Red de fincas recuperadas en Mendoza: alimentos sanos en 500 hectáreas de agroecología campesina

Por Facundo Martín

Desde Mendoza 

Celia Mayorga camina aplomada por un callejón central de cultivos hortícolas, demarcado por pequeñas acequias por las que cada tanto, cuando toca el turno, corre agua hacia las parcelas de la finca Grito Rebelde, ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 40. Mientras afloja el ritmo, levanta la mirada y alzando el brazo señala una cortina de álamos primaverales a la que un viento zonda —que pasó hace sólo unas horas— quiso voltear. “También quebró alguna que otra rama, pero por suerte nada grave esta vez”. Hace una década recorre esa finca recuperada de la que conoce cada rincón, árbol y cultivo, y que forma parte junto a otras familias de la Cooperativa Campesinos del Norte Lavallino. 

La cooperativa es parte de una red más amplia: la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (FeCoCAF), nucleadas gremialmente en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), que reúne en total a 1000 productores y productoras. Actualmente, la Federación está integrada por diez cooperativas distribuidas en el territorio provincial, desde el norteño departamento de Lavalle al sur, en el departamento de General Alvear, donde producen hortalizas y frutas frescas —parte de ellas industrializadas como conservas, mermeladas y enlatados—, cabras, pollos, huevos, quesos, plantines y bioinsumos. Solo en producción hortícola y frutícola agroecológica reúnen unas 500 hectáreas. 

La realidad rural mendocina está atravesada por una lógica perversa: el abandono de fincas con derecho de riego y sobre las que se acumulan deudas millonarias impagables con el Departamento General de Irrigación. El último Censo Agropecuario, realizado en 2018, relevó que Mendoza tiene más de 200 mil hectáreas de tierra apta y sistematizada para riego sin cultivar. 

En la UST denominan como “fincas recuperadas” a aquellas tierras que se fueron conquistando para la producción. Son tierras puestas para cultivo a partir del trabajo colectivo. Fue un aprendizaje tomado de la experiencia de las muchas fábricas argentinas fundidas o vaciadas por sus dueños en 2001, cuando los obreros se organizaron para resistir el cierre y tomar el control de la producción. En una trayectoria similar, muchas de las fincas recuperadas por la UST han transitado procesos de abandono y especulación similares a los de las fábricas. 

Foto: Nicolas Heredia

Además, la FeCoCAF articula con el Centro de Formación, Educación e Investigación Campesina  (Cefic/Tierra), que promueve la formación técnica y política de los productores y productoras, construyendo agroecología y soberanía alimentaria desde el territorio.

De alguna manera, esta historia es la versión rural de aquellas experiencias cooperativas surgidas durante la crisis política, social y económica de 2001. Se forjó entonces un proceso sostenido de lucha por la tierra y el trabajo cooperativo que terminó consolidando un entramado productivo con fuerte carácter agroecológico como base. “En ese momento las luchas principales para organizarse eran tierra y agua para producir y trabajo digno y sin patrón”, sostiene Marta Greco, ingeniera agrónoma, educadora, coordinadora del Cefic e integrante fundacional de la UST. 

Ese paisaje naturalizado de tierras sin gente y gente sin tierra se quebró a fuerza de organización. Marta llegó a Lavalle, departamento del noreste provincial, en aquel 2001, cuando estaba cerca de terminar la carrera de Ingeniería Agronómica. Ahí comenzó un proceso de problematización de la realidad local que, en términos de educación popular, se reconocen como “freireanos”, por la influencia del pedagogo brasileño Paulo Freire. ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué hay fincas abandonadas? ¿Por qué los campesinos no tienen derechos? Esta experiencia de construir organización para acceder a la tierra y avanzar en la producción de alimentos agroecológicos trajo algunas respuestas, muchos aprendizajes y nuevas preguntas. 

