Pobres que alimentan a ricos ¿ES ÉTICO?
La tierra fértil es en tiempos de crisis alimentaria y financiera un activo estratégico, el bien más codiciado por gobiernos y multinacionales. China, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos ÁrabesUnidos, Japón, Malasia o Corea del Sur están negociando acuerdos para comprar miles de hectáreas agrícolas en África,Asia y Latinoamérica
Aunque suene a paradoja, los pueblos pobres darán de comer a los ricos. Diferentes ONG denuncian que países que se están quedando sin tierras de cultivo o que dependen de las importaciones para alimentar a su población deslocalizan la producción agraria fuera de sus fronteras apropiándose de tierras en las zonas más pobres del planeta: de Uganda a Madagascar o Laos.
“Detrás de la revuelta en Madagascar que ha acabado con un cambio de presidente está la oferta de la surcoreana Daewoo de comprar más de un millón de hectáreas en la isla para plantar maíz para biocombustibles y otros cultivos”, explica Henk Hobbelink, coordinador de Grain, ONG que promueve el uso sostenible de la biodiversidad agrícola. El nuevo presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció en marzo que vetaba el proyecto de Daewoo, lo que no ha frenado que otras empresas, como la india Varun, proyecten alquilar miles de hectáreas para plantar arroz, lentejas y maíz. “Este juego de monopoly basado en ´yo compro la tierra y obtengo mi comida´ se traduce en que la producción de alimentos esté en manos de quien tiene más dinero”, añade Hobbelink. El arroz que ha madurado en Madagascar o Camboya viajará miles de kilómetros, hasta las mesas de Qatar, India o China. Al debate ético se suma el problema medioambiental: el transporte de estos bienes de un continente a otro incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Un mundo sostenible deberá basarse en una soberanía alimentaria, en que cada país produzca la mayoría de los alimentos que consume”, opina el filósofo Jordi Pigem. “Estamos a las puertas de una crisis energética y eso hará que el transporte global no pueda ser posible”, añade. Para Pigen, la deslocalización de la agricultura “es una de las principales contribuciones al cambio climático”, e invita a estos países a apostar por el consumo de proximidad. “El modelo de producción basado en la agricultura industrializada, en el uso extensivo de pesticidas y herbicidas, y en los transgénicos, está desligado del derecho humano a la alimentación”, reflexiona Pigem.
La industrialización está enterrando los campos de cultivo chinos y reduciendo el suministro de agua. El Gobierno de Pekín ha cerrado en los últimos años una treintena de tratados de cooperación agrícola para plantar arroz, frijoles, soja, maíz, caña de azúcar, mandioca y sorgo en otros países, especialmente en África,según el informe de Grain. Allí envían a sus científicos y agricultores y se aseguran el alimento para sus más de 1.300 millones de habitantes.
Si China está perdiendo sus tierras fértiles por el avance de la industria, en el Golfo la problemática es distinta: allí disponen de petróleo y dinero, pero su ubicación geográfica, en suelo desértico y con escasez de agua, complica la agricultura y la ganadería. Estos países, bajo el paraguas del Consejo de Cooperación del Golfo, han diseñado una estrategia conjunta para cerrar acuerdos con Pakistán, Sudán, Birmania, Camboya, Indonesia, Uganda, Laos, Kazajistán… Las primeras cosechas se espera que lleguen al Golfo este año, según Grain.
Los gobiernos de Japón y de Corea del Sur también han optado por importar alimentos en lugar de buscar ser autosuficientes; no en vano, el 60% de su dieta procede del exterior, porcentaje que en el caso de Corea se eleva al 90% si se excluye el arroz.
Muchos países pobres están ansiosos por vender o alquilar sus campos y las ONG reivindican una suerte de árbitro que controle estas operaciones para todos salgan ganando. “Es un tema que no se puede dejar en negociaciones bilaterales, si queremos evitar que la crisis alimentaria aumente, debemos negociar un marco internacional que regule que las tierras son para las comunidades locales”, opina Hobbelink. Desde Grain ven con escepticismo el discurso de que la inversión en agricultura en el Sur es positiva para reactivar sus economías, pues temen que no sólo los alimentos, sino también los beneficios derivados de estas operaciones agrícolas, se desviarán a otros países. Las pequeñas propiedades serán transformadas en grandes fincas industriales conectadas a mercados lejanos: los agricultores dejarán de serlo. A pesar de que algunos gobiernos y empresas se comprometan a destinar parte de las cosechas a las poblaciones locales y a construir escuelas y hospitales, Grain remarca que el saldo es negativo para los que venden sus tierras al considerar que este modelo de agricultura industrializada generará pobreza, acelerará la pérdida de biodiversidad y la degradación medioambiental. En un mundo con casi mil millones de hambrientos, según los últimos datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “esta tendencia implica que Áfricaperderá tierras para garantizar la alimentación autóctona, perderá soberanía alimentaria”, remarca Ester Vivas, de la Red de Consumo Solidario.
La ONG Survival hace hincapié en que “la situación puede ser mucho peor para aquellos pueblos indígenas que optan por seguir viviendo como lo han hecho durante siglos, ya que la venta o arrendamiento de su hábitat provocaría la irremediable pérdida de identidad, cultura y tradiciones”, apunta Laura de Luis, portavoz de esta organización.
Cómo estas inversiones pueden beneficiar a ambas partes en lugar de convertirse en una suerte de neocolonialismo es la cuestión que se plantea la FAO. David Hallam, jefe de política comercial de la FAO, reconoce que estas operaciones no siempre acaban beneficiando a los países pobres y cada vez hay más temores sobre el impacto de sistemas de producción altamente mecanizados que crean muy pocos puestos de trabajo y que destruyen el medio ambiente. Para Hallam también afloran cuestiones éticas, cuando los países vendedores no pueden garantizar la alimentación a su población, y políticas, por el control que ejercen de la tierra potencias extranjeras.