Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Dos declaraciones importantes tuvieron lugar la semana pasada con relación a los cultivos transgénicos. Por un lado, un grupo de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que el glifosato, el principal componente del paquete tecnológico de los cultivos transgénicos, puede causar cáncer. Este anuncio significó un duro golpe para Monsanto, la empresa que fabrica el químico, con ventas superiores a los 6 mil millones de dólares al año.

Video documental sobre la Cumbre de los Pueblos, realizada en Lima, Perú, del 8 al 11 de diciembre de 2014. La Cumbre de los Pueblos es un espacio alterno a la COP 20 donde los pueblos indígenas y campesinos denuncian la guerra de los gobiernos y corporaciones en contra de sus territorios, bienes naturales y fomas de vida.

La empresa minera Southern Perú canceló de manera definitiva el proyecto Tía María y anunció el retiro de su inversión en Arequipa. El argumento presentado por uno de sus representantes sostiene que este retiro se debe al “terrorismo antiminero” que llegó a la zona.

La Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo que obliga al Poder Ejecutivo a declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Así la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se ven obligados por mandato de la Sala a reglamentar la Ley 8904, a fin de prohibir esta práctica en el país.

Nosotros y nosotras, participantes del Taller "La organización de un Foro Social de Internet - Un llamado a ocupar Internet", realizado en Túnez en el marco del Foro Social Mundial, afirmamos nuestro compromiso con el objetivo común de construir el Internet de los pueblos desde abajo y más allá de las fronteras: un Internet en función del interés público y de la solidaridad, donde el control esté en manos de la gente; un Internet basado en la dignidad humana, la igualdad, la justicia social, la libertad y los derechos de la comunicación de las personas.

Ante la actitud asumida por los distintos estamentos gubernamentales, de considerar“naturales”o “designio divino”las calamidades ambientales que vienen sufriendo distintas localidades de la provincia de Córdoba, las organizaciones firmantes proclaman que la catástrofe no es natural, sino que consideramos que hay responsabilidades políticas compartidas por los distintos estamentos gubernamentales, o sea, tanto por el gobierno nacional, encabezado por Cristina Kirchner; el gobierno provincial del gobernador José Manuel de la Sota y las diversas intendencias afectadas.

En el marco del Encuentro: Políticas de conservación, leyes energéticas y territorios indígenas y campesinos, nos reunimos en la Ciudad de México los días 4 al 6 de marzo, 110 pueblos indígenas, comunidades y organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil, de 16 estados del país, con el fin de analizar los efectos que tienen en nuestros territorios los programas de conservación y los distintos proyectos energéticos que pretenden imponerse.

La respuesta social ante lo que parecía una inminente aprobación de la Ley General de Aguas por el pleno de la Cámara de Diputados revela que se trata de uno de los temas más sensibles y que más preocupan a la sociedad mexicana. Entre estas reacciones, destacan los señalamientos realizados individual o colectivamente por científicos mexicanos y el comunicado conjunto de los rectores de las universidades Autónoma Metropolitana, Salvador Vega y León; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla; y Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, quienes se pronunciaron por “(…) un debate amplio, plural e incluyente en el que puedan intervenir todos los sectores del país”.