Lavalle es un departamento fundacional para la UST. En Jocolí, desde 2003, se puso en marcha en un terreno que era improductivo y que en estos días es una finca productiva de 60 hectáreas gestionada por la Cooperativa Tierra Campesina y dedicada a la producción hortícola, avícola y de bioinsumos. En la vecina Villa Tulumaya la cooperativa también ofrece servicios agropecuarios de maquinaria y comercialización; servicios que administra y comparte con todas las cooperativas que integran la federación.  

Foto: Matías Sarlo

No hay agroecología sin lucha por la tierra

Entre Lavalle y Las Heras hace pie también otra organización de la Federación, la de productores y productoras de la Asociación Campesinos de Cuyo, dedicada a los cultivos hortícolas y forrajeros; y a la ganadería caprina. Horacio Suárez llegó desde Catamarca a Mendoza cuando tenía 6 años. Se crió en Jocolí y desde esas tierras entendió cómo funcionaba el mundo. Alternó su vida entre la producción campesina y el trabajo en el ferrocarril del norte provincial, que unía localidades de Mendoza y San Juan. Su papá se instaló, hacia 1966, en una pequeña parcela, entre las vías del tren y una hijuela de riego —un pequeño canal de otra acequia principal— de la que sacaban agua sin permiso para regar.

Horacio sigue preguntándose: “¿A dónde va el agua que corre por la hijuela y las cargas que lleva el tren?”. Es que la Estación Jocolí quedó cerrada para el servicio de pasajeros y por sus vías solo se ven pasar trenes de carga para la exportación. Esa pregunta impulsó la lucha por la tierra propia para la producción local. Horacio fue uno de los que condujo este proceso aportando su conocimiento del lugar y las artes del gremialismo que conoció con los ferroviarios.

La UST surgió públicamente en el departamento de Lavalle durante la crisis de 2001 y 2002, con el reclamo de “Tierra y agua para una vida digna en el campo”. En algunos casos tenían que ver con la defensa de territorios campesinos frente al avance del agronegocio, en otros la lucha era por el acceso a la tierra para familias campesinas, que no tenían tierras o que las alquilaban a precios usureros.

La lucha por las parcelas de riego en Estación Jocolí tiene una historia de varias generaciones. Además de la familia de Horacio, otras tantas fueron instalándose a la vera del ferrocarril y de la hijuela de riego. Otras familias se dedicaban a la ganadería en los campos aledaños. Ese esquema de soberanía alimentaria construido históricamente entró en crisis hacia el año 2000, cuando el acceso al agua entró en conflicto con personas que venían desde afuera a comprar y apropiarse del campo.  

Foto: Nicolas Heredia

Horacio recuerda que “fue un proceso muy largo” en el que venían reclamando al  Departamento General de Irrigación (autoridad provincial encargada del manejo del agua y también titular de las tierras que poseían históricamente las familias campesinas de La Estación). Esos reclamos de posesión y de regularización era algo a lo que se oponían los grandes regantes de la zona. “Entonces, ellos no pagaban el agua y ahora tienen que hacerlo. Ahora somos todos iguales”, reivindica Horacio.   

Las familias de Estación Jocolí crearon en 2008 la Asociación para retomar las luchas que habían quedado dormidas desde la década de 1980. En 2014, tras varias marchas y reclamos, consiguieron el reconocimiento de la posesión por parte del Departamento General de Irrigación y un permiso de riego proveniente de la planta de tratamiento de efluentes cloacales Campo Espejo. Ese año, 35 familias firmaron el convenio de regularización como parte del Programa Nacional de Titulación y Arraigo, del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y con respaldo del gobierno provincial y municipal.  

Aquella conquista permitió habilitar tierras para el riego de forrajes y otros cultivos destinados a la industrialización. La Asociación organizó diez parcelas familiares, de cinco hectáreas cada una, y se reservó una parcela comunitaria de 20 hectáreas para plantar alfalfa, con el objetivo de suplementar el pastoreo de las cabras durante el invierno y comercializar el excedente. La temporada pasada sólo de la parcela comunitaria cosecharon 1000 fardos. 

