¡Reforma Agraria o Sojización!

El reciente conflicto por las retenciones, que paralizó gran parte del país y avivó las preexistentes discusiones sobre la sojización, no permitió sin embargo aflorar un ya viejo pero velado y silenciado debate: qué modelo de campo y de sistema agroalimentario quiere el pueblo argentino.

O sea, este conflicto en torno de las retenciones y la sojización, que ha trascendido el ámbito rural, aun puede traer algo positivo, que es instalar entre todos nosotros el debate sobre la estructura de la propiedad de la tierra en Argentina, la forma de producir alimentos que debería asumir el país y el tipo de relación con la naturaleza que queremos como habitantes de este pedazo de planeta.

En estos días de marzo y abril de 2008, mucho se discutió sobre la sojización en los medios masivos de comunicación. Y prácticamente toda la sociedad tomo partido a favor o en contra. Se la ha indicado -desde los tradicionales medios voceros del agronegocio como el grupo Clarín- como uno de los factores responsables del crecimiento económico argentino, y promesa de futuras inserciones en el naciente mercado global de los agrocombustibles y los llamados biodiesel (la soja como ventaja comparativa). En cambio, desde otros medios, algunos periodistas que vienen tratando el tema del agro, han vinculado el crecimiento del monocultivo de soja con la pérdida de soberanía alimentaria del país. O bien, en la misma línea, se ha indicado las inequidades que atraviesan a las cadenas agroindustriales, como la de la soja, en la cual la distribución de los costes de las retenciones entre exportadores y productores es diferencial a favor de los primeros. Incluso, el problema de la sojización formo parte en estos meses de los debates dicotómicos entre campo vs ciudad, o pueblo vs oligarquía. Es significativo también que teóricos argentinos de renombre internacional como Ernesto Laclau se hayan pronunciado sobre el tema: “(…) si la Argentina fuera transformada en monocultivo de la soja las perspectivas económicas de largo plazo serían serias” (Pagina 12, domingo 6 de abril). En general, con mayor o menor justeza, se relaciona a la sojización:

- con la desaparición de más del 20% de las explotaciones agropecuarias del país, y el surgimiento de la violencia rural y la actuacion de “guardias blancas” o “paramilitares”,

- con el desplazamiento de distintas actividades agropecuarias vinculadas al mercado local y el consecuente aumento de la canasta básica nacional,

- con el aumento de la escala productiva y la concentración económica en el agro,

- con la invasión de las islas del río Paraná por el ganado desplazado por este cultivo,

- con el desmonte y la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos,

- con las inundaciones por falta de retención de agua de lluvia en los campos,

- con la retracción de la apicultura por incompatibilidad de producciones,

- con la desaparición de especies de anfibios y otros componentes de la flora y fauna nativa,

- con la contaminación de las poblaciones del campo por los cócteles de glifosato, 2.4D, etc. (problemas de respiración, hígado, cáncer o linfomas, malformaciones, etc.),

- con los problemas de tránsito por el aumento del caudal de camiones de carga del grano en las rutas.

Por cierto lo que sucede con la soja, sucede también de algún modo con las carnes[1], los lácteos, la frutihorticultura, la vitivinicultura, los aceites vegetales, etc. Por detrás de la sojización hay un problema mayor que abarca a todo el agro argentino. Es decir, la producción de soja es solo un ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando un país abandona un proyecto de soberanía alimentaria y “decide” priorizar un modelo conducido por grandes corporaciones transnacionales (Bunge, Cargill, Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, etc), basado en producciones exportables para abastecer las demandas de materias primas y/o alimentos del mercado global en un marco de descuido por el agotamiento de los recursos naturales.

