Carta de apoyo y solidaridad con el profesor Lusbi Portillo

El Profesor Lusbi Portillo es un académico comprometido con los Pueblos Indígenas y la
Defensa del Ambiente en el Estado Zulia

A este respecto, los abajo firmantes, profesores universitarios, estudiantes, profesionales y activistas de la lucha social, conocedores de la labor académica y de compromiso social desarrollada por Lusbi Portillo, dejamos en claro lo siguiente:

El profesor Lusbi Portillo ha sido, desde los años 80 del siglo pasado, un académico estudioso de los pueblos indígenas del Estado Zulia, particularmente de los que habitan en la Sierra de Perijá (zona fronteriza con Colombia): los Yukpa, los Barí y los Japreria; habiendo publicado numerosos artículos, libros y dictado conferencias nacionales e internacionales sobre el tema. También ha actuado en la cuenca baja del río Socuy (Municipio Mara), con los indígenas wayuu de las comunidades Wayuuma`na y Kasuusain, para la gestión y defensa del patrimonio biocultural.

De igual manera, su actividad académica la ha vinculado con la defensa del ambiente en esa región fronteriza, cuestionando los planes de expansión de la explotación carbonífera que desde hace décadas se desarrolla en esa región.

La actividad académica y de lucha social del profesor Lusbi Portillo siempre ha estado enmarcada dentro del marco legal y constitucional vigente, resaltando en los últimos años su defensa de la lucha por la tierra realizada por los pueblos Yukpa de Perijá, lucha que lamentablemente condujo al asesinato (por parte de sicarios pagados por terratenientes) del cacique Sabino Romero y de numerosos integrantes de la comunidad yukpa de Chaktapa.

La lucha en contra de la explotación carbonífera en el Zulia ha involucrado por décadas a numerosos profesores y estudiantes universitarios. Esta preocupación se fundamenta en los principios de la propia Constitución Nacional (CRBV) que consagra la obligación del Estado, junto a la activa participación de la sociedad, en garantizar un ambiente libre de contaminación (art. 127) En los argumentos que históricamente se han enarbolado contra esa actividad minera resaltan:

• La tonelada de carbón se cotiza en el mercado internacional por un poco más de 100 dólares. Es una actividad minera que no produce ganancias reales para el país que la desarrolla, y que en cambio destruye el ambiente con daños considerables en las zonas de explotación.
• La forma de explotación a cielo abierto ha destruido de manera casi irrecuperable las cuencas hidrográficas de los ríos Guasare, Limón y Cachirí, que surten de agua a los embalses que atienden el servicio de agua potable a la ciudad de Maracaibo (millón y medio de habitantes) y buena parte de la Costa Occidental del Lago de Maracaibo. Amenazando también las cuencas de los ríos Aricuaizá, Negro y Catatumbo, en la medida en que se ejecuten los planes de expansión minera.
• El uso de carbón como fuente de energía para la producción eléctrica ha tendido a disminuir a nivel mundial, por el desarrollo de energías alternativas como las centrales eléctricas de ciclo combinado y las granjas de energía eólica.
• La explotación del carbón genera una alta contaminación atmosférica en las zonas cercanas y por donde se traslada el material, además de producir enfermedades respiratorias mortales a sus trabajadores. En los Municipios Mara y Guajira la población puede dar testimonio de cómo sus familiares han fallecido por enfermedades respiratorias luego de trabajar años en las empresas de carbón.
• La continuidad de la explotación de carbón en el Zulia, y los planes de expansión de dicha explotación que han intentado impulsar los últimos gobernadores del Estado, amenaza directamente al suministro de agua en Maracaibo, ciudad que vive actualmente una profunda crisis por esa causa, en donde existen numerosas comunidades y parroquias en las cuales el suministro de agua se suspende por semanas, meses y hasta por años.
• Detrás de la explotación de carbón en el Zulia subyacen intereses económicos de grandes empresas extranjeras (tanto occidentales como rusas), que influyen en la política interna de la nación, por medio de los tradicionales e históricos manejos ocultos implementados desde el siglo XIX para lograr de los gobiernos latinoamericanos medidas favorables a esos mecanismos de explotación económica extractivista bajo modelos de enclave (que aquí en el Zulia se conocieron durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, hace 100 años).
• Ningún gobierno que asuma una responsabilidad mínima por la integridad del ambiente y respecto de las emisiones de dióxido de carbono puede practicar o fomentar el extractivismo carbonifero sin entrar en contradicción flagrante con los requisitos fundamentales de un desarrollo sustentable y sotenible y sin exponerse a la pérdida total de credibilidad a nivel mundial.

