Alimentos, retenciones y (bio)combustibles

Si bien nuestro país es eminentemente urbano en términos relativos, con casi el 90% de la población viviendo en ciudades, su ecuación política y económica se dirime básicamente alrededor del campo y de los recursos naturales:

- La mayor parte de las divisas generadas proviene de la exportación de productos primarios (soja y petroleo) o agroindustriales.
- El país se inserta en la económica global a partir de la provisión de commodities y combustibles, y renace la visión de un país agroexportador (pero ahora combinando con la exportación gasifera, petrolera y mineral).
- La producción y exportación de biocombustibles se presenta desde el gobierno central como prioridad para la actual estrategia de “crecimiento económico”, en un contexto mundial que avanza hacia una crisis de las fuentes energéticas basadas en los hidrocarburos.
- Se profundiza la vulneración de la seguridad y soberanía alimentaria, visible –entre otras cosas- a partir del sostenido aumento del precio de alimentos (carne, pan, leche, legumbres, verduras y frutas) considerados básicos para la dieta local (un aumento mayor que la inflación global según el índice general de precios al consumidor).
- Existe una disputa creciente entre el Estado y sectores empresariales por la distribución de la renta agropecuaria y petrolera.

El problema alimentario:

Argentina, a pesar de ser un país que exporta productos agropecuarios (más del 45% del valor total de las exportaciones corresponden a productos de complejos agrícolas y pecuarios), contiene grandes porciones de población sin acceso a una alimentación apropiada en cantidad y calidad (más del 8% de la población no cubre la canasta básica, en un contexto nacional con más de 23% de la población en situación de pobreza). Semejante paradoja desestima los argumentos de los apologistas del actual modelo agropecuario argentino, que gustan proclamar al agro como “motor del despegue del país”. Resulta ya insolvente señalar que el desarrollo de un modelo de país sustentado en un agro exportador nada tiene que ver con el empobrecimiento y el hambre de su población. En todo caso, cabe discutir, si estamos frente a un problema apenas de distribución, o si estamos frente a un problema más serio de estructuración socio-económica y tecnológica del sistema productivo argentino que lo hace incapaz de brindar alimentación y trabajo a la población local.

Se decía que la producción de alimentos iba a dejar de ser un problema gracias a las revoluciones tecnológicas de la agricultura industrial y a la sustitución de la ineficiente producción campesina o familiar gracias al avance del agronegocio. Sin embargo, con la gran expansión del control productivo en manos del agronegocio (y destrucción de gran parte de las economías campesinas y de producción familiar), y la implementación en Argentina, de las recetas de la “revolución verde” desde la década de 1960 (introduciendo semillas hibridas, agroquímicos y mayor mecanización), y del paquete de la “revolución biotecnológica” desde la década de 1990 (introduciendo las semillas transgénicas, uso masivo de agroquímicos y nueva escala en la maquinaria agrícola), el problema alimentario sin desaparecer se instaló definitivamente en el país.

En este sentido, llaman la atención las discusiones mediáticas sobre la cuestión alimentaria. Las mismas parecen querer simplificar el problema, limitándose a hacer girar el análisis como si solo se tratara de una subida sostenida de precios, en un contexto más general de amenazantes procesos inflacionarios. Aquello que no entra en debate, y que alzan algunos intelectuales y luchadores sociales, es que la producción alimentaria esta siendo reorientada desde las necesidades del mercado global que no busca abastecer las poblaciones locales, sino que trata de cubrir las demandas de la agroindustria globalizada. En esta clave de lectura, podría analizarse más seriamente incluso la subida de precios, como así hacer visible, la sustitución de campos para ganadería orientada al mercado interno, y en su lugar la siembra de soja orientada a cubrir la demanda externa de forrajes y ahora biocombustibles (lo paradójico es que esa soja sirve para alimentar el ganado de otros países, que no tienen extensiones para alojar el propio ganado a campo, que sus demandas de carne requieren).

