Trigo HB4: nuevo transgénico, nuevo veneno

Por Ignacio Marchini para Agencia de Noticias Biodiversidadla

Este artículo forma parte de la revista Biodiversidad, sustento y culturas #113

La  resolución 27/2022, firmada el 12 de mayo pasado por Luis Contigiani, Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, habilitó la producción y comercialización del trigo IND- ØØ412-7, más conocido como trigo HB4, por el nombre de la tecnología con el que fue desarrollado. Esta reciente aprobación fue la culminación de un proceso de varios años de lobby empresarial, desde que en octubre de 2015 el evento transgénico obtuviera el visto bueno por parte de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina.

Este nuevo evento transgénico es un desarrollo conjunto de la transnacional semillera Bioceres, la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, una investigación que lideró la bioquímica argentina Raquel Chan. En el 2020, mediante la Resolución 41, se aprobó el primer cultivo comercial de trigo transgénico, pero sujeto a la decisión final de Brasil, principal comprador del trigo argentino. Con la confirmación de la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNbio) de comprar la harina proveniente de esta semilla modificada genéticamente, en noviembre de 2021, el decreto firmado hace 3 semanas complementó la autorización para la siembra del trigo HB4.

La noticia tuvo un amplio repudio por varios sectores de la sociedad argentina. La resistencia de este trigo transgénico al herbicida glufosinato de amonio, más nocivo aún para la salud de las personas que el conocido glifosato, fue la principal causa de su rechazo por parte de movimientos campesinos, productoras y productores agroecológicos, integrantes del sector académico, la sociedad civil y representantes de la ciencia críticxs al modelo de producción imperante.

Los motivos del rechazo

Militantes de organizaciones sociales y ambientalistas, movimientos campesinos, integrantes de la academia y especialistas en salud se oponen al trigo HB4, principalmente, por los efectos potencialmente nocivos que tendrían en la salud humana y animal el uso masivo del glufosinato de amonio. Fernando Frank, ingeniero agrónomo y autor del informe  El pan en mano de las corporaciones, desarrolló para la agencia de noticias Biodiversidadla las consecuencias negativas de la aplicación de este herbicida: “El uso del glufosinato de amonio tiene consecuencias directas por los residuos que quedan en los granos y, por lo tanto, en las harinas y en los alimentos. Los efectos negativos sobre la salud que este agrotóxico provoca están vinculados a la genotoxicidad (NdR: la capacidad relativa de ocasionar daño en el material genético, causando efectos biológicos adversos), generando malformaciones y trastornos a los órganos sexuales”.

Pero el avance de esta tecnología no es solo negativo en términos de salud. La luz verde al cultivo de trigo transgénico implica una profundización del modelo actual del agronegocio, agotado por los efectos ambientales destructivos que generan las deforestaciones y los monocultivos en todo el mundo, y la cada vez mayor concentración de la riqueza. Como se explica en el  Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, elaborado por Acción por la Biodiversidad, el 75% de la tierra productiva está destinada a la agricultura industrial y apenas un puñado de empresas (BASF, DuPont, Monsanto y Syngenta) maneja el mercado mundial de semillas y agrotóxicos.

En nuestro país, la soja y el maíz transgénico ocupan más del 60% de la superficie agrícola argentina. Según explica Tamara Perelmuter, licenciada en ciencia política, doctora en ciencias sociales por la UBA e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), “en Argentina hay muchos eventos aprobados, sobre todo de soja, maíz y algodón. Es el tercer país, después de Estados Unidos y Brasil, con mayor superficie cultivada y con mayor cantidad de semillas transgénicas producidas, en lo que hemos denominado una ‘biohegemonía’. Esto va más allá del signo político del gobierno de turno”.

El caso del trigo presenta, además, una característica fundamental: es un alimento emblemático de la dieta argentina. Se calcula que se consumen, en promedio, más de 85 kilogramos por persona al año, mucho más que en la mayoría de los países del mundo, y el país se encuentra dentro de los primeros cinco con valores más altos de trigo destinado al consumo humano.

La aprobación del trigo HB4 supone, también, un gran peligro de contaminación para variedades de trigo no transgénico. Perelmuter puntualizó que “el flujo de genes entre el trigo HB4 y otras variedades que no son transgénicas puede ocurrir en un alta probabilidad, y esta contaminación se puede dar básicamente por dos formas. Por un lado, a través del polen, que por el viento puede llegar a viajar varios metros y, por otro lado, mediante la mezcla de semillas, que puede ocurrir en distintas etapas de la cadena de producción: en la cosecha, en el transporte, en el procesamiento, el almacenamiento, la industrialización, el empaquetado, incluso al momento de la siembra”. Esto, sumado a la dependencia cada vez mayor del uso de agrotóxicos, “implica un alto riesgo para la biodiversidad y para la autonomía de los y las productoras, que cada vez se vuelven más dependientes de las empresas. Sobre todo, es una traba a la posibilidad de modelos alternativos”, concluyó la investigadora.

