Los negocios del carbono: WRM

- Mozambique : un alerta contra la promoción de monocultivos de árboles

En 1997 se instrumentó el Protocolo de Kyoto en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para limitar las emisiones de carbono causantes del calentamiento global. Desde entonces la situación ha empeorado por la aceleración de los impactos del cambio climático, pero de lo que más se habla en las conferencias es de “las oportunidades” de la catástrofe, léase negocios.

En la última conferencia que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, a mediados de noviembre, una de las “oportunidades” sobre las que se puso mayor énfasis se refirió a la posibilidad de que los países empobrecidos de África, Asia y América Latina obtuvieran ganancias a través de los “proyectos MDL” (lo que ellos llaman Mecanismo de Desarrollo Limpio y nosotros Mecanismo de Dudosa Limpieza) – dentro de los cuales figuran los denominados de Forestación y Reforestación para sumideros de carbono – (ver Boletín del WRM Nº 37) así como del establecimiento de cultivos para biocombustibles (ver Boletín del WRM Nº 112). En ninguno de los dos casos se reducen las emisiones que provocan el calentamiento de la atmósfera, sino que se hacen triquiñuelas para ganar dinero mientras siguen sin resolverse las verdaderas causas del cambio climático.

Muchos gobiernos de países empobrecidos, cautivos de la deuda y la dependencia, tienden a ver con buenos ojos estas “oportunidades”. Tal es el caso de Mozambique, que el 20 de noviembre recibió en Maputo a una delegación de Naciones Unidas recién llegada de la conferencia de Nairobi, a raíz de lo cual las autoridades mozambiqueñas anunciaron, con gran entusiasmo, los beneficios que tendría el país de aceptar estos proyectos.

Ese mismo día la organización sudafricana GeaSphere, con una larga trayectoria de lucha contra los monocultivos de árboles, organizó un evento en el que participaron delegados de organizaciones locales para debatir sobre los impactos de las plantaciones forestales en gran escala. Durante el evento, el Coordinador de dicha organización, Philip Owen, un representante de la organización SCAPEI, Nhlanhla Msweli y una representante de WRM, Ana Filippini, dieron detalles sobre los impactos sociales, económicos y ambientales identificados ya en muchas comunidades por causa del establecimiento de monocultivos a gran escala.

Los participantes, informados además sobre los planes del gobierno de Mozambique de promulgar una ley de promoción de plantaciones, resolvieron establecer un grupo de coordinación con la representante de GeaSphere en Mozambique, Vera Ribeiro, y dar un mensaje de alerta a la población mozambiqueña para que no acepte las propuestas de promoción de monocultivos.

Para tener éxito en ese objetivo será fundamental la coordinación regional con otras organizaciones. Las experiencias de Sudáfrica y Swazilandia pueden aportar de manera fundamental a la toma de conciencia en Mozambique sobre el impacto de los monocultivos forestales.

- India: la forestación para secuestro de carbono en marcha

Los proyectos de forestación para secuestro de carbono ingresaron tardíamente en el mercado de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), porque han dado lugar a mucha controversia. El marco legal necesario, diseñado en los acuerdos de Marrakech de 2001, fue aprobado recién a fines de 2005, durante las negociaciones de Montreal sobre el clima. Por ese motivo, hay muy pocos elementos concretos para señalar.

Pero esta actividad figura definitivamente entre los proyectos de la India. El Banco Mundial, el sector forestal y otros sectores privados, los académicos y el gobierno, están muy ocupados armando planes y haciendo cálculos muy diferentes entre sí sobre los créditos que el país podría obtener de los árboles. En el año 2003, los grupos de presión indios de la industria papelera presentaron un plan para “reverdecer la India”, como parte de su larga campaña para lograr un permiso de arrendamiento de las tierras de bosques “degradadas”, en las cuales establecer plantaciones industriales. La posibilidad de obtener créditos de carbono a través de dichas plantaciones fue discutida en detalle. Mientras tanto, un proyecto de política nacional sobre el medio ambiente, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MoEF) en el año 2004, vino a confirmar una nueva política ambiental “liberalizada”, que promovía el comercio del carbono y de otros servicios ambientales. Esta iniciativa coincide con un grandioso plan ya existente del MoEF, de transformar, para el año 2020, 30 millones de hectáreas de bosques “degradados” y otras tierras en plantaciones industriales de árboles y de productos agrícolas, a través de un nuevo tipo de colaboración con el sector privado, los gobiernos estatales y las comunidades locales.

Entre los numerosos proyectos MDL previstos para la India están los de forestación en los estados de Madhya Pradesh y Andhra Pradesh. Allí, una organización llamada Community Forestry International (CFI) ha hecho un relevamiento de las posibilidades de absorber el carbono utilizando los árboles. La CFI sostiene que ayuda a quienes “definen las políticas, a las agencias de desarrollo, a las ONG y a los silvicultores profesionales, a crear los instrumentos legales, capacitar recursos humanos y encaminar los procesos de negociación y los métodos necesarios para apoyar a quienes administran localmente los recursos” para estabilizar y regenerar los bosques. Su trabajo en Madhya Pradesh ha contado con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional y del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura estadounidense. En Andhra Pradesh ha sido apoyado por la División de Cambio Climático y Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional del Canadá.

