ACCIÓN URGENTE: Ecologistas acusados de rebelión en Ecuador
Los hermanos Víctor Hugo y Darwin Javier Ramírez Piedra, activistas medioambientales y líderes comunitarios, han sido acusados de rebelión pese a la falta de pruebas en su contra. Darwin Javier está detenido en espera de juicio desde abril de 2014 y Víctor Hugo se encuentra en libertad. Los procedimientos penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen.
20 de enero de 2015
Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, al norte de Ecuador, fue detenido el 10 de abril de 2014. Inicialmente se le llamó como testigo de un presunto ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) que tuvo lugar el 6 de abril de 2014, pero, pero posteriormente se le acusó de estar implicado en el mismo. Los miembros de la delegación de la ENAMI afirmaron que se encontraban viajando por la región de Intag para promover el proyecto minero de Lurimagua cuando siete personas bloquearon el paso de su vehículo, golpearon con los puños al conductor y arrojaron una piedra contra el parabrisas.
Darwin Javier Ramírez Piedra ingresó en prisión preventiva pese a la falta de pruebas en su contra y al testimonio de varios testigos, entre ellos un médico, que aseguraron que en el momento del presunto ataque Darwin estaba en su casa, recuperándose de una lesión en la rodilla. Amnistía Internacional ha sabido que Darwin Javier y Víctor Hugo Ramírez Piedra están acusados de rebelión, delito que conlleva una pena máxima de tres años de cárcel. El 15 de septiembre de 2014, un juez resolvió que había pruebas suficientes para juzgar a Darwin Javier Ramírez Piedra por estos cargos. Por su parte, Víctor Hugo Ramírez Piedra se encuentra en libertad.
Darwin Javier y Víctor Hugo Ramírez Piedra son líderes comunitarios y ecologistas muy activos y conocidos. Llevan años haciendo campaña y denunciando abiertamente el impacto de la minería en el entorno y en el derecho al agua de las comunidades de campesinos de la región de Intag. Los cargos que se han presentado contra ellos carecen de fundamento y parecen ser un intento de silenciarlos y poner fin a la larga trayectoria de su comunidad contra la realización de actividades mineras en sus tierras.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el hecho de que el proceso penal contra los hermanos Darwin Javier y Víctor Hugo Ramírez Piedra parece un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el entorno y en el derecho al agua de las comunidades de campesinos de Intag;
- instando a las autoridades a presentar indicios fiables que fundamenten los cargos de rebelión contra ellos o, en su defecto, a retirar los cargos y liberar a Darwin Javier Ramírez Piedra de forma inmediata y sin condiciones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE MARZO DE 2015 A:
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dra. Ledy Zúñiga Rocha
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria
Quito, Ecuador
Correo-e: ce.bog.aicitsujnim@noicacinumoc
Tratamiento: Sra. Ministra
Fiscal General
Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano
Fiscalía General del Estado
Av, Patria y 12 de Octubre
Quito, Ecuador
Fax: +593 2 398 5800 ext. 163 030
Correo-e: ce.bog.ailacsif@maonarres
Tratamiento: Señor Fiscal General
Y copia a:
ONG local de derechos humanos
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto
Edificio Yurac Pirca Piso 9
Quito, Ecuador
Correo-e: gro.uhdec@uhdec
Envíen también copias a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
| ACCIÓN URGENTE Ecologistas acusados de rebelión Información complementaria Intag es una región del norte de Ecuador con abundantes bosques subtropicales y una rica biodiversidad. A principios de la década de 1990, cuando arrancó el primer proyecto minero, las comunidades de Intag se organizaron para luchar contra la realización de actividades de minería en la zona. Consideran que el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), causaría daños al entorno de la región, lo que incluye sus recursos hídricos. Amnistía Internacional lleva varios años recibiendo informes y testimonios sobre la intimidación, el acoso y las agresiones que sufren quienes participan en campañas contra el proyecto minero de la región de Intag. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado públicamente las actividades de estos activistas en sus mensajes televisivos semanales al conjunto del país. Para más información, véase la AU 334/13 ( ver aquí). En mayo de 2014, la comunidad de Junín denunció una fuerte presencia policial en respaldo de la ENAMI, que, al parecer, estaba llevando a cabo actividades de exploración minera. Los miembros de la comunidad se quejaron de que la amplia presencia policial interfería con sus quehaceres diarios y limitaba su derecho a la libertad de circulación. Una comisión de observadores de los derechos humanos visitó la región y comprobó que la presencia policial equivalía de facto a una situación de estado de excepción, puesto que se habían limitado derechos como la libertad de circulación, de expresión y de asociación. Una de las preocupaciones que expresan las comunidades afectadas por el proyecto minero de Lurimagua es su falta de voz y voto. En repetidas ocasiones, las autoridades de Ecuador han tratado de restar importancia a sus reivindicaciones de mayor participación, alegando que la expansión de la industria extractiva es necesaria y beneficiosa para el desarrollo de la nación. Aunque muchos argumentan que ciertos proyectos o leyes pueden aportar beneficios a las comunidades locales, es vital que las decisiones que afecten a sus derechos humanos se tomen en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Esto requiere que se respete el derecho de las personas a la información y participación, así como su derecho a ser consultadas. Preocupa a Amnistía Internacional que en los últimos años se hayan presentado cargos espurios por delitos comunes contra dirigentes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado de poner freno a sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización ha documentado casos de dirigentes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, asesinato, lesiones, robo, entrar sin autorización en propiedad ajena y obstrucción ilegal de vías públicas en el contexto de manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales. |
Fuente: Amnesty