Tan amplio es el rechazo que generó en la sociedad argentina que hasta entidades agrarias como la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV) manifestaron su preocupación. Incluso la Mesa de Enlace, una organización vinculada a la oligarquía terrateniente integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria y Coninagro,  expresó su temor a la aprobación del trigo HB4 a través de Nicolás Pino, presidente de la SRA. Por supuesto, sus motivaciones son bastantes diferentes: les preocupa que haya problemas para la colocación del trigo transgénico y sus derivados en el mercado mundial, debido a las leyes de bioseguridad de otros países que etiquetan los productos elaborados con cultivos transgénicos, lo que reduce su venta. Sin embargo, hay que destacar que Australia y Nueva Zelanda ya dieron el visto bueno para el trigo HB4, sumado a la aprobación por parte de China de la soja HB4.

La disputa por las semillas

Por detrás de la producción de eventos transgénicos hay un viejo anhelo de las empresas semilleras transnacionales: la modificación de la ley de semillas. La normativa vigente protege el derecho al uso propio, es decir, el derecho a reservar granos para la siembra del ciclo siguiente, “nada más y nada menos que el origen de la agricultura”, definió Frank. Y opinó que “tanto Bioceres como el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se manifestaron a favor de una modificación de la ley de semillas actual para, según ellos, proteger las inversiones hechas en innovación. Esto significa sólo una cosa: que quieren modificar la parte de la legislación que protege el uso propio. Pretenden avanzar en la privatización de las semillas y que quien quiera cultivar tenga que comprar las semillas, años tras año, a las empresas semilleras concentradas”.

Si bien desde fines de 2018, cuando el anteproyecto de ley presentado por el macrismo perdió estado parlamentario, no hubo avances concretos sobre la ley de semillas, desde ese momento “los representantes de las empresas del sector e incluso funcionarios del Estado no dejan pasar la oportunidad para manifestarse al respecto”, consideró Perelmuter. La politóloga explicó que en una entrevista de hace algunos años Patricia Miranda, gerenta de Asuntos Regulatorios del Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR), el cual integra la empresa Bioceres, dijo que “sin una ley de semillas se resentirá la inversión en biotecnología en Argentina, ya que las empresas no estarán dispuestas a vender un material mejorado en el país, orientándose a países que sí paguen por esa tecnología”, algo que Perelmuter considera falso. “Las empresas que han invertido en Argentina en semillas genéticamente modificadas, incluso las empresas locales que hoy participan en cualquiera de las etapas de las semillas transgénicas, han ganado mucho en los últimos años. El argumento de que la ley actual no les es funcional no es real”, explicó.

La ley de semillas argentina, sancionada en 1973, regula todo lo que tiene que ver con la producción, certificación y comercialización de semillas, cuáles se pueden producir y, por lo tanto, cuáles son las únicas habilitadas para la comercialización. Por otro lado, protege vía derecho de obtentor, que es una forma de propiedad intelectual, la propiedad de las semillas. La investigadora del IEALC desarrolló sobre este punto: “La ley contempla, en su artículo 27, el uso propio, que tiene que ver con la posibilidad de guardar semillas y volverlas a sembrar sin tener que pagar regalías. Las empresas, si bien ganaron y siguen ganando mucha plata, identifican que podrían ganar más si, además de vender la semilla, cobran regalías por la reutilización. Por eso, el debate del uso propio es el punto crítico en torno a la modificación de la ley y todos los anteproyectos que se vinieron discutiendo”.

Una salida agroecológica a las crisis

El hecho de que el Estado argentino invierta en el desarrollo tecnológico nacional es positivo; el problema es a qué investigaciones se apuesta. La sociedad argentina se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de la proliferación de monocultivos y el uso de agrotóxicos. Es necesario que las políticas públicas acompañen los caminos que permitan una salida a las múltiples crisis que afrontamos, como la sanitaria, vinculada a la alimentación y la degradación del medio ambiente por la acción humana, así como la inflacionaria, que impacta de lleno en los bolsillos de los y las argentinas, profundizada por el conflicto bélico en Ucrania y el consecuente aumento internacional en los precios de los alimentos.

Para Fernando Frank, “la salida es escuchar a quienes están resistiendo al avance de los agronegocios en Argentina y están motorizando propuestas enmarcadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología, en la diversidad de cultivos y en la producción local de alimentos. Y muy claramente desde la vinculación de la clase trabajadora produciendo, con la clase trabajadora consumiendo, sin intermediarios”.

En la misma línea se expresó Tamara Perelmuter, que considera que la convivencia del modelo agroindustrial extractivista y el agroecológico es imposible. “Con la pandemia, se puso mucho más en evidencia que este modelo de producción, circulación y consumo es tanto ambiental como socialmente insostenible. Claramente hay experiencias que están en la búsqueda de otros modelos posibles, como la producción agroecológica”, consideró.

Un modelo que esté en línea con el “paradigma de los cuidados”, como explicó Frank, “es decir, entender el cuidado como guía en el plano de las ideas y de las palabras. Defender los territorios, la vida, la salud y la buena alimentación”.

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