Un grito global por los derechos del campesinado

La experiencia nos enseña que la organización colectiva es la única herramienta de los pueblos para hacer frente a la avanzada de un capitalismo que actúa con la única meta de acumular, desoyendo incluso los más básicos derechos humanos. Así lo entendió el movimiento campesino global que, a comienzos de la década de 2000, comenzó un trabajo de sensibilización, recopilando y difundiendo numerosos casos de discriminación y violación de los derechos humanos por parte del agronegocio y el extractivismo de las empresas trasnacionales. Las exigencias de parar con los desalojos y desplazamientos forzosos de las tierras, la apropiación de las semillas, la pérdida de la biodiversidad, la tala indiscriminada de los bosques y la apropiación del agua, se plasmaron en la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos que La Vía Campesina (surgida de estas experiencias) aprobó en 2008, y que dio comienzo a un proceso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tras la intervención del Estado boliviano, que en 2012 encabezó la presentación del proyecto en el Consejo, se aprobó una resolución que dio inicio al proceso formal y a la creación de un grupo de trabajo que lograría la aprobación de la Declaración en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018.

Una Declaración en las Naciones Unidas es un documento acordado por los Estados parte de la ONU, en el que estos reconocen derechos y se comprometen a respetarlos, promoverlos y garantizarlos. La Declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés) en particular, reconoce por primera vez al campesinado y su rol en la lucha contra el hambre y la protección de la naturaleza. Diego recuerda los comienzos: “La Declaración surge como iniciativa en el contexto de la ofensiva neoliberal de principios de los noventa, que se tradujo en múltiples violaciones a los derechos de los campesinos en todos los continentes. Fundamentalmente, la globalización y el desarrollo del capital financiero en el campo significaron despojos de tierra, privatización de las semillas y alto endeudamiento financiero (sobre todo en Asia) de los campesinos: una serie de acciones que criminalizaron también la resistencia campesina. En ese contexto se empieza a consolidar una red global -que después va a ser una organización mundial- que es La Vía Campesina (LVC), y que surgió de la articulación de diversas organizaciones y procesos de lucha del campo en todo el mundo. En ese contexto de reconocimiento de las violaciones a los derechos campesinos es que -primero en Indonesia y después en el seno de La Vía Campesina- se plantea la necesidad de visibilizar esta situación, y de generar un proceso de discusión en Naciones Unidas para tratar de alcanzar mecanismos internacionales de protección de los derechos de los campesinos”.

Se inicia entonces un proceso de relevamiento de casos paradigmáticos en todos los continentes, donde La Vía Campesina, en articulación con otras organizaciones, sistematiza y presenta estas denuncias en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De esta base sustancial saldría, luego, el proceso de la Declaración. “Todo esto fue animando el debate al interior de La Vía Campesina para que, en la Conferencia Internacional de Maputo, en el año 2008, se apruebe la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos, que fue el primer instrumento de LVC para iniciar la discusión después en Naciones Unidas. El hecho de que se constituya -en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- un grupo intergubernamental de trabajo con la tarea de generar un instrumento que pueda visibilizar, proteger y garantizar los derechos de los campesinos, ya fue en sí mismo una gran conquista para el movimiento campesino porque instaló el tema en Naciones Unidas pero, a su vez, se convirtió en una forma de multiplicar el debate en las Naciones y en los distintos estamentos regionales.

Fue un proceso largo, participativo, en el cual el Estado de Bolivia (que presidía ese grupo) se aseguró de que fuera transparente, de que puedan participar todos los Estados; incluso aquellos que fueron férreos enemigos de la Declaración. Esto hizo que su aprobación tenga una gran importancia, porque fue justamente el proceso de trabajo con alta participación de los Estados y de diversas organizaciones (campesinas e indígenas, de pescadores artesanales, trabajadores agrícolas y otras) lo que le dio una espalda de legitimidad al proceso. Su aprobación es, además, un hito importante, porque no solamente aprueba los derechos de los campesinos sino que, ya en su prólogo, la Declaración plantea la importancia del campesinado en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, tanto en el cuidado del ambiente, en la producción de alimentos y en la lucha contra el hambre, como en la mitigación del cambio climático; es decir, la Declaración reivindica el papel del campesinado. Además reivindica al sujeto campesino como un actor importante para el desarrollo, y también como sujeto de derecho, además de establecer un artículo particular que tiene que ver con las obligaciones de los Estados y que, para cada uno de los derechos que va consignando la Declaración, va estipulando cuáles son las obligaciones de los Estados para que esos derechos puedan ser ejercidos, puedan ser protegidos; y, de esa manera, la Declaración es también un compendio de políticas públicas para el campesinado, para estructurar la política agraria de los Estados que quieran estar adecuados a los estándares de derechos humanos que plantea Naciones Unidas”.

El hito de la Declaración radica en que la Asamblea General de Naciones Unidas establece la importancia y el papel fundamental del campesinado para los objetivos de desarrollo sostenible. Insta a los países que son parte de la ONU a reconocer cuáles son los derechos que tienen lxs campesinxs del mundo y cuáles son las obligaciones que tienen estos Estados, y qué políticas deben desarrollar en un proceso para que estos objetivos puedan cumplirse.

En el ámbito continental, los significativos cambios políticos vividos en la región en las últimas dos décadas (en las que se gestó la UNDROP) influyeron en la forma en la que los países latinoamericanos acompañaron el desarrollo de la Declaración. “La Argentina tuvo un protagonismo importante, sobre todo en el inicio del proceso. Siempre estuvo auspiciando y acompañando los distintos borradores que el grupo intergubernamental de trabajo presentaba; siempre se mostró predispuesta y acompañando el proceso junto con Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, acompañando en el GRULAC, que era el grupo de países de América Latina. Pero esa situación cambió a partir de 2016 cuando, con Macri en el gobierno, Argentina se alineó con Estados Unidos y dejó de acompañar el proceso. Y, justamente, cuando se votó en la asamblea general, la Argentina se abstuvo, lo cual fue para nosotros un poco una pequeña mancha, aunque en términos jurídicos no cambia la legitimidad de esta Declaración para nuestro país”.

