Organizaciones denuncian consecuencias de actividad de fundaciones supuestamente filantrópicas

Sin olvidar su fuerte conexión con la mortífera industria del amianto.

Con motivo de la creciente tendencia a la privatización de la ayuda exterior y las alianzas del sector empresarial con los gobiernos (public-private partnership), las organizaciones firmantes de este manifiesto quieren desenmascarar públicamente a algunas de las fundaciones que con excusa de la “cooperación internacional” y otras estrategias como la Responsabilidad Social Corporativa, en realidad actúan para legitimar formas de producción tremendamente negativas en lo social y ambiental, como puedan ser algunos programas agrarios que perjudican enormemente a la agricultura campesina y aumentan la inseguridad alimentaria, proyectos de privatización del agua, explotaciones madereras a gran escala, uso intensivo de substancias tóxicas –como plaguicidas, amianto, mercurio– y un largo etcétera.

Una de las más destacadas es la fundación AVINA, que fue fundada por el magnate del amianto, Stephan Schmidheiny, cuya fortuna se amasó con el negocio del mineral letal a costa de la salud y de la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. De hecho, el 13 de febrero de 2012 fue condenado en Turín –junto al belga Louis de Cartier, otro de los magnates del asbesto– a 16 años de prisión y a resarcimientos por más de 100 millones de euros. Los delitos por los que se les ha condenado son los de “desastre ambiental doloso permanente y omisión dolosa de medidas de protección en el trabajo”. De hecho, la fabricación del amianto en el mundo es la mayor tragedia industrial de la historia, por lo que las organizaciones firmantes quieren dejar claro su inequívoco apoyo a las víctimas de este material y a sus familiares, así como a la prohibición mundial de su uso.

Además, Schmidheiny ha sido directivo de Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos, y de ABS Brown, entre otras multinacionales. El actual presidente de AVINA, Brizio Biondi-Morra, fue gerente de la multinacional química DuPont, una de las corporaciones globales que promueven los cultivos transgénicos.

Por otro lado, en lugares como el norte de Brasil, las cubiertas de los edificios de las reservas indígenas están siendo reemplazados por tejas de amianto, en un proceso promovido y estimulado por las instituciones gubernamentales, que a su vez son presionadas por estos grupos industriales. Así, se pierden los conocimientos ancestrales de la utilización de paja vinculados al uso sostenible del bosque, al tiempo que se introduce este peligroso tóxico en los poblados.

En el caso de Ashoka, la fundación está presidida en España por un ex-directivo del banco JP Morgan, uno de los bancos internacionales con más responsabilidad sobre la actual crisis financiera y sobre la especulación en los mercados agroalimentarios. Otros fundadores han estado vinculados a la consultora McKinsey&Co. o a General Electric.

Parte de las actividades de estas fundaciones tienen que ver con el desarrollo de la “revolución verde” en el mundo, basada en uso abusivo de abonos y pesticidas químicos, en la expansión de monocultivos destructivos, los latifundios y la producción para la exportación. Por ejemplo, AVINA cuenta entre sus socios destacados al argentino Gustavo Brobocopatel, uno de los mayores productores de soja transgénica que provoca trágicas consecuencias socioambientales.

Ashoka, por su parte, apoya el programa AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África, por sus siglas en inglés). El programa AGRA está encabezado por un grupo de grandes corporaciones y fundaciones como Gates o Rockefeller. Detrás de los millonarios proyectos de financiación lo que se esconde es la promoción de una nueva “revolución verde”, que genera endeudamiento y dependencia de agroquímicos tóxicos, semillas sujetas a derechos de propiedad intelectual y cultivos modificados genéticamente. Esto desplazará a comunidades campesinas y destruirá el conocimiento y las semillas locales, generando mayor hambre y pobreza. Consiste, en definitiva, en la propagación de una serie de proyectos que favorecerán la instalación de las multinacionales del agronegocio en el continente, entre ellas Monsanto. La fundación Gates ha dado 456 millones de dólares a AGRA, y en 2006 contrató a Robert Horsch, ejecutivo de Monsanto durante 25 años, para trabajar en el proyecto. Por ejemplo, en Kenia alrededor de 70% de los proyectos financiados por AGRA trabajan directamente con Monsanto y casi el 80% del financiamiento de Gates en el país tiene que ver con ingeniería genética.

En la creciente tendencia a la privatización de la ayuda exterior y a la fusión del sector empresarial con los gobiernos, AGRA se transforma en una herramienta útil para los intereses de las empresas privadas y los gobiernos occidentales, ávidos de privatizar la tierra y el agua para cultivos de exportación, agrocombustibles y creación de sumideros de carbono.

Una parte importante de la estrategia de fundaciones como AVINA y Ashoka se basa en convertir las negativas consecuencias ambientales de las políticas neoliberales en nuevas “commodities”, esto es, en mercancías y oportunidades de nuevos negocios, sin atajar las verdaderas razones que ocasionan estos problemas. Son una hebra de un tejido más extendido y complejo, con raíces directas en la guerra fría, pero también anteriores, especialmente en las luchas anticoloniales.

Por todos estos motivos, las organizaciones que firman este manifiesto defienden la Soberanía Alimentaria y un cambio fundamental de las políticas agrarias a largo plazo para recuperar las economías alimentarias locales y, en la medida de sus posibilidades, declaran que seguirán luchando en defensa de las semillas campesinas, contra los transgénicos, contra la privatización de los bienes públicos, contra el uso del amianto y en apoyo a sus víctimas, contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA. También contra las fundaciones que alientan de forma más o menos enmascarada estas iniciativas, como AVINA y Ashoka.

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