Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Campesinos cocaleros de los municipios Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta del departamento Córdoba se reunieron los pasados 9 y 10 de noviembre en el casco urbano de Montelíbano para conformar la Coordinadora departamental de cultivadores de hoja de coca.

Tras tres jornadas de trabajo intenso cerró exitosamente este martes (15/11) la primera Cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo, impulsada y coordinada por la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH).

Cecilia Cherrez, del movimiento "Ecuador Decide", y "Jorge Herrera", de la plataforma CONAIE, se refirieron a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea. La CONAIE anunció el pasado viernes su rechazo ante este suceso y afirmó que irá a la Corte Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esta firma.

Los movimientos sociales no van a preparar té, pero sí van a prepararse para reclamar por los graves impactos sociales, económicos y ambientales de los créditos y proyectos chinos y evidenciar la deuda ecológica de China con el Ecuador.

"Como organizaciones sociales ratificamos que es la hora del reencuentro, de la unidad, de la lucha y de la esperanza por un territorio digno, productivo, soberano y democrático. Proclamamos que la tierra no puede ser simple propiedad y privilegio de algunos pocos para maximizar ganancias".

"El saqueo extractivista llegó hasta el punto de la entrega de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental sin haber efectuado las consultas previas con el pueblos Miskito y Garifuna".

En esta edición, el programa conjunto mensual de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe repasa las acciones realizadas en todo el continente en el marco de la Jornada Continental de Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo: Dominicana, Paraguay, Perú, Brasil, Panamá y Uruguay, presentes.

"Argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio".