencia de retenciones a la soja y otros commodities, y de políticas de protección del bosque nativo, no explican por sí solas la disminución del desmonte y de la conflictividad rural. A pesar de la retracción en la aparición de nuevos conflictos rurales se ha registrado un mayor grado de violencia dada por la cantidad de campesinos e indígenas asesinados por fuerzas de seguridad o guardias privadas durante la última década. De igual modo los casos de contaminación humana, animal y vegetal, por fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos se han multiplicado exponencialmente en el periodo señalado.

Es de esperarse que la eliminación, pero sobre todo la baja en las retenciones a la soja (más aún si se las elimina paulatinamente como se ha declarado), recupere mayores niveles de rentabilidad para la producción de soja en las regiones extrapampeanas. En tales condiciones el escenario agrario podría retrotraerse a la década de 1990 en lo que hace al frenético ritmo del desmonte, al desalojo y arrinconamiento de familias campesinas y comunidades indígenas, y a la afectación de la salud pública en las ciudades pequeñas y medianas expuestas a plantas de procesamiento de granos (crushing) o a grandes superficies de cultivos industriales y sus paquetes tecnológicos.

Pablo Barbetta y Diego Dominguez

*Investigadores del CONICET, integrantes del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (IIGG-UBA).