El próximo desafío es poder terminar una represa para poder usar el agua cuando más se necesita, a principios del verano. Horacio suelta convencido: “Aunque ahora cada uno tiene su parcela para cultivar, la prioridad tiene que estar en el trabajo de la tierra colectiva, eso es lo que nos tiene que dar la visión de lo que hay que hacer”.

Foto: Matías Sarlo

Agua para una vida digna en el campo 

Una década atrás, Celia Mayorga junto a las cinco familias que trabajan en la finca Grito Rebelde comenzaron a recuperar esa chacra para ponerla a producir. Partieron de la reivindicación de los derechos posesorios de familias, que son parte de la organización. Vivían en una casa de la finca y utilizaban las tierras para pastoreo de animales, para el mantenimiento de colmenas de abejas y para recolectar plantas y leña en el invierno. 

“Comenzamos con el tema de la limpieza y de preparación del lugar. Estaba con algarrobos y chañares, que habían crecido en los casi 40 años de abandono de la finca y bueno. Fue difícil porque tenía el derecho de riego suspendido por falta de pago y una deuda tremenda con el Departamento de Irrigación”, recuerda Celia. 

El problema del agua inunda toda la experiencia campesina en Mendoza. No se trata sólo de conseguir un pedazo de tierra donde sembrar. Unos escasos 200 milímetros de lluvia al año no alcanzan para cultivar y hacer crecer alimentos (se necesita más del doble para que algunas forrajeras cumplan el ciclo vital, para cosechar alfalfa el cuádruple). 

Entonces, en Mendoza, la tierra y el agua para riego están anudadas en una sola lucha. Como primer paso, la falta de políticas públicas sostenidas para el acceso a la tierra dejó en claro que se trataba de organización y lucha. En el mismo 2014 que en La Estación Jocolí se regularizaron las tierras por un programa nacional, el Congreso aprobó la Ley de Agricultura Familiar, pero la norma se reglamentó recién en junio de 2023, y su articulado, que aseguraba la creación de un Banco de Tierras, nunca se puso en práctica. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), creado en 2022, y organismo de aplicación de la ley, fue eliminado por el presidente Javier Milei a principios de este año.   

El gran aprendizaje de los sin tierra es que las parcelas abandonadas, en Mendoza, abundaban y organizadamente se podían conquistar. Pero no sucede lo mismo con el agua de riego. Proveniente del deshielo de la Cordillera de Los Andes, puede ser —y de hecho es— desviada, acumulada y manejada por una burocracia histórica de regantes, integrado por grandes familias propietarias tradicionales que sostienen el control de las Inspecciones de Cauce —entes autárquicos bajo la órbita de la Dirección de Irrigación— y acostumbrados a no ser desafiados por campesinas y campesinos.

Foto: Nicolas Heredia

A esta restricción, desde hace por lo menos 15 años, se le suman los impactos del cambio climático que se ha manifestado como una megasequía, reduciendo a la mitad el agua que baja efectivamente por el río Mendoza hacia las fincas como la Grito Rebelde. Otros ríos como el Atuel, Diamante y Tunuyán presentan los mismos problemas. En términos concretos esto redunda en que cada finca recibe la mitad del tiempo de uso del agua —el turno— o que este le toque cada 15 días en lugar de semanalmente.

De acuerdo a la información de los balances hídricos del Departamento General de Irrigación, se estiman que, en toda la provincia, son 40.000 hectáreas de producción de vid, frutas, olivos y hortalizas con riego superficial comprometidas por faltante de agua debido la crisis hídrica. Situación que podría verse aún más comprometida con el avance de la política a favor de la explotación minera del actual gobierno de Alfredo Cornejo. 

