APOYO POLÍTICO, CATASTRO Y OTROS RETOS DE LA REFORMA AGRARIA

En los últimos 30 años la redistribución de la tierra se intentó llevar a cabo con mecanismos tan diferentes como la Ley 60 de 1994, Agro Ingreso Seguro, Familias en su Tierra, la creación del Incoder, la Agencia Nacional de Tierras y la Reforma Rural Integral del primer punto del Acuerdo de Paz. El resultado de todas estas leyes, programas, institutos y agencias difícilmente podría ser peor.

Hoy el 1% de la población es dueño del 81% de la tierra, y el índice de Gini de la propiedad rural en Colombia, que mide la desigualdad en la tenencia, es uno de los más altos del mundo (0,8). Solo el 9,63% del catastro multipropósito está actualizado. El gobierno no sabe para qué se usa la tierra, quién es el dueño ni cuánto vale. ¿Cómo van a redistribuir la torta si no saben qué forma tiene? 

El presidente Petro nombró en marzo a una ministra de agricultura que tiene buenas credenciales para la tarea.

Jhenifer Mojica empezó su carrera recogiendo pruebas de títulos falsos de los paramilitares en el Urabá. Después logró avances desde la subgerencia de tierras del Incoder, pero también vivió de primera mano los obstáculos para desenredar el entuerto de la tierra. 

Salió de ese instituto perseguida políticamente y sancionada por el procurador Alejandro Ordóñez. Luego colaboró en la elaboración del Acuerdo de Paz, hizo litigio estratégico, activismo y hasta mingas. 

Ahora Mojica regresa al Estado como ministra de agricultura, con un mandato claro y el respaldo del presidente. El reto que tiene es grande. No solo se trata de deshacer el plan tortuga que aplicó la administración anterior en todos los temas de tierras, sino de resolver un factor estructural del atraso y el conflicto en el campo. 

Al principio, el objetivo era repartir los tres millones de hectáreas que promete el Acuerdo de Paz, meta que Mojica misma calculó, pero que su antecesora en el Ministerio, Cecilia López, rebajó a la mitad para el cuatrienio de Petro. Es una meta insuficiente porque hay cerca de ocho millones de hectáreas que fueron despojadas violentamente, pero es sin duda un avance. 

La ministra Mojica ya marcó dos goles. El congreso aprobó en junio la jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Esto quiere decir que, en teoría, habrá juzgados especiales para resolver disputas por servidumbres, propiedad de la tierra, usos y linderos, entre otros temas que hasta ahora no se resolvían por la lentitud o inexistencia de la justicia en el campo. 

Pero digo “en teoría” porque para que la jurisdicción agraria opere el gobierno debe asignar partidas presupuestarias especiales y nombrar jueces del territorio con conocimientos de ordenamiento territorial y de catastro. 

Además, la Jurisdicción Agraria es solo una de las piezas de la alineación institucional que Mojica necesita para sacar adelante una reforma rural.

Para que la reforma agraria tenga éxito, el gobierno tendrá que pasar de la retórica a la acción a través de la telaraña burocrática del Estado. Se requiere de una coreografía delicada de legislación, presupuestos, negociación con actores locales y estructuración de proyectos.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), o alguno de los nuevos gestores, deberá actualizar el catastro de los municipios en los que se entregarán los títulos. Eso implica mapear los lotes, determinar con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos quién es el dueño, valorar los predios y entender las normas locales que afectan la disposición y el uso de esas propiedades.

Después, se necesitará dinero y gestión del Fondo de Tierras para que se compren y entreguen predios productivos a las personas correctas. De momento solo se han entregado 12.530 hectáreas, cifra que palidece frente a la meta de 1,5 millones. 

El obstáculo más grande puede estar en conseguir el apoyo político para impulsar la reforma. Como dijo el recién fallecido Malcom Deas: “ningún examen del mundo rural colombiano debe excluir de sus consideraciones la política”. Falta ver si el gobierno tiene todavía el apoyo político que se necesita para transformar el campo. 

La ministra Mojica tendrá que enfrentarse a una oposición envalentonada por los escándalos que rodean al presidente (Sarabia-Benedetti, Nicolás Petro y contando), que ponen en duda la legitimidad y el apoyo que el gobierno necesita para sacar adelante la reforma.

Eso sin mencionar la seguridad, un elemento transversal sin el que lo que se haga puede quedar en el papel, sin efecto real en el territorio. No saca nada el gobierno con que a los campesinos se les entregue un predio, se los compense o se los reubique si la inseguridad les impide gozar de esos derechos. 

Fuente: La silla vacía