• La defensa de los pueblos indígenas del Estado Zulia, los Wayuu, Yukpa, Barí, Añu y Japreria, ha estado presente en la vida universitaria de la región. Las investigaciones que han valorado las culturas indígenas, sus idiomas ancestrales, sus costumbres y tradiciones, han sido una constante en las últimas décadas en la vida académica universitaria. Desde las universidades se ha asumido el principio defendido por los pueblos indígenas del continente americano, de que las culturas indígenas sólo pueden preservarse en la medida en que se preservan al mismo tiempo los territorios en los cuales habitan.
• Es por ello que desde los espacios universitarios se han acompañado las luchas indígenas, como las del asesinado cacique Sabino Romero, que procuran preservar y reconquistar los territorios que la vorágine anárquica del desarrollo urbanístico, minero y agropecuario, ha arrebatado a los pueblos indígenas del Zulia. Desde las aulas de clase de nuestras universidades públicas hemos defendido que indígenas sin territorio es condenarlos a su desaparición como cultura. Quitarles a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales equivale a etnocidio e incluso genocidio indirecto. El artículo 119 de la CRBV garantiza el hábitat de los pueblos indígenas, y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan.
• Para la defensa de las culturas indígenas estamos de acuerdo con una visión multicultural y plurilingüe, como lo consagra la Constitución vigente, ademàs  de profundamente intercultural en lo educativo y lo societario.  Los planes de desarrollo económico y social en los territorios indígenas no pueden "lesionar la integridad cultural, social y económica" de las comunidades indígenas y deben ser previamente consultados con las mismas (artículo 120 de la CRBV).
• La referencia del gobernador a la "Zona Económica Especial" de La Guajira es un alerta para toda la ciudadanía del Zulia, pues las zonas económicas especiales o zonas de industrias "maquiladoras", designan territorios en los cuales el capital privado multinacional puede hacer su voluntad más que en el resto de los territorios, donde puede estar exonerado de cumplir leyes laborales, tributarias y ambientales. Una mayor libertad para saquear los recursos naturales del país en cuestión. Ninguna zona económica especial en Latinoamérica ha traído beneficios a los trabajadores y el pueblo en general.

En conclusión, el compromiso académico y de lucha social mantenido por el profesor Lusbi Portillo a todo lo largo de su vida se fundamenta en los mismos derechos ambientales y derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional. Su actividad pública ha estado acorde a los fundamentos históricos que han caracterizado la política de vinculación universitaria con las comunidades organizadas y con el compromiso por investigar y ofrecer soluciones a los principales problemas del pueblo venezolano.

No solamente podemos considerar como una infamia la acusación de que Lusbi Portillo trabaja para organismos de inteligencia extranjeros. La realidad es precisamente contraria a esa absurda descalificación. Los intereses de las grandes potencias del orden global se orientan precisamente hacia programas económicos extractivistas sobre bases neocoloniales, como los que enfrenta y denuncia Lusbi Portillo.

Exigimos al gobernador Omar Prieto una rectificación y disculpa pública por estas graves y falsas acusaciones. Pues las mismas colocan en grave riesgo la seguridad personal, familiar, y la vida misma del profesor Lusbi Portillo.

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Fuente:  Aporrea