Perú: cuarto derrame en Camisea, ¿quién responde?

Más chanchos que inteligentes

El jueves 24 de noviembre, se produjo el cuarto derrame de gas en un año de funcionamiento del gaseoducto de Camisea.

A pesar de todas las garantías de calidad y seguridad otorgadas verbalmente por la empresas operadora y transportadora del gas, debemos estar registrando un récord mundial de ineficiencia.

Durante el tercer derrame, el gobierno, a través del representante del ministerio de Energía y Minas presente en la zona afectada, se comprometió en que de producirse una nueva falla se procedería a una suspensión de actividades para una revisión integral del proyecto.

Sin embargo, lo que se teme ahora es que también este incidente quede minimizado por las autoridades y las compensaciones a las comunidades afectadas sean sólo aparentes.

El solemne compromiso de introducir una nueva tecnología denominada de los “chanchos inteligentes” consistente en desplazar al interior del ducto un aparato que supuestamente detecta las debilidades en la soldadura antes que se produzca la fuga, ha fracasado.

Las comunidades han expresado su profunda insatisfacción y desconfianza por una política que tiene más de chancho que de inteligente.

Y esta amarga condena abarca la conducta de los agentes estatales: ministerio. Organismo regulador, defensoría, que no han querido advertir el riego a su debido tiempo, y han seguido asumiendo como válidos los argumentos empresariales; y se extiende sobre los organismos multinacionales que como el BID han tratado de expresar una preocupación cercana con las exigencias comunales, pero se han mantenido sordos al pedido principal que es el de la realización de una auditoría social y ambiental independiente del proyecto. La población ha sido perdiendo la paciencia ante la pasividad de una institución que ha sido aval de la inversión y propulsor de los programas ambientales que no se cumplen.

La opinión del Banco en el sentido de que ellos “no se oponen” a la revisión y auditoría, pierde relevancia cuando pasa el tiempo y no se hace nada, a pesar de que la opinión de esta institución es decisiva para las decisiones gubernamentales. La declaración más provocadora a este respecto es la que dice que si la sociedad civil lo desea puede hacer la auditoría. Ante lo cual sólo cabría responderle que en tal caso su compromiso debiera ser el financiamiento de los trabajos.

Sí o Sí

Desde el ahora ya lejano año de 2001, la conducta del poder público llevo como sello el concepto de que Camisea se haría como sea, bajando hasta donde fuera posible las exigencias sociales, culturales y ambientales que estaban claramente establecidas en el diseño inicial.

El operador principal (Plus Petrol), reunía mucho menos credenciales técnicas, comerciales y financieras, que su antecesora (Shell), y no parecía tener el nivel adecuado para una inversión de envergadura, que el Estado peruano afirmaba no estar en condiciones de realizar a pesar de la alta renta esperada y de la ausencia de riesgos de explotación por tener identificada el área de los trabajos.

Y la constructora (Techint), también de origen argentino, se negó a considerar el conocimiento existente en el país y la capacidad adquirida por los ingenieros peruanos en obra equivalentes, y asumió el diseño por su propia cuenta, recortando la ruta del trazado original, tanto como podía para ahorrarse inversión a costa de afectar las zonas de paso.

Ahora sabemos que tampoco tenían como responder por la calidad del producto que estaban entregando y los resultados no podían haber sido más lamentables. Cuatro derrames en un año. Mientras el presidente de la república sigue haciendo depender el futuro de esta inversión que no logra aún impacto real en el ingreso y condiciones de vida y que causa daños crecientes en las poblaciones directamente implicadas, entre los cuales los efectos de los derrames son apenas uno de los datos más visibles.

Derrame

Tres de las cuatro pérdidas del gasoducto se han producido en el área del bajo Urubamba. El otro ocurrió en el recorrido sobre la provincia de La Mar en Ayacucho, distrito de Anco.

En este caso la pérdida se inició en la quebrada Yopsiva hasta alcanzar al río Parotori y luego bajó por la cuenca del río Picha, afectando principalmente a las comunidades nativas machiguengas de Camaná, Mayapo, Puerto Huallana y Kirigueti, aunque hay información de daños en varias otras comunidades en el bajo Urubamba.