Salvo para la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), para las empresas que venden semillas transgénicas y agrotóxicos (como el round up), para ciertos magaempresarios como Grobocopatel con sus cientos de miles de hectáreas en arriendo para hacer soja RR, y para algún columnista de Clarín Rural como Héctor Huergo que ya en el 2003 escribía en el suplemento agropecuario “¿Soja-dependencia? Sí, qué le vamos a hacer”… existe consenso en que la “sojización” de Argentina ha sido y sigue siendo perjudicial. Antes ya del boom sojero del 2002-2003 (post-devaluación) el Foro de la Tierra y la Alimentación, el Grupo de Reflexión Rural y otras organizaciones ambientalistas como Greenpeace, denunciaban en las ciudades las negativas consecuencias sociales y ecológicas del avance sojero o lo que se vislumbraba como el nacimiento de la “Republiqueta Sojera”[2]. Han sido también las organizaciones campesinas de las regiones afectadas por este monocultivo, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – MOCASE Vía Campesina, quienes primero denunciaron la contracara de violencia y contaminación que la expansión del negocio de la soja causa. Incluso la Federación Agraria Argentina - FAA, que en los ’90 no cuestionó la configuración del modelo de agro soja-dependiente comandado por el agronegocio, también ha marcado recientemente el efecto de concentración económica en el agro que la sojización produjo. Finalmente, citemos el más reciente informe gubernamental sobre impactos de soja[3]. Se trata del documento, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable[4], “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias” (marzo de 2008), en el cual se concluye que: “La expansión de la soja representa una reciente y poderosa amenaza sobre la biodiversidad de Argentina. (…) La soja transgénica es ambientalmente mucho más perjudicial que otros cultivos porque además de los efectos directos derivados de los métodos de producción, principalmente del copioso uso de herbicidas y la contaminación genética, requiere proyectos de infraestructura y transporte masivo (hidrovías, autopistas, ferrovías y puertos) que impactan sobre los ecosistemas y facilitan la apertura de enormes extensiones de territorios a prácticas económicas degradantes y actividades extractivistas. (…) La producción de sojas resistentes a los herbicidas conlleva también a problemas ambientales como la deforestación, la degradación de suelos, polución con severa concentración de tierras e ingresos, expulsión de la población rural a la frontera amazónica o áreas urbanas, fomentando la concentración de los pobres en las ciudades.”

No obstante, más allá de los postulados discursivos, sucede que la sojización se ha ido gestando con la ayuda y colaboración de muchos sectores del “campo”, inclusive del Estado. Tanto su concreción, por acción u omisión, como su desmantelamiento es -en parte- cuestión de política pública. Ya en 1996, Felipe Solá, cuando era secretario de agricultura, había “liberado” la soja transgénica para su cultivo. Más recientemente, durante el gobierno de Nestor Kischner en 2007, el actual Secretaria de Agricultura, Javier De Urquiza, en su primer discurso a los miembros de su gabinete y demás funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación - SAGPyA, señalaba que el pilar económico de la soja continuaría y que el pueblo argentino debería ir buscando sustitutos a la carne vacuna como alimento base (pollo, cerdo, pescado). Como denuncian las organizaciones campesinas e indígenas, el Estado se presenta en todo este tiempo como el principal cómplice de la sojización argentina.

Este gobierno, voluntad del pueblo en el Estado, aunque se manifieste contra la sojización, deberá demostrar en los hechos si realmente pretende cambiar el rumbo del agro argentino, o nomás está interesado en una porción mayor de la torta de la fabulosa renta agropecuaria que crece al calor de las cosechas record y la suba de los precios internacionales de la soja. Cierto es que, quiera o no, este gobierno ya es soja-dependiente, puesto que las divisas que ingresan a las arcas públicas por la exportación del grano y sus derivados (harina, aceite, etc) no pueden ser fácilmente sustituibles al haber alcanzado solo en la campaña 2006/2007 un total de U$ 3.000 millones por retenciones. En esta trama, centrar desde el gobierno la política anti-sojización en el aumento de las retenciones, se presenta como insuficiente, salvo que se produjera a la par una caída estrepitosa de los precios internacionales (que hoy ronda los U$ 300 por tonelada). Este escenario no es muy realista, teniendo en cuenta que el capitalismo global esta demandando cada vez más volúmenes de soja, sea para alimentar los ganados de Europa o China, o para la nueva aventura de los agrocombustibles y del biodiesel.

Solo un cambio o reestructuración del sistema agroalimentario nacional, vía reconocimiento del campesinado y sus derechos (y potencialidades), la contención de los agricultores familiares en programas de gobierno -bien muñidos de presupuesto- orientados a la soberanía alimentaria, la recreación de cooperativas agroindustriales, la refundación del INTA sobre bases agroecológicas y del desarrollo sustentable, la creación de programas de repoblamiento rural y entrega de tierras para las familias que quieran producir en el surco, es decir, solo una reforma agraria profunda…. permitirá evitar consumar el destino de convertirnos en una republiqueta sojera, en la cual las riquezas naturales y la producción alimentaria del país estarán por completo en función de las demandas del mercado global. Los recursos para este tipo de políticas bien puede surgir de las redistribución de las retenciones a la soja.