El problema de los biocombustibles:

El proyecto social moderno, en sus distintas versiones políticas e ideológicas, requiere en este momento reestructurar su abastecimiento energético. Los biocombustibles o agrocombustibles son presentados como parte de la solución a la crisis energética, e inclusive al colapso ecológico.

En todo caso, aquello que se discute y genera polémica para el status quo mundial, es la medida en que la demanda generada por los biocombustibles podrá ser abastecida por la oferta agrícola global. Se trataría entonces de un problema de stock de producciones como la caña, la soja y otras oleaginosas, que serían a partir de ahora requeridas como “alimento” o como “combustible”.

Ante tales problemas, la FAO por ejemplo recomienda tener en cuenta 3 elementos: zonificar áreas de cultivo específicas, invertir en investigación para desarrollar otras fuentes de biocombustibles, y por ultimo, crear una normativa particular para esta nueva “cadena agroindustrial”.

Brasil ya esta frente a estas dificultades a partir de la aprobación de una ley que hace obligatoria la incorporación de 2% de bio-diesel en la producción de diesel. Esto, que parece una “victoria” del empresariado vinculado a la producción de soja (que sigue pujando por ampliar este %), pretende ser mostrado por el gobierno como una estrategia de estímulo a la agricultura familiar: desde el PRONAF (Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar) se lanzó una línea de apoyo al desarrollo de producciones oleaginosas apropiadas al sector de la agricultura familiar (girasol, mamona –ricino-, coco de babaçu, etc). Para los defensores de la medida no habría riesgo de escasez puesto que, en casos como la soja, el biocombustible solo puede ser extraído del 18% oleaginoso de la semilla dejando el resto para la producción de harina u otros fines.

Lo que no esta presente en estas discusiones, y que sostienen ecologistas y organizaciones populares del campo, es el problema de la orientación que tendrá la agricultura. Por ejemplo, si ella de ahora en más tendrá como finalidad última la provisión de alimentos o a la provisión de combustibles, alimentar personas o alimentar maquinas. En este sentido, el riesgo mayor sería dejar en manos del agronegocio (del empresariado agropecuario) el control de la producción agraria, puesto que para este actor social, más allá de producir alimentos o combustibles, de lo que se trata es de generar mercancías. O sea, el comportamiento de este actor social responde exclusivamente a las leyes del mercado de oferta y demanda (recordemos que en Argentina algunas empresas ya avanzan en la producción de biodiesel: se están construyendo 13 plantas, de las cuales ya funcionan 8).

Las retenciones:

Se discute actualmente de modo extenso sobre las retenciones (o como gustan llamar los detractores: “el impuesto a las exportaciones”) a las exportaciones agropecuarias en Argentina. Estas volvieron con fuerza a la escena nacional a partir de la devaluación del peso (en los años de 1990 solo la soja mantuvo un % mínimo de retenciones), y han ido en permanente aumento, sobre todo las que se aplican a la exportación de soja (que para el grano paso del 10% al 27,5% y recientemente al 35%) y de carne (que en 2005 paso del 15% al 25% actualmente). A igual que en torno de los biocombustibles y los alimentos, las discusiones más publicitadas y que terminan encuadrando el problema, simplifican la cuestión. Pareciera, según los principales medios de comunicación, que el problema de las retenciones comienza y termina en el % que debe ser cobrado. Para las 4 entidades del agro hegemónico (SRA, CRA, Coninagro y FAA) este % debiera ser lo más cercano a cero y para el Estado su aumento es política corriente.

Los argumentos, que parecen sostener la actitud del gobierno, sugieren la pretensión de desalentar la exportación de productos propios de la dieta argentina (caso paradigmático de la carne vacuna), o contener el avance de cultivos exclusivamente orientados a la exportación (caso la soja), o bien, la captación por el Estado de parte de la renta agropecuaria generada en el país. En realidad, si las retenciones operaran en estos sentidos, podrían ser un mecanismo valioso (a pesar de las declaraciones del establishment rural que las tildan de “intervención distorsiva”), puesto que permitirían redistribuir la riqueza generada por el suelo y subsuelo nacional (con el cual la naturaleza premió), y a la vez regular el precio de los alimentos redireccionando al mercado local parte de la oferta exportable y aumentando el salario real.