¿Qué significa todo eso?

Ni más ni menos que mortandad en los peces y plantas de los ríos; envenenamiento de los animales silvestres y perjuicios a la agricultura, lesiones por contacto con recursos contaminados. Las fuentes de vida de la población se destruyen y nadie responde claramente por ello.

Los informes iniciales de la zona advierten que una amplia extensión ha sido impactada por los hidrocarburos desparramados, pero que las empresas y los organismos oficiales están tratando de presentar el caso como si tratara de un asunto de menor magnitud.

¿Quién habla por las comunidades?

Este es un grave dilema. Tómese nota que según la nueva ley de medio ambiente, el afectado debe probar técnicamente la afectación, o sea correr con la carga de la prueba. Esto equivale a decir que las comunidades nativas puedan hacer los exámenes correspondientes. Y que si se involucran las ONG y otras entidades de apoyo lo estarían haciendo por un interés contrario a la inversión extranjera.

Todo esto es sumamente grave, sobre todo si se considera que las condiciones ambientales del bajo Urubamba eran excepcionalmente buenas hace sólo cinco años y que por más importante que pueda ser la explotación del gas para el desarrollo económico de las ciudades o su exportación, no hay ningún derecho a perjudicar a otros peruanos que han forjado su existencia en los lugares donde nunca hubo desacuerdos graves entre los seres humanos y la naturaleza.

Necesidad de respuestas urgentes

Las comunidades de la zona del Camisea reclaman pasar a la acción ambiental de manera inmediata, para lo cual proponen un plan de respuestas concretas que deben ser atendidas por las autoridades y las empresas implicadas:

a. Auditoria ambiental y técnica independiente, sobre las actividades del proyecto Camisea, con el pedido expreso que los resultados de ésta se hagan de conocimiento público.

b. Limpieza total de los lugares donde se encuentra localizado el derrame de líquido del gas y restitución en el corto plazo de la calidad ambiental del lugar; incluyendo el derecho de vía en todo el tramo selva que aún cuenta con desperdicios abandonados por la empresa que no han sido retirados.

c. Se esclarezcan debidamente las causas del derrame y se hagan públicas.

d. Inspección ocular inmediata de toda la ruta del gaseoducto.

e. El Ministerio de Energía y Minas cumpla con su rol de fiscalizar a todas las empresas del sector de hidrocarburos de acuerdo a las Normas Técnicas y Ambientales, y a lo estipulado en el Convenio 169. OIT.

f. OSINERG, haga cumplir las normas técnicas y los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

g. Intervención inmediata de OSINERG en las emergencias, con una actitud imparcial y transparente, para lo cual debe incrementar su personal y contar con equipo adecuado para una adecuada independiente.

h. Que los montos provenientes de las sanciones económicas (multas), derivadas por incumplimiento de normas de Impacto Ambiental, sean destinados a las zonas afectadas directamente para implementar sistemas permanentes de control y restitución de la calidad ambiental en las comunidades.

i.Se den amplias garantías que para los próximos 30 años no se repita los desperfectos y derrames como se esta observando a corto tiempo.

j.Se restablezca las comunicaciones de parte del Consorcio Camisea con las Comunidades, para mantener informadas a estas, de todas las actividades que viene realizando durante la vigencia de la concesión.

k. Mayor control y restauración de las partes del Ducto que estén aflorando, producto de las lluvias.

l.Adecuada compensación a las comunidades nativas afectadas.

m.Elaborar cartillas para la prevención de accidentes y daños ocasionados por cualquier contingencia en la operación del ducto.

n. Entregar en forma definitiva a las organizaciones el total control del PMAC; poniendo a su disposición los equipos necesarios para su implementación cotidiana y sobre todo en cualquier emergencia como ésta.

o. La instalación de la oficina de Relaciones Comunitarias en Malvinas (reiteradamente), para la atención de las comunidades.

p. La empresa TGP, deberá realizar simulacros con la participación de nuestras comunidades y sus autoridades.

María Elena Foronda
Premio Goldman 2003