El problema es que la reforma agraria ha sido tema tabú para las elites argentinas, que la asociaron con el comunismo. Este desprecio por políticas agrarias de naturaleza distribucionista, tan comunes en el resto de Latinoamérica[5], es coherente con la negación de la existencia en el país de campesinos e indígenas. Hoy, cuando “renacen” aquí y allá comunidades campesinas e indígenas organizadas, se reactualiza también la necesidad de rediscutir una reforma agraria que posibilite salir de la sojización. Se requiere iniciar un proceso de redistribución de tierras y apoyo económico al campesinado y a la creación de cadenas agroindustriales alternativas, para poder reestructurar el sistema agroalimentario argentino; de modo que las producciones campesinas y familiares que abastecen actualmente con el 20%[6] la producción nacional de alimentos poseyendo apenas el 5,8% de las tierras explotadas[7], tengan la oportunidad para alcanzar una fuerza y organización suficientes para aumentar su participación en la cobertura de las necesidades alimentarias de la población argentina. Los campesinos e indígenas probablemente sean en este momento los más idóneos para postular alternativas generales a la sojización que ha beneficiado a unos pocos[8]. Más aun, el campesinado argentino ya tiene propuestas concretas. La última fue difundida el 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, por el Movimiento Nacional Campesino e indígena – MNCI, que entrego a las autoridades un proyecto de ley de 41 artículos con una propuesta específica del campo no sojero.

Para desandar el camino de la sojización hará falta recorrer entonces el sendero del desarrollo campesino en Argentina[9]. El campesinado históricamente ha producido alimentos baratos para las poblaciones urbanas, y no solamente mercancías para el mercado global. Sus prácticas productivas están más cerca del desarrollo sustentable que la tecnología de la gran escala que las empresas de la ingeniería genética promueven como modo de controlar el mercado y la producción agropecuaria. Los campesinos, e incluso los agricultores familiares integrados subordinadamente a las cadenas agroindustriales, están más cerca de los intereses del pueblo argentino como consumidor de alimentos, que las corporaciones que hoy controlan el campo argentino y que le están dando en el siglo XXI un refritado perfil agroexportador con una parte importante de la población con graves problemas de acceso a los alimentos.

En la medida en que la ecuación del campo siga en manos de las corporaciones del agronegocio global, con un Estado espectador, solo interesado en una tajada siempre mayor de la renta agropecuaria vía aumento de retenciones (sea del 10%, del 27,5%, del 35%, del 44%, o más, e incluso móviles), la sojización avanzará. Pero a la par seguirá el aumento del precio de los alimentos en las ciudades, los medianos productores seguirán protestando bajo la guía de las decadentes dirigencias “del campo” (CRA, FAA, SRA, Coninagro), y el campesinado argentino continuará resistiendo en las tierras marginales del país o estará siendo despojado a manos de empresarios, abogados y jueces de paz oscuros.

La pregunta entonces para el gobierno y los legisladores, pero sobre todo para el pueblo argentino es ¿Reforma Agraria Integral o Sojización?

Diego Domínguez
17 de abril de 2008

Notas

[1] El llamado conflicto del “campo” también tuvo como eje de los reclamos la suspensión, por parte del gobierno, de las exportaciones de carne como medida para que bajaran los precios de este producto en el mercado local.

[2] Ver documento del Foro de la Tierra y la Alimentación de octubre de 2002: “De granero del mundo a republiqueta sojera”.

[3] Ha habido otros informes gubernamentales que advierten sobre la “sojización”. El INTI ya había elaborado un dossier en el año 2005 con elementos críticos al avance del cultivo de soja transgénica. El INTA Castelar por su parte (Roberto Casas, Director del Instituto de Suelos del INTA) había elaborado un documento que advertía sobre la extracción de nutrientes que provoca la soja. Entre otros.

[4]Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad.

[5] Por citar algunos ejemplos, el Brasil sostiene una ley de reforma agraria desde 1964, Paraguay y Venezuela, con variaciones, poseen leyes de reforma agraria desde 1960.

[6] Según un estudio del IICA financiado por la SAGPyA.

[7] Los productores familiares y campesinos de hasta 200 hectáreas, poseen el 5,77% de la tierra (10.098.977 hectáreas), a pesar de representar el 69,5% de los establecimientos agropecuarios del país (206.736).

[8] De hecho, organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino e indígena – MNCI, ya han presentado proyectos de ley de reforma agraria que contempla cuestiones como la soberanía alimentaria.

[9] Es cierto que por estos días se creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (de la SAGPyA). No obstante es necesario ya mismo atender a las críticas y llamados de atención que, sobre esta medida, expresan las genuinas organizaciones de base campesina.