¡Apoye la declaración! RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial

Queridos amigos y colegas,

Ante la próxima Conferencia Anual de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), Amigos de la Tierra Internacional y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzan una declaración abierta.

Invitamos a las organizaciones a firmar y respaldar la declaración que denuncia que la RSPO, desde su creación hace 14 años, ha sido una herramienta al servicio de los intereses empresariales del sector de la palma aceitera. El sistema de certificación de la RSPO permite la expansión de la industria de la palma aceitera a la vez que maquilla de verde la destrucción y las violaciones a los derechos humanos cometidas por estas empresas.

Invitamos a las organizaciones de todo el mundo a firmar la declaración antes del 9 de noviembre de 2018.

La declaración puede leerse y firmarse abajo o aquí.

Les agradecemos la compartan lo más ampliamente posible. Para ello, pueden utilizar los siguientes hashtags e imagen:

#RSPOengañaConsumidores
#RSPOrespaldaDESTRUCCIÓN
#RSPOrespaldaVIOLENCIA

En solidaridad,
El equipo del WRM
 

RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial

Durante sus 14 años de existencia, la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) no ha cumplido su promesa de “transformar” el sector de producción industrial de aceite de palma para que sea “sostenible”. En realidad, la RSPO ha sido utilizada por la industria del aceite de palma para maquillar de verde la destrucción y las violaciones de los derechos humanos que han cometido las empresas del sector palmícola. No solo eso sino que la industria utiliza a la RSPO para la expansión de sus negocios y ganancias así como para la destrucción de los bosques.

La RSPO se presenta públicamente con la consigna de “transformar el mercado para que el aceite de palma sostenible sea la norma”. El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato disponible en el mercado mundial, por lo que resulta una fuerte opción entre el grupo que domina la membresía de la RSPO -los grandes compradores de aceite de palma. Ellos harán lo que sea para asegurar un flujo constante de aceite de palma barato. También saben que la clave del éxito para que una empresa palmícola produzca aceite de palma “barato” es un modelo específico de producción industrial con cada vez mayor eficiencia y productividad, lo que se logra: (1) plantando a gran escala y en régimen de monocultivo, frecuentemente a través de la conversión de bosques tropicales biodiversos; (2) usando plántulas de “alto rendimiento” que demandan grandes cantidades de agrotóxicos y agua en abundancia; (3) exprimiendo al máximo la mano de obra barata de la mínima fuerza laboral posible, empleada en condiciones precarias para que los costos de la empresa se reduzcan al mínimo; (4) beneficiándose de las importantes sumas de dinero inicial obtenidas de la madera tropical talada para dar lugar a las plantaciones, que luego utilizan para financiar el establecimiento de dichas plantaciones; (5) acaparando a la fuerza la tierra que era de las comunidades locales o mediante otros acuerdos con los gobiernos (en especial favorables regímenes fiscales) para acceder a la tierra al menor costo posible.

Quienes viven en las tierras fértiles donde las empresas deciden aplicar este modelo de producción de aceite de palma industrial, pagan un precio muy alto.

La violencia resulta intrínseca a este modelo:

- violencia y represión cuando las comunidades se resisten a que las empresas se apoderen de sus tierras, porque saben que una vez que sus tierras se conviertan en monocultivos de plantaciones de palma aceitera, sus medios de vida serán destruidos y sus tierras y bosques serán invadidos. En innumerables casos la deforestación causada por la expansión de esta industria ha desplazado comunidades o destruido los medios de vida de las comunidades donde las empresas violan los derechos consuetudinarios y toman el control de las tierras comunitarias;
- violencia sexual y hostigamiento contra las mujeres en las plantaciones y en las zonas aledañas, que a menudo permanece invisibilizada porque las mujeres no tienen la posibilidad de exigir que los perpetradores sean procesados;
- trabajo infantil y condiciones de trabajo precarias, que van de la mano con la violación de los derechos de los trabajadores. Las condiciones de trabajo pueden llegar a ser tan malas que equivalen a formas contemporáneas de esclavitud. Este modelo de trabajo expoliador le permite a las empresas no solamente obtener mayores ganancias económicas sino que el aceite de palma siga siendo un producto barato, y es por eso que ni ellas ni sus accionistas hacen nada para ponerle fin.
- exposición de trabajadores, comunidades enteras y bosques, ríos, fuentes de agua, tierras agrícolas y suelos a la aplicación excesiva de agrotóxicos;
- las comunidades rodeadas por plantaciones industriales de palma aceitera pierden su soberanía alimentaria cuando esas plantaciones ocupan las tierras en las que las comunidades cultivan sus alimentos.

La proclamada visión de la RSPO de transformar el sector industrial de la palma aceitera está condenada al fracaso porque los principios de certificación de la Mesa Redonda promueven este modelo estructural violento y destructivo. La RSPO tampoco aborda la forma en que la industria depende del control exclusivo de grandes superficies de tierras fértiles, así como el paradigma de crecimiento de la industria que exige una expansión continua del control empresarial sobre las tierras comunitarias y el acaparamiento violento de tierras. Ninguno de los ocho principios de certificación de la RSPO sugiere transformar la manera en que la industria depende del control exclusivo sobre vastas superficies de tierra o el paradigma de crecimiento inherente al modelo.

