Denuncian intentos de desalojo de más de 70 mil indígenas en Tanzania

De acuerdo con la organización Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés), la pretensión del gobierno de Tanzania es contraria a la Ley de Tierras Comunales de 1999 y a las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Añadió que las ocho aldeas potencialmente afectadas tienen seguridad jurídica de la tenencia de sus tierras, que han gestionado y conservado colectivamente en calidad de tierras consuetudinarias durante décadas.

La organización inició una acción urgente para exigir al gobierno de Tanzania que desista «inmediatamente» de desalojar a los pastores masai y que reconozca y proteja plenamente su derecho «a sus tierras y recursos consuetudinarios, a sus medios de vida y a sus modos de vida propios».

De igual forma, pidió a la empresa Otterlo Business Corporation cancelar sus planes de arrendamiento de las tierras de la población masai, así como adoptar una política empresarial de protección del medioambiente y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

A continuación la petición completa:

Excma. Sra. Samia Suluhu Hasan
Presidenta
República Unida de Tanzania

Excmo. Sr. Kasim Majaliwa
Primer Ministro
República Unida de Tanzania
Otterlo Business Corporation (OBC)

Las organizaciones/redes e individuos abajo firmantes, expresamos colectivamente nuestra profunda preocupación por el desalojo previsto de unos 70.000 pastores indígenas masai y sus más de 200.000 cabezas de ganado en Loliondo, Tanzania. Según la información que hemos recibido de las comunidades afectadas, el pasado 11 de enero se celebró una reunión con líderes y lideresas masai convocada por el Comisionado Regional de Arusha, John Mongella, en la que les informó del plan del Gobierno para desalojar en cualquier momento de este año a las y los habitantes de la zona de 1500 km2 de tierras consuetudinarias de las y los pastores indígenas masai situada en la división de Loliondo del distrito de Ngorongoro, en la región de Arusha, al este del Parque Nacional del Serengeti. El principal motivo de este persistente plan de desalojo de la población masai de la zona es arrendar sus tierras a la empresa Otterlo Business Corporation para convertirlas en área de caza de animales salvajes para las familias reales de Dubai, propietarias de esta empresa.

Esta acción pendiente del Gobierno de Tanzania es contraria a la Ley de Tierras Comunales de 1999, así como a las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Gobierno de Tanzania. Los ocho aldeanos tienen, de hecho, seguridad jurídica de la tenencia de sus tierras, que han gestionado y conservado colectivamente en calidad de tierras consuetudinarias durante décadas, como demuestra su rica biodiversidad.

El injusto y cruel plan de desalojar a 70.000 pastores masai y dejarlos sin hogar, además de desplazar a sus más de 200.000 cabezas de ganado, va en contra del respeto de sus derechos, su dignidad, su identidad cultural y medios de vida. Sin duda, dará lugar a conflictos, violencia, pobreza y marginación, con el único fin de satisfacer los caprichos de las familias ricas y poderosas, que no tienen ninguna consideración con quienes custodian la vida silvestre y la rica biodiversidad.

Expresamos nuestra firme solidaridad con la población masai afectada e instamos al Gobierno de Tanzania y a la empresa Otterlo Business Corporation a que respeten y protejan los derechos, el bienestar y la dignidad de las y los pastores masai, que son los guardianes de esta área de 1500 km rica en biodiversidad.

En particular, pedimos al Gobierno de Tanzania:

• Desistir inmediatamente de desalojar a las y los pastores indígenas masai y, en su lugar, reconocer y proteger plenamente su derecho a sus tierras y recursos consuetudinarios, a sus medios de vida y a sus modos de vida propios.
• Garantizar que la seguridad de la tenencia de la tierra de las ocho aldeas de Loliondo esté protegida según su condición de aldeas legalmente registradas, y garantizar que no habrá más intentos de acaparamiento de tierras y desalojos forzosos.
• Garantizar el respeto y la protección del derecho a la libertad de expresión y de reunión; y asegurar que no habrá represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las y los periodistas que se pronuncien sobre la cuestión del desalojo de Loliondo.

Instamos a la empresa Otterlo Business Corporation a:

• Abandonar los planes de arrendamiento de las tierras de la población masai de la zona y garantizar el respeto de los derechos de las y los pastores indígenas masai a sus tierras y recursos y al consentimiento libre, previo e informado.
• Adoptar una política empresarial de protección del medioambiente y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, tal y como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para más información, descargue la Alerta Urgente

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Fuente: Desinformémonos