México: Campesinos, explotados por trasnacionales en Nayarit
Sin prestaciones, están expuestos a plaguicidas prohibidos en otros países, denuncia ONG
Los campesinos que trabajan en el cultivo del tabaco están expuestos a los plaguicidas -hasta 114 kilogramos por hectárea-, de cuyos efectos tóxicos ninguna autoridad se ha ocupado hasta ahora, a pesar de que científicamente se han documentado los daños que ocasionan a la salud.
La agrupación civil Huicholes y Plaguicidas denunció que algunas de las sustancias utilizadas en los campos nayaritas están prohibidas en otros países, y que estudios científicos han demostrado que la exposición directa a esos productos sobrestimula el sistema nervioso, provoca náusea, pérdida del equilibrio y confusión, y en altas concentraciones puede paralizar la respiración y causar la muerte.
Patricia Díaz Romo, directora de la asociación, resaltó el caso de los niños que acompañan a sus padres y también trabajan en los campos agrícolas. El sistema nervioso inmaduro de los menores es todavía más vulnerable a las exposiciones tóxicas, por lo que las afectaciones pueden ser más severas y de largo plazo. Pueden padecer atraso mental y, según la dosis del agente químico, está comprobado que causan perturbaciones en el aprendizaje, en la formación de la memoria, en las habilidades cognoscitivas y en la conducta.
Al participar en el foro sobre tabaco organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la investigadora también denunció las condiciones infrahumanas en que laboran los jornaleros y la serie de violaciones legales en que incurre la industria tabacalera.
Entre otras, mencionó que en la cosecha 2004-2005 se les negó la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. A pesar de que el contrato obliga al patrón a proporcionarles techo y comida, los jornaleros, indígenas en su mayoría, carecen de esta prestación, y "cuando algo reciben -que puede ser sólo agua y tortillas-, el costo se les descuenta de su salario".
Durante el tiempo que permanecen en la planicie costera de Nayarit, los campesinos viven en las plantaciones de tabaco, cocinan sus alimentos al ras del piso y, con frecuencia, beben agua proveniente de canales de riego, arroyos y pozos, e incluso utilizan envases de plaguicidas, indicó Díaz Romo.
Mencionó que las empresas Philip Morris y British American Tobacco imponen a los ejidatarios sus normas de producción y sus políticas empresariales. El cultivo de tabaco se da en más de ocho mil hectáreas de la Costa de Oro de Nayarit. el cual tiene antecedentes prehispánicos, pero el problema radica en la falta de atención de las autoridades a la situación en que viven y trabajan los jornaleros y al hecho de que los niños también participan en la actividad.
Por esa falta de interés es que nadie sabe la dimensión de la problemática. No existen estadísticas sobre la cantidad de menores de edad que se encuentran en los campos de cultivo, pero lo que sí se sabe es que en 2003 hubo 323 casos de personas intoxicadas por plaguicidas, y 344 el año pasado, según información oficial del estado.
Sobre los daños a la salud de los jornaleros, Díaz Romo resaltó que del total de intoxicados a escala nacional, el mayor número se reporta en Nayarit, "seguramente debido a que el tabaco se cultiva sin normas de seguridad y protección, y se utiliza gran variedad de plaguicidas, como los insecticidas organofosforados y carbámicos, que se degradan rápidamente, pero son más tóxicos". En algunos países está prohibido el uso de estos productos, subrayó.
Comentó que aunque el etiquetado señala que son "ligeramente tóxicos", sólo toman en cuenta los efectos agudos, no los que se pueden presentar de manera crónica después de un periodo prolongado de exposición a esas sustancias.
Huicholes y Plaguicidas ha denunciado reiteradamente la problemática, y en el foro efectuado en San Lázaro subrayó la necesidad de que los gobiernos federal y estatal intervengan para mejorar las condiciones de vida de los indígenas. Propuso que los impuestos que paga las tabacaleras se apliquen en beneficio de los jornaleros para garantizarles el acceso al Seguro Social, entre otros.