Hoy, a pesar del incremento de las retenciones, la creciente demanda global de productos agropecuarios, a lo que se sumaría el aumento de la demanda de commodities para biocombustibles, producen una suba de los precios internacionales que sigue traccionando a exportar (la tonelada de soja ya supera los U$ 300). Por otra parte, las retenciones en Argentina, más que redistribuir la riqueza de todos, se ha tornado botín de las elites que pujan por su apropiación (es notorio el hecho de que grandes empresas del sector agropecuario cobren subsidios del Estado bajo rubros tales como apoyo a la innovación tecnológica desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - ver Ley Nº 23.877 del 2006).

Nuevos términos para los debates:

Aquello entonces que subyace al problema de los alimentos, de los biocombustibles y de las retenciones, refiere al qué se produce, cómo se produce y para qué o quiénes se produce.

Según las voces criticas, del actual modelo de desarrollo que sostienen los distintos países del mundo, lo que esta en juego pareciera ser el objetivo mismo de la producción agraria, y la forma y método que ésta va a asumir. En el momento actual por ende, el debate sobre retenciones, biocombustibles y alimentos, debería remitir a una discusión más profunda sobre el modelo de sociedad. Si bien estamos frente a problemas supuestamente puntuales y específicos, lo que esta implicado en todos ellos es el derecho de los pueblos a apropiarse de sus propias riquezas y por ende de la posibilidad de vivir con dignidad y definir su destino.

En esta dirección, algunos intentos de discusión se han abierto bajo las rotulas de la cuestión del Desarrollo Sustentable o el Desarrollo Rural. Sin embargo, la magnitud de los problemas, requieren nuevas ópticas y propuestas. En efecto, los movimientos sociales ecologistas, campesinos e indígenas, son vitales para reinventar alternativas y enfoques de trabajo. A partir de las demandas de estos actores sociales, cuyas voces han sido postergadas históricamente o han tenido poca visibilidad mediática, pueden elaborarse propuestas concretas. En tal caso, es posible imaginar que el uso de las retenciones a las exportaciones, en el marco de políticas activas e integrales demandadas por el campesinado y los pueblos originarios, podrían cumplir con el objetivo de consolidar al sector de la producción campesina o familiar que esta orientado a la generación de alimentos para autoconsumo y para las poblaciones locales, con la consiguiente regulación de los precios de los alimentos y redistribución de riqueza. Podría pensarse también que la demanda tradicional por la tierra, podría ser respondida en alguna medida por el Estado con la creación de marcos jurídicos (además de la Ley 23.302 para pueblos originarios) y de políticas de desarrollo apropiadas al uso campesino e indígena de la tierra y del territorio, siendo estos pasos la base para la creación de sistemas agroalimentarios definidos localmente que cumplan con los intereses de las poblaciones urbanas de municipios y de provincias o regiones. Es decir, cumplir con las demandas del campesinado argentino y los pueblos originarios podría ser un camino para la solución al problema alimentario del país y para la redistribución de la riqueza.

En definitiva, a partir de la interpelación, que las formas de producción campesina e indígena le realizan al modelo de desarrollo moderno -ambiental y socialmente colapsado-, se abre una oportunidad de iniciar un debate profundo sobre formas alternativas de sociedad. Es decir, la sociedad en general cuenta hoy con propuestas de soluciones posibles provenientes de insospechados sectores: los campesinos y los indígenas.

Las alternativas a ser pensadas, sin embargo, no serán ya la sociedad tradicional de la comunidad rural exclusivamente, ni la sociedad moderna del destructivo avance industrial. La vuelta al pasado armonioso de una comunidad imaginaria no es posible, pero las muestras presentes del futuro ofrecido por los esponsoreados biotecnólogos, los apologistas de la seguridad global, el agronegocio extractivo, los contaminadores a cielo y río abierto, las emancipaciones estado céntricas y las mercado céntricas, las megalópolis inhumanas, son aterradoras.

Diego Domínguez
6 de enero de 2008
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