En este contexto, hacer —o mejor dicho rehacer— una finca para que vuelva a producir alimentos es una empresa monumental. Más cuando se trata de escalas pequeñas donde predomina el trabajo manual o con pequeña maquinaria, que no siempre es accesible a los pequeños productores; que en el caso de la Federación encuentran el respaldo del trabajo colectivo. 

Celia, junto con muchas otras y otros sin tierra, pusieron en juego toda su alma para conseguirlo. En sus manos se les nota. Pero también pusieron en juego su sabiduría de generaciones en el campo para comprender cómo reactivar la vida productiva de los terrenos recuperados, como recuperar el agroecosistema: ¿Ha crecido mucho el monte? ¿Tiene algarrobo o sólo jume (arbusto que crece en las zonas áridas del país)? ¿Tiene mucho salitre? ¿Es blanco o negro? ¿Llega la luz? ¿Está nivelada? ¿Qué habían plantado antes? ¿Hace cuánto dejaron de trabajarla? ¿Hay alguna perforación vieja para acceder al agua? ¿El agua que sacaban era buena? ¿Tiene alguna casa o galpón? ¿Hay escuela cerca? Cada una de estas preguntas se fueron respondiendo a partir de la pericia campesina, tras la sola obstinación de producir alimentos en tierra propia.

“Fue mucha lucha. Lo bueno, fue que organizándonos pudimos ir viendo también las necesidades que habían dentro de la organización de gente que quería producir y no tenía tierra. Bueno, empezamos a hablar desde los grupos de base y a organizarnos de soñar con eso, de ponerlo a producir. Era una convicción muy fuerte que necesitábamos para comenzar”, rescata Celia sobre el proceso y actualiza: “De hecho, no es fácil todavía, pero la seguimos peleando y aquí estamos ahora produciendo”. 

Foto: MNCI Somos Tierra

De las fincas recuperadas a la comercialización a precio justo

Así como las familias de la finca Grito Rebelde se agruparon en la Cooperativa Campesinos del Norte Lavallino para llevar adelante la producción en tierras recuperadas, otras cooperativas vecinas del departamento de Lavalle son la Cooperativa La Chacarera, dedicada a la producción hortícola; y la Cooperativa Unión de Productores Campesinos, dedicada a la producción hortícola y frutícola. Otros productores frutícolas nucleados en la UST están en el sureño departamento de General Alvear en la Cooperativa La Marzolina. 

“Es difícil producir, pero bueno, le ponemos todos los días una sonrisa”, insiste Celia, riendo, mientras se prepara junto a sus compañeros y compañeras para en esta temporada de primavera-verano incorporar módulos de riego por goteo en varias fincas. Eso les permitirá utilizar mejor el agua y, en algunos casos, ampliar la superficie que cultivan. 

En su organización colectiva, Grito Rebelde tienen parcelas asignadas a cada familia y comparten la gestión del riego, las herramientas y maquinarias. También hacen jornadas de trabajo para el mantenimiento del entorno y limpieza de las acequias internas. La finca Grito Rebelde tiene diez hectáreas y el riego se paga sobre esa base, pero hasta ahora cultivan sólo seis. La diversidad de cultivos que trabajan es notable: tomate, de diferentes variedades como perita, cherry y redondos de distintos colores, tanto para consumo en fresco como para industrialización. También se cultivan variedades de melón, sandía, zapallo coreano, del tronco y zucchini, pimiento, lechuga y maíz. 

Foto: MNCI Somos Tierra

Esa diversidad se replica en las 500 hectáreas que reúnen, en total, las fincas recuperadas por la Federación para la producción hortícola. De forma conjunta, en la temporada pasada llegaron a enviar a Buenos Aires 28.500 kilos de alimentos semanales. Como ejemplo, otra integrante de la Federación (la Cooperativa Manos del Pueblo) produjo, el año pasado, 120 mil unidades de tomate triturado, tomate entero, mermeladas y néctar de frutas.

