Argentina: Carlos Camargo sobre la explotación comercial del agua en Neuquén

P: Entre los fundamentos de la ley puede leerse que Neuquén "es parte de una región privilegiada por sus recursos hídricos". Sin embargo, han mostrado preocupación por el destino de pequeños crianceros al señalar que el agua en la provincia es un recurso cada vez más escaso.

R: Estamos en una de las cuencas hídricas más importantes del país, una de las principales de Latinoamérica. Empresarios muy allegados al poder, familiares del gobernador, terratenientes captan entre un 60 y 70% de este recurso. Es un recurso cada vez más escaso no por la sequía, nieve siempre tenemos, glaciares, sino porque hay una apropiación del sector privado muy importante. La economía regional se basa en el cuidado de rebaños en tierras fiscales y el recurso hídrico que necesitan los animales ha sido desviado para los terratenientes. Lo que dice el proyecto es que RE-HIDRONEU será una empresa con participación mayoritaria estatal... Nosotros sabemos como terminan estas empresas: en la privatización. Los capitales privados van a utilizar aguas purísimas que hay en esta parte de nuestra Patagonia y después los habitantes de la provincia vamos a tener que pagar por este recurso, cuando el agua es un derecho.

P: Cuestionaron también la falta de un relevamiento provincial de cuencas hídricas, manantiales, vertientes y acuíferos. Uno de los artículos del proyecto habla del estudio y exploración de esos recursos... De alguna forma, ¿atiende ese punto su demanda?

R: El año pasado presentamos un proyecto de ley por este tema de la minería a cielo abierto, donde proponíamos un estudio exhaustivo de todas las cuencas hídricas, manantiales y acuíferos. Lamentablemente, nunca tomó estado parlamentario y fue cajoneado.

P: Está previsto que la planta de fraccionamiento de agua se ubique en Loncopué, lo que, según el texto de la norma, "producirá una demanda laboral importante para esa zona". ¿En que nivel se encuentra actualmente esa demanda?

R: Son nada más y nada menos que promesas electorales. No sabemos cuáles van a ser las características de la planta; son sistemas que están automatizados. Hemos visitado otras plantas de embotellamiento de agua mineral y es muy poca la cantidad de recursos humanos que necesitan. Dicen que va a haber una inversión de $100.000; es muy poco dinero. Con $100.000 no nos ilusionamos con que va a haber mucha captación de mano de obra. Creemos que va a ser mínima.

P: ¿No es esta una oportunidad de desarrollo para Loncopué? La ley destaca el valor económico y geopolítico que ha adquirido el agua y que el consumo de ese recurso embotellado crece, en algunos países, a un ritmo del 15% anual.

R: Creemos que no. El agua es un derecho; no podemos pagar por lo que bebemos. Habría que remitirse a lo que está sucediendo en Bolivia: toda el agua se vende y se paga a precio dólar. El desarrollo sustentable que propone este proyecto de ley no es tal. El agua es un recurso que se agota, como todos los recursos naturales... Sostenemos que esto, y lo decimos con mucho respeto, es una falacia. Esta planta es muy pequeña, no contribuiría al desarrollo económico como podría contribuir el turismo.

P: Y en tu opinión, ¿cuándo se convierte el aprovechamiento de un recurso natural en saqueo?

R: Cuando este producto, este recurso, se compra por migajas y se vende a cifras siderales. Es el caso de las mineras: compran nuestro recurso, pagan al país el 3% y lo venden a cifras millonarias. Eso es un saqueo. Imaginamos, creemos y estamos convencidos de que el agua la van a obtener a muy bajo costo y va a tener precios internacionales como en Francia y otros lugares donde está probada la calidad del agua mineral. Está comparada con el agua que hay en nuestra Patagonia; se vende a precio euro y es muy existoso, por supuesto.

P: ¿Debería ser la explotación comercial de los reservorios hídricos una atribución propia del Estado?

R: Debe ser una atribución del Estado, pero obviamente con una explotación racional y que favorezca a la comunidad, no a los capitales privados. Creo que el Estado es el responsable de administrar y cuidar nuestros recursos.

P: ¿Qué repercusión ha tenido este proyecto entre las fuerzas políticas de la Legislatura?

R: Casi nula. Una vez que tomó estado público se ha frenado. Si llegan a avanzar y no son lo suficientemente claros, no hay información a la comunidad, nosotros tenemos como contrapartida las movilizaciones, marchas y, en definitiva, las presentaciones ante la Justicia para que actúe en consecuencia.

Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

moc.liamg@aldoibaicnega