Por supuesto, esta legitimidad de la Declaración, así como la adherencia de un país a la misma, no significan el total cumplimiento de sus preceptos. La difusión de la UNDROP y la lucha por el acatamiento de sus contenidos son un desafío permanente para las organizaciones que la impulsan. “Nos toca difundir, instalar la Declaración como una herramienta de trabajo en cada una de las discusiones de las políticas agrarias y vincularla con todos los problemas actuales, con los dilemas actuales que tiene nuestro pueblo. Argentina hoy tiene graves problemas en torno a su sistema agroalimentario, y eso tiene que ver con una gran cantidad de violaciones a los derechos de los campesinos; con un modelo agropecuario que fue desplazando al campesinado de la tierra y concentrando en muy pocas manos toda la cadena agroalimentaria. Por lo tanto, uno de los principales desafíos que tenemos es poder colocar esta Declaración de Naciones Unidas en el marco de los debates sobre cómo transformar nuestro sistema agroalimentario, para que sea más democrático, más federal, y para que los derechos campesinos sean una realidad como único camino para que resolvamos el problema del hambre, para que resolvamos el problema de los alimentos caros, para que resolvamos el problema de los alimentos contaminados con agroquímicos. Así que creo que uno de los principales desafíos es poder vincular esta herramienta de la ONU con la realidad de nuestro país. Para eso es fundamental trabajar con herramientas pedagógicas de campañas de difusión, pero también de educación y de formación en el campo, para que todos los trabajadores de la tierra, las campesinas y campesinos de argentina conozcan esta Declaración, conozcan sus derechos y sean protagonistas de la lucha para que los mismos sean una realidad en nuestro país”.

La Declaración le da un lugar central a la Soberanía Alimentaria; consolidar el concepto (cuestionado durante mucho tiempo por el agronegocio) proponiendo distintos instrumentos. Entre ellos establece que, para garantizar el derecho a la tierra, los Estados pueden desarrollar reformas agrarias en torno a democratizar la tierra. “Creo que acá tenemos un elemento importante para poder pensar y desarrollar en función de la realidad de nuestro país. También tenemos el derecho de las mujeres campesinas, que está bastante desarrollado y que es un derecho que tiene mucho por crecer en nuestro país”.

En lo concreto, la aplicación de la Declaración ya sentó un precedente con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat. Tras veintidós años de disputa legal, la CIDH ordenó al Estado argentino entregar el territorio en litigio a las comunidades indígenas y a preservar los derechos de las comunidades y de las familias campesinas. “Y lo hace argumentando con la Declaración de derechos campesinos como base; así que tenemos ya una primera medida que se desarrolla en nuestro país y que está en función de la Declaración. El desafío ahora tiene que ver con ir planteando, en función de la realidad de las posibilidades, las distintas herramientas; a veces serán las leyes nacionales o provinciales, ordenanzas municipales, programas de distintos ministerios... distintas acciones que vayan traduciendo esas recomendaciones de Naciones Unidas en políticas públicas para la Argentina. Se ha avanzado en eso, se ha avanzado en encuentros y talleres con organizaciones campesinas del país. También en la articulación con otras organizaciones, como por ejemplo el trabajo que se está realizando junto con el CELS  y la Fundación Rosa Luxemburgo, la UTT, el MNCI-Somos Tierra, con quienes hemos generado una campaña de trabajo, y se ha producido mucho material audiovisual, escrito, cartillas, pequeños manuales, herramientas que permiten fortalecer la formación y el trabajo de base en torno a los derechos campesinos en el campo”.

Este 17 de abril se cumplen 25 años de la Masacre de Eldorado do Carajás, en la que diecinueve campesinos sin tierra fueron brutalmente asesinados por la policía militar brasileña al servicio del agronegocio. En esta fecha, entonces, se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas; que hoy tienen como uno de sus ejes principales la defensa de las semillas. Esta causa no es ignorada por la Declaración, que “es contundente en torno a los derechos que tienen las familias campesinas a poder hacer uso propio de las semillas, intercambiarlas, protegerlas, utilizarlas sin ningún tipo de condicionamiento ni de privatización. Este es un artículo bien importante, que desde la perspectiva de los derechos humanos le pone un freno jurídico a las pretensiones de las corporaciones transnacionales de privatizar las semillas y el material genético. Por supuesto, cada uno de estos elementos que están consagrados ya por Naciones Unidas sólo serán efectivos en la medida en que se fortalezcan las organizaciones, se fortalezca la lucha para hacerlos efectivos, se fortalezcan las democracias populares en la región y, como dijimos al principio, esta Declaración surgió de las luchas campesinas en todo el mundo y hoy vuelve de alguna manera abonar, a fertilizar las luchas campesinas porque, sin ellas, los derechos no son posibles”.

#NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria
#17Abril2021 

Este artículo es parte del proyecto “Fortaleciendo la agroecología campesina” realizado con el apoyo
de Fastenopfer.

Ilustración de María Chevalier -     www.dibujoschevalier.wixsite.com/mariachevalier

Entrevista de Nicolás Esperante  -  moc.liamg@etnarepsesalocin

- Te invitamos a descargar el texto ilustrado de la Declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (PDF), en el siguiente link:

Biodiversidadla -   www.biodiversidadla.org