La comercialización en mercados nacionales —relativamente distantes de Mendoza— rompe con la lógica agroecológica de la producción para el consumo local, pero es parte de una política de consolidar el intercambio entre organizaciones que forman parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina, organización que la UST integra como parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena - Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra). Ese espacio de la agricultura campesina e indígena, que reúne a otras organizaciones como la UTT, Fecofe y Bases Federadas, fue lanzada en junio de 2021 desde una de las fincas recuperadas por la Federación, la Cooperativa Tierra Campesina. 

El objetivo de enlazarse en la Mesa Agroalimentaria Argentina busca poder proveer de alimentos frescos a una escala mayor que la que se puede lograr en las ferias locales y potenciar los canales de comercialización sostenidos desde las organizaciones para llevar los productos a precios justos del productor al consumidor. Con ese objetivo se inauguró en 2021, en la ciudad de Mendoza, el Almacén Campesino. 

"El almacén fue una construcción para materializar el desarrollo de la comercialización que venía debatiendo la Federación, en esa idea de aglutinar la comercialización de productos agroecológicos, de procesos de cooperativas, no solamente de la UST, sino de otras organizaciones compañeras”, destaca Marta Greco. 

Este nuevo espacio de venta de alimentos, gestionado por la organización, comenzó a traccionar mucho la demanda de productos agroecológicos y cooperativos y permitió volcar tanto la producción agroecológica hortícola y frutícola como la de otras cooperativas, como El Avispero o La Quesana, productoras de cabras, quesos y vinos.

Foto: MNCI Somos Tierra

Agroecología contra el latifundio del conocimiento

Las fincas recuperadas de la FeCoCAF están atravesadas por la producción agroecológica, un concepto que la UST desarrolló como parte de su inserción en La Vía Campesina. Esa idea de agroecología se basa en la lucha indisociable con la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Y en ese espíritu, ubicada en Jocolí y dedicado a la formación y producción agroecológica se encuentra otra pata constitutiva de la Federación: el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina. 

“La agroecología no puede estar ajena a ser un concepto político de disputa entre dos modelos de producción, que tiene como sujeto político histórico al campesinado. Se trata de la presencia de las personas en el territorio para la producción de una agricultura sana”, define Greco, coordinadora del Cefic. 

Pero la agroecología no es sólo un concepto político, sino que es también una práctica que retoma los saberes y formas de hacer campesinas, basadas en una vivencia humana solidaria y de responsabilidad con la naturaleza, de la que formamos parte y de la que dependemos para vivir. Entre estas prácticas, menciona Marta, “entendemos que hay un diálogo de saberes y un diálogo de culturas, y como hay diálogos siempre aparecen tensiones. Estas tensiones son, justamente, el motor de la defensa de esa concepción de producción”.

Por eso, en la FeCoCAF la agroecología se aborda de manera integral. “Trabajamos la agroecología desde la semilla, con la recuperación de nuestras propias variedades y evitando el uso de agroquímicos. También sustituimos con bioinsumos, utilizamos enemigos naturales (de plagas o “malezas”) y minimizamos el uso de maquinaria”, enumera Celia.

Foto: MNCI Somos Tierra

La demanda creciente de bioinsumos —logrados a partir del tratamiento de insumos naturales de la zona— impulsó que dentro de la Federación se instalen dos biofábricas, ubicadas una en la finca del Cefic y otra en la de la Cooperativa Tierra Campesina, en Villa Tulumaya, donde se producen biofertilizantes, fitoestimulantes, fitorreguladores y controladores biológicos o biopesticidas. 

La transición hacia el uso y producción de bioinsumos, explica Greco, no ha sido lineal y depende de muchos factores. Pero en la medida en que las cooperativas pueden acompañar con capacitaciones y provisión de insumos el impacto es notable. De acuerdo a la experiencia de la Federación, a veces, el uso o no de estos insumos tiene un componente ideológico —tras años de aplicación del paquete del modelo del agronegocio—, pero también influye el altísimo precio de los agroquímicos, que hacen que toda la ganancia se traslade a las empresas que venden ese paquete de productos.

El Cefic funciona en otra de las fincas recuperadas por la UST, en Jocolí. De sus tres hectáreas, una está destinada a la infraestructura edilicia de la escuela. Allí se pueden recorrer las aulas, el salón de usos múltiples —decorado con banderas latinoamericanas y de las organizaciones campesinas regionales—, cocina, biblioteca, refugio para mujeres, guardería, taller, baños y habitaciones. En las otras dos hectáreas se desarrollan actividades de producción investigación, prácticas y producción de alimentos agroecológicos. 

El Cefic mantiene una gestión colectiva descentralizada por grupos de trabajo que coordinan las tareas de mantenimiento, producción, educación y cuidados. De esta manera, funciona como una unidad productiva dentro de la FeCoCAF. Además, desde hace ocho años, desarrolla trayectorias educativas como tecnicaturas superiores, diplomaturas, cátedras abiertas, talleres de oficio y cursos de formación técnica y política. Estas actividades se articulan con organizaciones e instituciones diversas como el Municipio de Lavalle, la Universidad Nacional de Cuyo o Clacso.

Foto_ Matías Sarlo

En el espacio destinado a la producción y práctica agroecológica se realizó un diseño predial específico buscando la complementariedad de procesos y flujos. Hay una zona para la producción pecuaria con ovejas, vacas, conejos, patos, gansos, pavos y gallinas. 

Además hay una parcela destinada a la producción de forraje, actualmente con alfalfa. De allí se cosechan casi 800 fardos al año que alimentan a los animales durante el invierno. También hay un monte de frutales diversos (ciruelo, peral, manzano, duraznero y almendro) y un potrero para pastoreo rotativo con mezcla de forrajes (trébol y centeno, aunque varían según la época del año). Recientemente se construyó un invernáculo de 300 metros cuadrados para avanzar con producción bajo cubierta. La última parcela de 2.500 metros cuadrados está destinada a una chacra para la producción de verdeo y hortalizas de estación.

La producción agroecológica está destinada a satisfacer la demanda interna de alimentos que tiene el Cefic, así como a su comercialización en el Almacén Campesino, a partir del cual se comenzó a planificar mejor la producción teniendo en cuenta la posibilidad de comercializar localmente los excedentes. 

El proceso de creación del Cefic no hubiera sido posible sin el aporte de políticas públicas específicas que, en su momento, fueron fundamentales y ahora han desaparecido completamente bajo la gestión de Javier Milei. “Cuando estaba el Ministerio de Agricultura, en 2015, hubo un fuerte financiamiento a escuelas rurales, esa fue una política importante para iniciar. También las políticas que llegaron luego con el Ministerio de la Mujer y el Sedronar. Eran políticas de un proyecto educativo, un proyecto de país, con conciencia y atención a las especificidades de la ruralidad”, valora Greco.

La situación actual es bien diferente, porque el Estado ha retirado totalmente las políticas específicas de la agricultura familiar y las que hacen a la vida en la ruralidad en un contexto de criminalización de la organización social y de pauperización de las condiciones de vida. Así, el presente de las organizaciones que producen alimentos, al igual que las grandes mayorías del país, se vive como una crisis múltiple. Aunque Celia, Horacio y Marta continúan cotidianamente tejiendo redes de solidaridad y contención frente a la falta de alimentos, de trabajo digno y de los derechos más básicos. 

Con la misma obstinación que le llevó a conquistar la tierra, Celia insiste en que ahora, más que nunca, hay que seguir adelante: “Creemos que con la producción podemos llegar a la soberanía alimentaria. Uno ve que en cada alimento que produce está traspasado todo lo que hacemos y ahí es donde piensa que vale la pena tanto esfuerzo”. 

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias