Políticas del G7, lejos de luchar contra el hambre y la malnutrición

A pesar de que la lucha contra el hambre ha sido definida por el G7 como uno de sus “objetivos fundamentales”, las políticas propuestas por el grupo han demostrado ser perjudiciales para aquellas personas más afectadas por el hambre y la malnutrición.

Particularmente, con la “Nueva Alianza por la Seguridad Alimentaria y la Nutrición” presentada en 2012, los gobiernos del G7 han catalizado las inversiones de las corporaciones en países africanos en materia de agricultura. Estas inversiones se limitan a servir los intereses de los inversores de las corporaciones privadas. Antes de la celebración de su próxima cumbre los días 7 y 8 de junio, FIAN Internacional quiere reiterar que el enfoque del G7 ignora los principios generales de derechos humanos y contradice el marco basado en los derechos humanos en materia de alimentación y nutrición (ver aquí informe).

Algunos estudios demuestran cómo las políticas y estrategias promovidas por la Nueva Alianza, en la actualidad implementadas en diez países africanos, facilitan el acaparamiento de tierras y otros recursos naturales, marginan aun más a los productores de alimentos a pequeña escala, y socavan el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas.

De manera similar, una reciente publicación de FIAN Alemania, publicada junto con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), revela que el 75 por ciento de las semillas del mundo se encuentran en las manos de diez grandes empresas. Con el título ‘ Corporaciones sin fronteras’, esta publicación muestra como nueve de las diez empresas tienen su sede en los países del G7, incluyendo entre estas las corporaciones multinacionales Monsanto, Dupont y Bayer CropScience. Según remarca la publicación, las dos primeras se encuentran detrás de algunos de los principales agentes involucrados en la Nueva Alianza del G7.

FIAN considera que la Nueva Alianza se basa en un modelo económico simplista que propone incrementar la producción agrícola a través de inversiones privadas, fenómeno que supuestamente se traduciría automáticamente en una seguridad alimentaria y nutricional.

Esta concepción no tiene en cuenta que la seguridad alimentaria y nutricional implica un acceso continuado a una dieta diversa y nutritiva. No se trata simplemente de aumentar la producción.

En lugar de permitir y promover que los espacios políticos públicos y los recursos naturales sean acaparados por las corporaciones, y de presentar al sector corporativo como la solución para acabar con el hambre y la malnutrición, los países del G7 deben cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición. En este sentido, el G7 debería paralizar inmediatamente la implementación de los marcos de cooperación de la Nueva Alianza, así como las negociaciones mantenidas para establecer nuevos marcos que podrían socavar la producción sostenible a pequeña escala de alimentos y los sistemas alimentarios locales.

FIAN Internacional vuelve a subrayar que el G7 no cuenta con ninguna legitimidad democrática para tomar decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutricional, por lo que realiza un llamamiento a los Estados para que estos respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos, dentro y fuera de sus territorios, y protejan los espacios políticos públicos de la captura de las corporaciones.

Los gobiernos del G7 deben cumplir con sus compromisos ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU implementando completamente, entre otras cosas, las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (ver aquí el informe).

Fuente: FIAN International