Chile: Ley de Pesca, de espalda a pescadores artesanales
Como ocurre con todos los recursos naturales, los productos marinos están expuestos a la depredación si no se aprovechan en forma racional y moderada y, por lo tanto, el papel del Estado es fundamental a la hora de poner límites a la pesca excesiva o no sustentable
Actualmente se sigue discutiendo en el Parlamento chileno el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que representa una buena oportunidad para corregir la forma como se ha regulado la pesca en Chile. A parte de poner claros límites a las capturas, una adecuada legislación pesquera debe permitir que la administración cuente con la flexibilidad suficiente para reaccionar oportunamente frente a los fenómenos oceanográficos que provocan repentinas variaciones en los stocks de las especies explotadas. Este principio es fundamental para prevenir que el esfuerzo de pesca sobrepase la capacidad de regeneración del recurso, corriendo el riesgo de agotarse.
A juicio de Oceana, el actual modelo pesquero chileno no es sustentable en el largo plazo. A pesar de que se ha implementado un sistema de fijación de cuotas particulares de captura, esto no ha sido suficiente para prevenir la pesca excesiva ya que las decisiones de la administración no han tomado debidamente en cuenta los antecedentes científicos disponibles. Luego de más de dos años de aplicación de este sistema, llamado Límite Máximo de Captura por Armador, las principales especies marinas continúan en estado de sobreexplotación. En la actualidad y según cifras oficiales, la cantidad natural del jurel en las 200 millas a mar adentro, se ha reducido en un 73% entre el 2002 y el 2004, pasando de 1,9 millones de toneladas a sólo 540 mil. La cantidad natural de la merluza común, en el mismo período, se ha reducido en un 82% pasando de 1,5 millones de toneladas a sólo 274 mil toneladas. Otra especie que experimentó una caída en su cantidad natural fue la merluza de cola, que sufrió una caída del 56% entre el 2002 y el 2004.
Hemos propuesto que la asignación de cuotas se realice a través de un proceso transparente de licitación pública en que las empresas compitan por su adjudicación. En ese proceso, se debe preferir a las empresas que utilicen procesos productivos más eficientes y que implementen sistemas de producción y métodos de pesca más acordes con la protección de los recursos marinos y del medioambiente marino en general.
También, estimamos necesaria la prohibición del uso de artes de pesca que degraden el fondo marino, como la pesca de arrastre, sistema altamente perjudicial para el medioambiente. Estos sistemas y prácticas como el descarte, que significa devolver al mar todas las especies no deseadas que han sido atrapadas, atentan contra la debida conservación de los recursos marinos.
Hoy en día existen aproximadamente 73 mil puestos de trabajo en el sector pesquero, sin incluir al sector acuícola. De éstos, aproximadamente unos 60 mil son aportados por los pescadores artesanales. Solamente esta cifra es suficiente para echar por tierra el argumento de la necesidad de crear empleos, a fin de justificar el tipo de regulación pesquera que ha adoptado el Estado chileno, dado que, mientras el 80% de las cuotas pesqueras se ha asignado a la industria que provee menos del 20% del empleo, el 20% de las cuotas se ha entregado a la pesca artesanal que es responsable de más del 80% del empleo en este sector.
Claramente las cifras no cuadran, dado que si la pesca artesanal es responsable de un mayor nivel de empleo, debería haber sido el sector privilegiado con la asignación de las cuotas, lo cual no ha sido en absoluto el caso. Por otra parte, tampoco resulta razonable el modelo de administración pesquera, cuando juntamente con indicadores de rentabilidad descollantes por parte de la industria pesquera, lo que debería indicar un sector dinámico que está creciendo y, en consecuencia, mostrando una gran capacidad de ocupar mano de obra, muestra no sólo un letargo en esta materia, sino más bien, un claro retroceso, puesto que, el sector pesquero ha reducido su capacidad de proveer empleos: entre los años 1996 y 2001, el sector ha perdido 6.400 empleos.
Evidentemente, detrás de la legislación pesquera chilena, más que una cuestión de estricta racionalidad económica, lo que hay en el fondo es una cuestión de desequilibrio político, que se refleja en el hecho de que los pescadores artesanales tienen mucho menos fuerza para hacer valer sus intereses que los grupos empresariales asociados a la industria pesquera. De hecho, la Ley Corta de Pesca, fue aprobada a fines del 2002, por una mayoría plena tanto en el Senado como de la Cámara de Diputados y en donde la voz de los pescadores artesanales simplemente no tuvo eco alguno.