Manuel Pérez Rocha Loyo

El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen.

Ante las expectativas que genera la Conferencia de las Partes (COP26) en Glasgow, y el rol que presume jugar el Banco Mundial (BM) en aliviar la crisis climática, es necesario cuestionar el papel que juega en promover y defender a industrias extractivas y de combustibles fósiles.

En mi entrega anterior ( La Jornada 21-6-21), concluí que si no se desmantelan las reglas neoliberales que otorgan desmedidos privilegios a corporaciones trasnacionales, que destruyen medios de vida y el medio ambiente, que generan violencia y represión, no se enfrentarán las raíces ni las causas de la migración.