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Las comunidades indígenas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes y Marañón, de Loreto, advirtieron que el nuevo operador del Lote 192, antes de firmar contrato con el Estado, debe visitar sus territorios a fin de establecer el diálogo.

La comunidad campesina de Huisa, una de las más dañadas por la operación minera en la provincia de Espinar, interpuso una demanda de amparo por incumplirse su derecho a una consulta previa en todo el proceso de concesión, exploración y explotación de la mina Antapaccay.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, hizo un llamado a las autoridades competentes a atender los 4281 pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos de alto riesgo identificados en un reciente informe.

Indígenas Ngäbe-Bugle cerraron la carretera Interamericana frente a la entrada de la población de Tolé, provincia de Chiriquí, al cumplirse el plazo que dieron el presidente Juan Carlos Varela para que cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Miembros de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla anunciaron que impugnarán el decreto presidencial del 9 de julio firmado por el mandatario Enrique Peña Nieto, que expropia 38 hectáreas para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, impugnará tres decretos emitidos por el gobierno de Evo Morales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y contravienen la normativa nacional e internacional.

El proyecto hidroeléctrico Chadín 2, que propone embalsar el río Marañón e inundar más de 30 kilómetros de valles productivos de la región Cajamarca, sigue sumando rechazos.

Una extensa lista de organizaciones sociales y políticas de todo el mundo han suscrito la campaña NUESTRA TIERRA, NUESTRO NEGOCIO en rechazo a la práctica del Banco Mundial de clasificar a los países por cómo facilitan los negocios extranjeros en sus territorios.