Otra vez vuelven a la carga para aceptar los fondos de las mineras en la UNLu

Hoy nos fuerzan a repetir esa lucha, ya que militantes de la ciencia indigna intentan “recuperar” esos fondos y utilizarlos para sus proyectos. El próximo Jueves 20 de diciembre, en una sesión extraordinaria, el Consejo tratará un proyecto de resolución plagado de contradicciones que atrasa el debate otra vez al 2009. Todo esto a espaldas de la comunidad universitaria y el pueblo en general, cuando ya no hay cursadas y la universidad está desierta. 

La plata de la mega-minería

YMAD es una sociedad creada en 1958 mediante la ley 14.771, y está conformada entre el gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional. Junto con Minera Alumbrera Limited (MAL) explotan la mina Bajo la Alumbrera. Las tres empresas multinacionales que conforman la MAL han sido denunciadas por haber violado derechos humanos, derechos laborales y degradado el ambiente en distintos países. Esta ley citada es la que obliga a distribuir entre las universidades nacionales un porcentaje de las “utilidades líquidas y realizadas”.

Este proyecto de minería a gran escala comenzó la explotación en 1997 y desde el 2008 empezaron a girar los fondos a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a todos/as los/as rectores/as de las universidades nacionales del país. Los 11 años que distancian la instalación de la minera contaminante y la asignación de los fondos del CIN, no son casuales. La lucha que se expandía a lo largo de nuestro país y el continente contra la instalación de esta industria extractiva y sus consecuencias, empujó a estas empresas a buscar la licencia social a través de mecanismos como la compra de la complicidad de la ciencia y la investigación.

Tras la lucha del movimiento estudiantil y la comunidad, a partir de 2009 varias universidades y muchas facultades rechazaron este dinero manchado de contaminación, explotación y muerte.

El impacto ambiental de YMAD-Minera Alumbrera Limited es evidente tras tantos años de explotación:

• Afecta la cuenca de Campo del Arenal por extracción desmedida de agua subterránea en Catamarca; la cuenca de los ríos Vis Vis-Amanao, también en Catamarca, por actividades de explotación minera; el Embalse de Río Hondo y la cuenca del Río Dulce en Santiago del Estero;
• El complejo de ecosistemas terrestres y acuáticos que se prolonga a lo largo de la superficie atravesada por el mineraloducto de 316 kilómetros, entre Catamarca y Tucumán; los ambientes terrestres que atraviesa el “tren azúl” y el segmento del Río Paraná, en San Lorenzo, donde se almacenan y cargan los buques de transporte, han sido afectados en diversos tramos por continuos derrames y roturas de la red;
• Las principales consecuencias ambientales: alteración geomorfológica profunda (cambios en la topografía); destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación y afectación de ambientes naturales en áreas próximas; consumo excesivo de agua que reduce las reservas hídricas de la zona; alteración de la flora y fauna de la zona, contaminación del suelo y biota con residuos peligrosos generados dentro y fuera del área de explotación;
• Se han registrado transformaciones en las formas de enfermar de la población: aparición de diferentes tipos de cánceres en poblaciones jóvenes, malformaciones y abortos espontáneos, alergias y enfermedades respiratorias;
• Debido a la utilización de tendidos de alta tensión para el proceso de extracción se generan campos electromagnéticos que tienen efectos negativos al interactuar con el campo magnético biológico pudiendo generar  leucemia, y alteraciones en el sistema cardiaco;
• Contamina los cursos de agua superficiales y subterráneos debido a pérdidas en el mineraloducto y el dique de colas;
• Produce movimiento de suelos con pérdida de características particulares que hacen al paisaje impidiendo otros usos, productivos o recreativos;
• Contamina de aire por material particulado y vibraciones generadas por el ruido de las voladuras que realizan al aire libre.

Alumbrera y los demás megaemprendimientos mineros gozan en nuestro país a través de diferentes leyes de deducciones, devoluciones, estabilidad fiscal y cambiaria, irrisorias regalías, exenciones en impuestos y gravámenes presentes y futuros, nacionales, provinciales y municipales además de reembolsos, mientras las economías regionales se degradan progresivamente.

Por otro lado, el conjunto de la población es apenas “salpicada” con obras o contribuciones que ayudan a integrar a la empresa a la comunidad mostrándola comprometida con las preocupaciones y necesidades locales. Los pobladores de los sitios más afectados por la megaminería alertan sobre el marcado aumento de la prostitución, un fenómeno comparable al que se registra en las áreas sojeras de Argentina. La represión de las luchas por parte de las fuerzas estatales y paraestatales, la criminalización y judicialización de la protesta, y la compra de voluntades del Estado cómplice han sido estrategias constantes de intervención de las mineras en todos los territorios en que se ha instalado.  

Los casos de Jachal (San Juan), con la mina Veladero y Minas Gerais (Brasil), además, nos muestran que la amenaza latente de una megaminera es destruir el ambiente del cual somos parte. En cada lugar donde exista megaminería, estamos con los minutos contados para vivir estos desastres, ya que no hay tecnología que pueda evitar este tipo de incidentes. Lo que ocurrió en Jachal no tienen vuelta atrás, y lo pagarán nuestros descendientes y la naturaleza durante muchos años. Tantos, que ninguno de nosotros volverá a ver al Río Jáchal descontaminado, en lo que queda de nuestras vidas.

