Transnacionales culpables
Las transnacionales europeas han sido declaradas culpables de violaciones de los derechos humanos e injusticias económicas y medioambientales en América Latina y el Caribe (ALC)
Este ha sido el veredicto del Tribunal Permanente de los Pueblos tras dos jornadas de audiencias en la cumbre alternativa Enlazando Alternativas 2, que se celebró de 10 hasta 13 de este mes, en Viena Austria. La presentación de los cargos coincidió con la sesión inaugural del Foro Empresarial en la ciudad, en el que participan varias de las transnacionales sometidas a juicio.
Elmar Altvater, catedrático de la Universidad Libre de Berlín y presidente del Tribunal, se ha mostrado categórico: "este Tribunal ha quedado convencido de que las transnacionales europeas que operan en América Latina están cometiendo injusticias legales y morales a diario. Así lo demuestran las demoledoras pruebas de que las transnacionales han infringido los derechos humanos, sociales, culturales y laborales".
El Tribunal ha escuchado los casos de más de 30 empresas transnacionales y su impacto sobre los recursos naturales, los derechos laborales y los servicios públicos. Tras 12 horas de audiencias y el estudio de los expedientes correspondientes, el Tribunal ha emitido un veredicto de malas prácticas en materia de agua, tierra, soberanía alimentaria, derechos laborales, derecho a la tierra de los pueblos indígenas, destrucción ecológica y derechos civiles.
En opinión del jurado, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deberían compartir los cargos: "las transnacionales no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad es también extensible a los gobiernos que acogen a estas grandes empresas y a la UE, que les permite aplicar una normativa laboral más precaria que la vigente en Europa".
Las audiencias del TPP se desarrollaron en tres sesiones, precedidas por una sesión inaugural, cada una de las cuales tuvo una extensión de aproximadamente cuatro horas. Un dossier detallado de los estudios de caso y las denuncias fue entregado al jurado. Testigos y expertos presentaron oralmente los casos documentados y también respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del jurado.
Los jurados declararon que han identificado elementos y amenazas comunes. Son ellos: amenazas al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales. El agua ha sido transformada en una mercancía, por encima de su consideración como derecho básico; amenazas al derecho a la tierra. La expansión de las plantaciones de monocultivo para la exportación (fundamentalmente soya y pulpa de madera) está destruyendo las formas de vida de los campesinos y pequeños productores rurales, al impedirles el acceso justo y equitativo a la tierra; y la amenaza al derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria. La producción industrial de alimentos para la exportación y la privatización de la biodiversidad y las semillas, promovidas por intereses corporativos y las inequidades del comercio internacional, están destruyendo la capacidad de los países latinoamericanos de satisfacción de tales derechos.
Además identificaron amenazas a los derechos laborales. La llamada "flexibilidad", la búsqueda de altas ganancias para las inversiones privadas, la necesidad de producir bienes baratos para mercados globales, junto a la represión de los sindicatos de América Latina, debilitan los estándares laborales básicos; y las amenazas a los derechos de los pueblos indígenas. TNC europeas y gobiernos latinoamericanos colaboran en la invasión y explotación de los territorios de los pueblos indígenas sin que se cuente con el consenso o la participación de las comunidades afectadas, violando en consecuencia sus derechos fundamentales y su identidad cultural.
También se identificaron amenazas a los derechos ambientales y a los derechos políticos y civiles. "Todas las amenazas antes expuestas, combinadas con el comportamiento errático de los mercados financieros, resultan en un ataque masivo a los derechos sociales y económicos al desarrollo, y por lo tanto representan un desafío significativo para el trabajo futuro del TPP".
Para el Tribunal las TNC no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad también se extiende a los gobiernos anfitriones y a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en Europa.