El agua es un derecho, el agua es de tod@s
En Argentina como en toda Latinoamérica los gobiernos de distintas épocas han privatizado nuestros recursos naturales. El gas, el petróleo, los bosques, las tierras y también el AGUA. Recurso que tod@s reconocemos como indispensable para nuestra vida
La situación actual con la privatización del agua es similar en varios países latinoamericanos. L@s ciudadan@s están luchando por recuperar o "retener" este recurso vital. En Uruguay el año pasado mediante un plebiscito ganado (con el 72% de aceptación) se modificó la Constitución Nacional, modificación que permitió la desprivatización del agua y su inmediata consecuencia: echar a las empresas extranjeras privatizadoras Suez y Aguas de Bilbao. Ahora Uruguay, es dueña de su agua, sólo puede dar el recurso solidariamente a pueblos desabastecidos, para lo cual se necesita una consulta popular donde la mayoría de la población apoye esta acción. Si bien l@s uruguay@s saben que resta seguir luchando ya que todavía no existe una legislación que regule la administración del agua, festejan que actualmente el 99% de su población puede acceder a agua de buena calidad por la canilla (servicio público).
En Bolivia el conflicto por el agua comenzó alrededor del año 2000. El detonante fue la aprobación de una ley que permitía la privatización de servicios básicos, dentro de ellos el agua. A raíz de esta medida se desató un conflicto social ya que gran parte de la sociedad, sobre todo l@s campesin@s, salió a manifestar su oposición a dichas privatizaciones. La población se levantó, cortaron rutas, llevaron a cabo asambleas comunales, cabildos abiertos. Este es el conflicto conocido como GUERRA DEL AGUA * y consiguió expulsar a la empresa privatizadora BECHTEL de Cochabamba y de El Alto. Esta es una de las victorias que puede considerarse como precedente de las luchas que lleva el pueblo boliviano en defensa de los hidrocarburos. Las luchas por la no venta y exportación de los recursos bolivianos aún no ha cesado; diversos sectores aún luchan por decidir sobre sus recursos, porque éstos no sean vendidos y porque sean considerados como lo que son: parte de la tierra. Uno de estos importantes recursos es el agua, uno de los más problemáticos del país por su escasez y su poca distribución -en Villazón dos días por semana no hay distribución de agua. Actualmente, en Cochabamba (paradójicamente región de la que se echó a Bechtel) están luchando para que el agua potable llegue y para que se construya el sistema de alcantarillas, reclamos que aún no han sido respondidos, derechos que aún no han sido satisfechos.
Chile es otro de los perjudicados por las privatizaciones del agua. El gobierno chileno comenzó las privatizaciones en la época de la dictadura y las continuó durante la democracia. La metodología que utilizó fue la descentralización: dividió la empresa estatal por región (una empresa por región) y a partir de ahí licitó cada una de ellas. La francesa Suez (“lenta”) se quedó con la región de Santiago de Chile, lo cual le otorga pulposas ganancias ya que Santiago como capital chilena absorbe a la mayoría de la población nacional. El Estado se vio perjudicado con estas privatizaciones: porque perdió el control sobre las privatizadas, además porque les prometió un margen de ganancias excesivo, y porque se comprometió a abonarle a las empresas el consumo de las familias pobres e indigentes que no pudieran abonarlo. Es decir, se pierde dinero con la licitación y con el pago extra que debe hacer a las empresas extranjeras –por el consumo de familias indigentes y por las ganancias excesivas prometidas-. Actualmente, y por causa de estas políticas gubernamentales las empresas licitadas tienen el derecho sobre el 80% del agua potable del país, es decir dominan gran parte de la vida familiar, industrial, económica de la nación. Esto sucede con la minería, la agricultura y la energía; actividades que representan los ingresos por exportaciones más altos del país y que consumen cantidades enormes de agua potable. Actualmente la escasez de agua destinada a esas actividades provoca conflictos ya que no pueden desempeñarlas normalmente.
En Nicaragua el proceso es diferente a los nombrados, y diferente también al de Argentina. Las privatizaciones se iniciaron recién a fines de los noventa (1998), por lo que l@s ciudadan@s están luchando por evitar que les privaticen este servicio indispensable. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, numerosas instituciones internacionales participan/aron en las gestiones privatizadoras: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, entre otras. En Nicaragua un banco alemán –KFW- y el BID otorgaron préstamos para apropiar el pais a las privatizaciones y endeudarlo por largas décadas. El banco exigió a cambio de su préstamo la licitación de las empresas del agua nacionales, para que empresas extranjeras se apropien del recurso.
Si bien esta alianza entre organismos y empresas internacionales con el gobierno nicaragüense –que aprueba leyes para permitir la privatización del recurso- viene trabajando desde hace años para lograr expropiar el agua de la ciudadanía, existen grupos que están resistiendo mediante diferentes mecanismos y medidas. Algunas de ellas son: la contrainformación mediante medios alternativos, una Red Nacional de defensa de consumidores del agua y la creación de una propuesta de ley que está “para ser tratada en el congreso” (apoyada por 50 mil firmas) en la cual dicen cómo quieren administrar su agua.