El uso industrial de aceites vegetales se ha duplicado en los últimos 15 años, y el aceite de palma es el más barato. Este aumento masivo del uso del aceite de palma explica en parte la actual expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera desde el año 2000 en adelante, especialmente en África y América Latina, además de las vastas zonas de plantaciones en Malasia e Indonesia, que también continúan expandiéndose.

Innumerables ejemplos muestran que las plantaciones industriales de palma aceitera continúan siendo sinónimo de violencia y destrucción para las comunidades y los bosques. Las experiencias de las comunidades en las nuevas fronteras de las plantaciones industriales de palma aceitera, como son los casos de Gabón, Nigeria, Camerún, Liberia, Sierra Leona, Perú, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, son similares a las experiencias pasadas y actuales de las comunidades de Indonesia y Malasia.

La RSPO levanta una cortina de humo que invisibiliza esta violencia ante los consumidores y los financiadores. A menudo los gobiernos no toman medidas reglamentarias para detener la expansión de las plantaciones y el aumento de la demanda de aceite de palma, asumen que la RSPO ofrecerá una aparente sostenibilidad. Por ejemplo, en su propaganda pública, la RSPO afirma que apoya a más de 100.000 pequeños propietarios. Pero las ganancias obtenidas de la producción de aceite de palma siguen beneficiando desproporcionadamente a las empresas de palma aceitera: en 2016, el 88% de todo el aceite de palma certificado provino de plantaciones de empresas, y son también empresas quienes controlan el 99,6% de la producción.

La RSPO también aduce que el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es clave entre sus propios Principios y Criterios. El derecho al CLPI implica, entre otras cosas, que si una comunidad niega el establecimiento de este tipo de monocultivo en su territorio, las operaciones no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la realidad revela que a pesar de esto, numerosos proyectos siguen adelante. Generalmente las concesiones ya están aseguradas antes de que la empresa llegue a las comunidades afectadas. En estas circunstancias, decir que el CLPI es fundamental para la RSPO, es francamente falso e irrespetuoso.
La RSPO también argumenta que cuando surgen conflictos con las empresas plantadoras, las comunidades siempre pueden hacer uso del mecanismo de reclamaciones de la RSPO. Sin embargo, el mecanismo es complejo y rara vez resuelve los problemas que enfrentan y quieren resolver las comunidades. Esto se hace particularmente evidente en relación con los conflictos de herencia de la tierra, donde el mecanismo perjudica a las comunidades. Permite a las empresas seguir explotando las tierras comunitarias hasta que los tribunales hayan adoptado una decisión. Este enfoque alienta a las empresas a mantener los conflictos contando con que los procesos judiciales se prolongan, a menudo durante décadas.

Otro argumento utilizado por la RSPO es que las plantaciones industriales de palma aceitera han sacado a millones de personas de la pobreza. Esa afirmación es ciertamente cuestionable, más aún si se considera que también hay un número importante de personas que han sido desplazadas en las últimas décadas con el fin de hacer espacio para las plantaciones. Algunas comunidades indígenas, de hecho, han perdido sus tierras fértiles, bosques y fuentes de agua por las plantaciones de palma aceitera, que afectan sus alimentos, su cultura y sus economías locales.

La promesa de la RSPO de “transformación” se ha convertido en una poderosa herramienta de maquillaje verde para las empresas de la industria del aceite de palma. La RSPO le da a esta industria - que sigue siendo responsable del acaparamiento violento de tierras, la destrucción del medio ambiente, la contaminación por el uso excesivo de agrotóxicos y la destrucción de los medios de vida de campesinos e indígenas - una imagen “sostenible”. A los inversionistas y empresas parece que les alcanza con ser miembros de la RSPO para afirmar que son actores “responsables”. Causa especial asombro este maquillaje verde, ya que ser miembro de la RSPO no da ninguna garantía. Recientemente, una empresa se convirtió en miembro de la RSPO aún después de que se descubriera que deforestó más de 27.000 hectáreas de bosques tropicales en Papua, Indonesia.

La certificación depende estructuralmente de los mismos contenidos políticos y legales que han dado lugar a la serie de problemas ambientales y de derechos comunitarios de la tierra, asociados con las plantaciones de palma aceitera. Estos problemas de gobernabilidad sistémica están insertos en el poder estatal y funcionan como parte del destructivo modelo económico. Por esta razón, los sistemas de certificación no pueden brindar una protección adecuada a los bosques, los derechos de las comunidades y la soberanía alimentaria, ni garantizar la sustentabilidad. Los gobiernos y los financiadores deben asumir la responsabilidad de frenar la destructiva expansión del aceite de palma, que viola los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Como pasos inmediatos, los gobiernos deben:

- establecer de inmediato una moratoria a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y usar ese tiempo para arreglar los marcos de políticas;
- reducir drásticamente la demanda de aceite de palma: dejar de usar alimentos como combustible;
- fortalecer y respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para garantizar, entre otros derechos, la autodeterminación, el control territorial y los derechos a la tierra;
- promover la agroecología y el control de las comunidades sobre sus bosques, lo cual fortalece los ingresos locales, los medios de vida y sustento y la soberanía alimentaria, en lugar de promover el agronegocio.