Ante este genocidio que busca silenciarse, a lo largo de la Cordillera y de América Latina, se han gestado innumerables respuestas de los pueblos afectados, ya que estos megaemprendimientos ponen en juego el futuro de los mismos. 

¿Tiene algo que ver con la Ley de Educación Superior?

La aprobación de la Ley de Educación Superior, Nº 24.521, de 1995, posibilitó el ingreso de recursos por fuera del presupuesto estatal, dando pie a todo tipo de intromisión de las empresas privadas al financiamiento de las universidades nacionales y, con ello, a los planes de estudio y al rumbo de sus investigaciones. Desde ese año, gobierno tras gobierno, desfinanciaron abriendo la puerta al ingreso de fondos de dudosa procedencia, y a la par fueron surgiendo carroñeros/as que aceptan el dinero manchado con sangre, venga de donde venga. 

¿Y por la UNLu cómo andamos?

Nuestra universidad aceptó los fondos entregados en 2008. Hablamos de más de $1.100.000. Pero al año siguiente los rechazó, producto de la lucha del movimiento estudiantil que sacó a la luz las consecuencias de la megaminería e instaló el tema en la comunidad universitaria y la población en general, generando documentos públicos de rechazo, volanteadas y corte de ruta, entre otras acciones. En aquel momento, el sindicato docente ADUNLu y distintos sectores de la universidad se mancomunaron en la lucha, logrando que el Consejo Superior diera marcha atrás en su postura.

El hecho de recibir fondos de actividades destructivas y contaminantes, no fue una situación nueva para la UNLu. Durante el proceso de aprobación del paso de la autopista Luján/Mercedes en 2002 se aceptaron 16 millones de pesos de la constructora que destruyó un humedal y varias hectáreas de monte donde se hacía trabajo académico. Ése era el argumento más fuerte de ese entonces, la necesidad de la plata… todo esto en el marco de la corrupción ejercida por el Estado y la “Patria Contratista”, por lo cual Claudio Uberti está preso actualmente.

No estamos ante hechos aislados, sino frente a una política universitaria que tiende hacia la privatización y el financiamiento privado de las Universidades Públicas. Cambiarán un poco los oficialismos a lo largo del tiempo, pero la línea se mantiene. 

El costo de la ética

También decíamos en 2009: “Es cierto que falta dinero para financiar becas, la construcción de aulas, proyectos de investigación y extensión. Estamos de acuerdo. Pero ¿Cuál es el costo que la gestión de la UNLu está dispuesta a pagar para solucionar estos problemas? ¿Otorgar licencia social y académica a las megamineras, que ya han perdido todo tipo de credibilidad en toda Argentina y el resto del mundo a pesar de la tan mentada Responsabilidad Social Empresaria?” ¿Recibirías fondos que violaron normas y pusieron en riesgo la salud y la vida de personas y su entorno?.Esa aceptación viene ceñida de la ausencia de información, reflexión conjunta, autocrítica y criterios éticos que como Claustro y demás integrantes de la comunidad académica no podemos pasar por alto evadiendo nuestra responsabilidad para con la sociedad en su conjunto.

El dinero para infraestructura, investigación, docencia y extensión lo conseguiremos luchando y no vendiéndonos al mejor postor. No podemos retroceder en los principios que la propia Universidad de Luján se plantea en sus estatutos de que “está al servicio del desarrollo humano, de la defensa del medio ambiente y de la paz”, y que “debe dar efectividad a estos principios (…igualdad, libertad, justicia y pluralismo) promoviendo el pensamiento y la investigación, libres y críticos, para ser un instrumento eficaz de transformación y progreso social”.

Decían que no se podían rechazar los fondos de la YMAD, Y SE RECHAZARON. La propia universidad reconoció en 2009 que “…la actividad minera a cielo abierto provoca contaminación del aire, del agua y de los suelos y que dicha contaminación tiene graves consecuencias para la salud del ambiente, de las personas y de los animales que habitan los lugares cercanos al yacimiento” y que “además de una pérdida económica para el país, estas explotaciones también alteran profundamente la vida de los pueblos cercanos a estas…”

Ahora exigimos nuevamente coherencia entre los objetivos de esta casa de estudios y sus acciones. Si se reconocen los efectos negativos de la megaminería a cielo abierto en los pueblos y el ambiente y si sigue repudiando a la actividad, entonces los fondos procedentes de la misma deben ser rechazados.

Casi 10 años después, con la megaminería a cielo abierto prohibida en varias provincias del país y muchos lugares del mundo, la negativa de la ciudadanía a la instalación de estos proyectos (recordemos el rotundo NO de Esquel en el plebiscito de 2003 y con el rechazo de muchas universidades a esos fondos, no hay argumento que justifique la revisión del rechazo de la Universidad de Luján. No podemos aceptar plata de las empresas que destruyen a los pueblos, para investigar en nombre de los mismos. El contexto actual de desfinanciamiento universitario que pone en jaque nuestra educación no puede ser emparchado con el uso del dinero de empresas que nos contaminan y matan. Exijamos al Estado Nacional que devuelva el presupuesto que año a año nos viene retirando.

¡Basta de megaminería!

¡No a la entrega de las universidades públicas!

¡No queremos que los fondos de muerte financien la Universidad pública!

¡Ni un paso atrás!

¡Aumento inmediato de presupuesto acorde a las reales necesidades de la UNLu!

Por una universidad realmente autónoma, pública, gratuita, laica, crítica y que investigue para/con la clase trabajadora, y NO al servicio de las transnacionales ni del Estado