En Argentina dos provincias pudieron expulsar a las empresas extranjeras: Tucumán y Santa Fé, en Córdoba que privatizo su servicio a mediados de los noventa y pese a la ferrea resistencia de sus empleados, cuales junto a su sindicato y la sociedad en su conjunto.
Nuestro país padece las mismas negociaciones turbias, malestares y robos que los demás países.
Córdoba no fue ajena a los aires privatizadores de los noventa, en esos tiempos se entregó el servicio de captación y tratamiento del agua potable, así como el servicio cloacal a la empresa francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, con el nombre local de Aguas Cordobesas. Las promesas realizadas en los primeros momentos nunca fueron cumplidas, los cordobeses sólo obtuvimos
aguas de potabilidad dudosa, sobreprecios en la tarifa (nos cobran un 300 % de más), barrios sin el esencial servicio. Además, much@s de l@s vecin@s que no pueden afrontar la tarifa se les corta el servicio y se les inicia juicio sobre sus inmuebles. Otra de las promesas incumplidas es la no realización de las mejoras prometidas, las escasas inversiones realizadas se hicieron con nuestro dinero.
Hace un tiempo se conformó en Córdoba la Comisión Popular por la Recuperación del Agua, creada con la participación de diversas organizaciones políticas, gremiales, sociales, culturales, vecinales, ambientalistas, de derechos humanos, creencias de fe, ex-empleados de la empresa provincial de agua y público en general. Las propuestas planteadas desde la comisión giran en torno a:
· La realización de un plebiscito o consulta popular a realizarse en octubre para declarar el agua como bien social y de gestión mixta entre vecinxs, empleados y Estado,
· La anulación/rescisión con causas del contrato de concesión del servicio de aguas al Suez Ondeo – Agua Cordobesas.
· La elaboración colectiva de una propuesta de nuevas formas de organización y gestión con participación social con el objetivo principal: la extensión de los servicios al conjunto de la población, la fijación de tarifas justas y que sean compatibles con el mejoramiento de las condiciones ambientales.
La Comisión Popular para la Recuperación de Agua, bajo la consigna "Fuera Aguas Cordobesas - Suez de Córdoba y Argentina" convocó, el pasado 7 de julio a un escrache a la empresa, en el cual miembros de la ciudadanía se manifestaron en contra de las acciones y apropiaciones de la empresa francesa. El día fue elegido porque llegaron al país varios altos ejecutivos del grupo francés Suez a fin de determinar la suerte de la participación de esta multinacional en Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas.
Mientras en la ciudad de Córdoba, diversas organizaciones y personas están preocupadxs porque la distribución del agua sea más justa, porque no se cobren tarifas impagables y porque el agua sea considerada un bien público y un recurso vital y derecho para tod@s los miembros de las comunidades de las afueras de Córdoba viven una situación que es aún más difícil. La escasez del vital elemento ya dependen de la provisión del gobierno provincial, la cual no cumple con esto, ni en su fluido ,ni en su calidad, también se suma ha esto la apropiación de los canales de riego por parte de un puñado de terratenientes (Aguas Cordobesas no está encargada de la distribución de agua en aquellos sectores olvidados, pero no recónditos; la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS) es la encargada de controlar a la empresa y de distribuir el agua para l@s campesin@s de Córdoba Actualmente, y desde hace varios años, l@s campesin@s están sufriendo escasez y cortes de agua debido a la falta de inversiones, modernizaciones y distribución de la DIPAS. Condiciones en las que, evidentemente, no pueden seguir viviendo.)
A pesar de los numerosos reclamos y las fallas en la distribución de agua que constantemente se hacen visibles (hace unas semanas, vecin@s de numerosos barrios de la ciudad se quedaron sin agua porque “alguien” cerró la llave en el dique del lago San Roque),) el gobernador De la Sota continúa reformulando y re(a)firmando contratos con la empresa Aguas Cordobesas.
EN SÍNTESIS...
Las consecuencias de las privatizaciones han sido prácticamente las mismas en todos los países:
Disminución de la calidad del agua
Aumento de las tarifas del agua
Aumento del desempleo
Perjuicio del estado en diferentes niveles
Falta de distribución del agua en amplios sectores de la población
Cabe destacar que una de las empresas con más presencia en Latinoamérica es la SUEZ, quien acaparó los servicios de agua potable en todos los países en los que pudo (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, etc). Por eso es una de las principales que está en vías de demandar a los gobiernos de los lugares de donde fueron expulsadas. ¿Por qué? por no permitirles ganar tanto como les habían prometido, nada más.
Además, hay que nombrar a los cómplices que permiten, apoyan y posibilitan la privatización de recursos tan necesarios como el agua: el Banco Mundial, el FMI, el BID y la OMC, organismo que ayuda a desregular los marcos jurídicos que regulan el agua de los países “víctimas”. Además los gobiernos provinciales y nacionales, sindicalistas y obviamente: los medios de comunicación que colaboran para crear una imagen de las empresas estatales como inútiles y de las extranjeras como eficientes y excelentes. Rol por el cual todos estos sectores deben recibir una gran tajada de torta....