No es posible una megaminería sustentable
Los últimos días de diciembre el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos de explotación minera y, de este modo, protege el agua.
Esto implicó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad en torno a la actividad minera y sus implicancias socio-ambientales. El eje del conflicto gira entorno a un tipo de explotación minera en particular: la Megamineria. A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales debidos, entre otros motivos, al uso de químicos tóxicos como el cianuro.
Lo que detonó este nuevo hito es un renovado intento por ampliar la frontera de la megaminería, procurando forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Es ése el propósito de quienes intentan modificar la Ley n° 7722 en Mendoza, la Ley n° 5001 en Chubut y la Ley Nacional de Glaciares. Y es para frenar la avanzada de la megaminería que el pueblo salió a la calle.
A pesar de que se logró frenar la modificación de la ley mendocina, los intentos por modificar la legislación para habilitar la megaminería continúan. En este contexto, circulan en los medios una serie de argumentos discutibles, que favorecen la implementación de nuevos proyectos de megaminería en el País. A continuación presentamos algunos de estos argumentos y respondemos críticamente a cada uno.
Quienes adherimos a este comunicado queremos expresar una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios. Y nos vemos compelidas/os a hacer de público conocimiento algunas cuestiones técnicas insoslayables, desde una mirada interdisciplinaria y en diálogo con el conocimiento de las comunidades expuestas. Queremos ser claros: en el estado actual de situación, no es posible una “megaminería sustentable”. Las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que LA MEGAMINERÍA ATENTA GRAVEMENTE CONTRA LA SALUD Y EL AMBIENTE DE LAS SOCIEDADES DONDE SE INSTALA.
Todo conocimiento tiene implicancias políticas y sociales. Abogamos por un conocimiento no mercantilizado, funcional a las necesidades colectivas y no al lucro minero. Pensamos que nuestra tarea no debe ser la de arrogarnos el lugar de “la verdad” y decidir por la sociedad en nombre de ésta. Más bien debemos fortalecer los procesos de deliberación pública, asumiendo que nuestras producciones científicas son un insumo clave para estos.
CONVOCAMOS A CIENTÍFICOS/AS, INVESTIGADORES/AS, MÉDICOS/AS, DOCENTES, TRABAJADORES/AS DE LA SALUD Y A SUS ORGANIZACIONES, A FIRMAR Y A PRONUNCIARSE EN CONTRA DEL AVANCE DE LA MEGAMINERÍA EN EL PAÍS.
Por último, es necesario aclarar que la megaminería no es la única actividad que presenta graves consecuencias socio-ambientales. Como éstas, el “fracking” y la agricultura basada en transgénicos y agroquímicos conllevan gravosas consecuencias. Queremos destacar la importancia de involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas al desarrollo de la megaminería y cualquier otra actividad contaminante (ver más).