Argentina: el MOCASE bloquea ruta ante desalojos y usurpación de tierras

Desde el 19 de octubre y durante un mes, familias del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) cortaron la Ruta Nacional 34 a la altura de la localidad de Vilmer, departamento Robles. Denuncian la usurpación de tierras por parte de empresarios apoyados por bandas armadas. Entrevista a Roger Almaraz (37), miembro de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (Uppsan).

Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.*

P: Hablan de destrucción de viviendas, amenazas de muerte y desalojos producidos con la complicidad de policías y jueces. ¿Podés mencionar los más recientes de estos episodios?

R: Hay conflictos con mucha violencia, donde hay bandas armadas. En Pozo del Castaño (departamento Figueroa) hubo un intento de homicidio. Ahí fue cuando decidimos junto al presidente del Mocase hacer un corte de ruta reclamando: Basta de estos atropellos siniestros. Empresarios inescrupulosos se meten en nuestros lugares de vida y no nos dejan vivir tranquilos. Esto pasó hace más de un mes: el empresario entró al lote y empezó a los tiros con su banda, y de casualidad no mató a nadie porque los compañeros pudieron disparar al monte. Y ahí se quedaron. Estas cuestiones no son de ahora; nosotros salimos a cortar la ruta después de este hecho. Por ahí el Poder Ejecutivo sintió presión; capaz le habrá hecho un toquecito político al Poder Judicial para que intervenga.

P: ¿Permanecen sobre la ruta?

R: El gobierno nos pidió cesar con el corte para dialogar... Ayer los compañeros estuvieron reunidos por más de cinco horas en Casa de Gobierno. Tengo entendido que aún no se ha llegado a acuerdo. Nuestros compañeros nos decían anoche que el gobernador quiere ir solucionando caso por caso. Esa no es la medida que acabaría con el problema... Hay que tomar medidas políticas concretas que sean abarcativas para todo el sector. Van a pasar años, décadas, gobiernos, en el intento de solucionar cada problema, por la complejidad que tienen. Seguiremos discutiendo en asamblea para decidir si se sigue con el corte o se para ahí. Vamos a ver en qué tono se ha dialogado.

P: ¿Es frecuente la presencia de grupos armados al servicio de los empresarios?

R: Sí. Son empresarios que compran campos, que saben que viven campesinos adentro y directamente van con bandas armadas para despojarlos. Hay muchas comunidades organizadas que resisten y dan pelea, pero hay otras comunidades sin organización. Y ahí se producen desalojos silenciosos, que nadie sabe... La prensa no dice nada en Santiago; es sorda, muda y ciega. Esto lo debo decir con mucho dolor, porque a pesar de que vivimos en un gobierno democrático aquí nos han cortado las alas.

P: ¿Hablamos de fuerzas de seguridad privadas o de estructuras de tipo paramilitar?

R: De tipo paramilitar. Son hijos de campesinos desalojados, contratados por los empresarios, que van a desalojarnos para ganarse un mango. Van grupos de gente, de los barrios pobres, y los contratan por dos o tres mangos. Muchísimas familias campesinas han sido desalojadas. A veces, cuando se han ido de sus tierras con sus hijos muy pequeños, han llegado a la ciudad y nunca han podido estudiar. Y han pasado a formar parte de estas bandas.

P: Cuando se refieren a las quince mil familias que integran el movimiento, ¿incluyen también a las familias que integran las otras corrientes del Mocase?

R: Quizás, las quince o veinte mil familias campesinas que existan en Santiago no estén afiliadas al movimiento, pero el problema abarca a esa cantidad de familias. Tenemos en forma precaria la tierra; le estamos exigiendo al gobierno que disponga dinero para que podamos regularizar la tenencia. Los jueces emiten medidas contraproducentes para los campesinos, y desalojos. La policía es muy corrupta en Santiago; para que haya policía honesta pedimos capacitación.

P: Y de estas familias campesinas, ¿cuántas forman parte del Mocase en este momento?

R: Alrededor de cinco mil familias; en Santiago existen alrededor de cuarenta o cincuenta comunidades organizadas.

P: Sostienen que su producción ofrece el 75% de los alimentos que diariamente se consumen en Argentina. Seguramente no poseen el 75% de las tierras...

R: Los campesinos estamos convencidos... Nosotros nos autoalimentamos: creamos nuestra propia producción de alimentos. El 70% de las comunidades son campesinas; sólo el 30% vive en la ciudad, entre Santiago y La Banda; el resto vivimos en el campo. Creemos y estamos seguros de que esto es así. Como somos pequeños productores, estamos reclamando políticas más activas, más agresivas para el sector. Nos dan migajas; la cuestión de fondo sigue intacta. Y los problemas, sin resolver...

P: También dicen que sus hijos estarían corriendo un riesgo al vivir allí. ¿Hay familias que hayan decidido emigrar por esta situación?

R: Muchísimas. Se están causando daños psicológicos en los niños: en Ojo de Agua, al sur de la provincia, hay criaturitas que cuando ven policías en la escuela se orinan porque han sufrido un desalojo fuerte. Estas cosas marcan antecedentes psicológicos en los chicos. En Pozo del Castaño, lo mismo: cuando ven una 4x4 están traumados porque no saben quién es, lo que viene a hacer. Es una situación muy grave; los medios no dicen nada, no lo dimensionan, y el gobierno de Santiago quiere tapar el sol con un dedo.

P: ¿Y cuál es el diálogo que vienen manteniendo con el gobierno provincial?

R: Hemos venido reuniéndonos mensualmente. Algunos conflictos de gravedad han hecho que se pare el diálogo. Estamos exigiendo un diálogo más serio, más profundo, donde se tomen medidas concretas. Nosotros esperamos que el gobernador diga en un discurso público: Nosotros reconocemos como verdaderos poseedores a los campesinos, que son los únicos propietarios de sus tierras. Con eso bastaría para parar a muchos gringos que vienen de afuera. Y eso no lo hace. Creemos que no lo va a hacer, porque el problema no le interesa. Está defendiendo otros intereses que van en contra nuestro.

* Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el desarrollo de conflictos por los bienes naturales en Argentina y el potencial de Internet para la distribución de información dedicada.