Costa Rica

Los ecologistas emitieron una alerta sobre un proyecto de ley de que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable ( expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Cuando en diciembre de 2012, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) tomó la decisión de otorgar el permiso a la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), para sembrar maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034 en la región de Guanacaste, no se imaginaba que la reacción popular pudiese ser tan contundente.

El verano no sede en el Pacífico y las concesiones para riego están sobrexplotando el Río Acapulco y otras cuencas, dando paso a ríos secos donde mueren fauna y flora acuática y compromete la existencia de la misma cuenca. De este lamentable hecho son testigos los pobladores de Santa Rosa de Guacimal, en Puntarenas, que ven consternados y con tristeza el impacto que dos concesiones de agua otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE suman a la crisis que viven las cuencas en el periodo seco.

Participarán unos 30.000 INVITADOS (técnicos, políticos, académicos, ninis, abogados, periodistas, etc.) que se reunirán del 12 al 17 de abril en dos ciudades de Corea del Sur, en el llamado “7º Foro Mundial del Agua”, convocado por los comerciantes internacionales del agua para, obviamente, fortalecer sus influencias en países como Costa Rica, donde algunos, al regresar, continúen haciendo lo posible por declarar el agua como un BIEN ECONÓMICO, más que como un bien social.

La Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo que obliga al Poder Ejecutivo a declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Así la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se ven obligados por mandato de la Sala a reglamentar la Ley 8904, a fin de prohibir esta práctica en el país.

Ministros de Estado de Costa Rica, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo y autoridades mundiales del suelo reafirmaron, mediante la “Declaración San José”, su compromiso con el suelo un recurso imprescindible para la vida, en el lanzamiento oficial del Año Mundial del Suelo desde Costa Rica en el marco del 8º Congreso Nacional de Suelos.

Hoy, 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña en Costa Rica. Se trata de las comunidades del Cairo, Francia, Luisiana y Milano (de la región de Siquirres) cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña.

Nadie pone en duda la importancia del trabajo científico que ha realizado el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) desde su fundación en octubre de 1989; pero su tipo de constitución (resumido en esta declaración de 1991: “....nosotros no somos ni privados ni del gobierno.. [sino] una combinación del Estado y del mundo privado”),1 se convirtió en su talón de Aquiles. No se puede servir a dos amos, dice la sentencia bíblica y, ante tal disyuntiva, el INBio atendió más las exigencias políticas y económicas de quienes le aportaban fondos para establecerse como asociación civil y no como un ente estatal (un verdadero instituto nacional), a pesar de que las muestras para su inventario y para la bioprospección provinieran de áreas silvestres protegidas nacionales en su mayoría.