La CFI sugiere que, en la India, el MDL sería una actividad viable que generaría ingresos para las comunidades indígenas rurales. Sin embargo, existen fuertes razones para dudarlo. En la India, como en todas partes, no es la teoría abstracta sino más bien la estructura institucional en la cual se insertaría el MDL lo que nos da las claves para los probables resultados sociales y climáticos.

Tomemos como ejemplo el proyecto MDL analizado por la CFI para ser aplicado en Adilabad, en el estado de Andhra Pradesh. La CFI vio la posibilidad de capturar carbono mediante la reforestación de bosques y la plantación de monocultivos de árboles en tierras no boscosas, cuyo contenido de carbono había sido liberado por las grandes y crecientes poblaciones humanas y ganaderas, el pastoreo sin control del ganado en los bosques y el avance sobre tierras boscosas y su conversión al cultivo de rotación.

La mejor opción, según la CFI, sería regenerar los bosques de teca y de especies de hoja caduca. Se había pensado que las plantaciones de eucaliptos clonados acumularían carbono más rápido y tendrían otros usos comerciales como la producción de madera y celulosa, pero serían más costosas de establecer y mantener, y seguramente las comunidades Adivasi y los activistas se opondrían, por considerarlas como una nueva forma de colonialismo.

La CFI decidió que los mejores agentes para encargarse de la regeneración de los bosques serían los grupos de ayuda mutua de mujeres (SHG). Estos grupos fueron creados en los años 90 por la agencia estatal de desarrollo intertribal, como un mecanismo para mejorar las finanzas de los hogares mediante proyectos de microcrédito y desarrollo de capacidades, y a su vez, vinculando a los hogares con las instituciones financieras y las autoridades gubernamentales. La CFI sostiene que estas instituciones son mucho más dinámicas, responsables y transparentes que otras instituciones locales tales como los comités de protección de los bosques, los cuales tienen fama de ineficientes, poco transparentes, poco confiables y complicados en sus relaciones con el departamento forestal.

Puede sonar perfecto, salvo que es difícil imaginar cómo las virtudes de los grupos de ayuda mutua de mujeres se aplicarían a la economía del carbono. La CFI afirma que solo si los SHG se unen en una federación los proyectos forestales de captura de carbono serían financieramente viables, dados los altos costos de los trámites requeridos para su preparación e implementación. Sin embargo, no explica de qué manera se formaría tal federación entre las comunidades locales, ni cómo los SHG podrían participar en los proyectos MDL y vincularse al mercado de carbono. Tampoco menciona que actualmente los SHG trabajan relativamente aislados de las instituciones del Panchayat Raj (último nivel de autoridad local formal de autogobierno en la India rural), del departamento forestal y de los comités locales de protección de los bosques.

Podría argumentarse que no hay nada de qué preocuparse todavía, y que tal vez podamos simplemente aprender a medida que avancemos. El problema es que el mero hecho de que se estén llevando a cabo estudios como el de la CFI ya legitima la idea de implementar proyectos de compensación de carbono en el Sur. Desde el exterior, serán pocos quienes noten que las conclusiones de dichos estudios son sospechosas.

Tomado y adaptado de: “Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power”, Dag Hammarskjold Foundation, Durban Group for Climate Justice y The Corner House, disponible en http://www.dhf.uu.se

- Uganda: FSC no respalda derechos de los pueblos indígenas en Mount Elgon

La organización holandesa FACE Foundation trabaja en el Parque Nacional Mount Elgon desde 1994. FACE trabaja con la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA, por sus siglas en inglés), la responsable de la gestión en los parques nacionales de Uganda. El objetivo del proyecto UWA-FACE es plantar árboles en una superficie de 25.000 hectáreas dentro de los límites del parque nacional. Hasta la fecha, UWA-FACE han plantado 8.500 hectáreas. Según el contrato con UWA, FACE Foundation es propietaria del carbono de los árboles plantados en Mount Elgon, los cuales no deberán talarse al menos durante 99 años. FACE pretende sacar una ganancia con la venta, como créditos de carbono, del carbono almacenado en los árboles. Como señala Alex Muhwezi, director de IUCN en Uganda: “FACE obtiene permiso para continuar contaminando y nosotros para plantar árboles”.

En marzo de 2002, SGS Qualifor certificó que el proyecto de plantación de árboles de UWA-FACE estaba bien gestionado según el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). El certificado se aplica sólo al proyecto UWA-FACE y no a la gestión del resto del Parque Nacional Mount Elgon. Al emitir el certificado, SGS logró ignorar casi por completo un conflicto en curso entre las comunidades locales y las autoridades del parque.

En julio de 2006, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y la ONG ugandesa Climate and Development Initiatives (CDI) visitamos comunidades en torno al Mount Elgon. Lo que encontramos es escandaloso. Los lugareños nos dijeron que la gestión del parque por parte de la UWA es brutal. En 1993 y 2002 se desalojó violentamente a aldeanos del parque nacional. Desde los desalojos, los guardabosques de UWA los han golpeado, torturado, humillado y amenazado y les han arrancado sus cultivos de raíz.

En una aldea sobre el límite del parque, un poblador nos mostró un sobre con cartuchos de balas que dispararon los guardias de la UWA. “Las balas las dispararon personas que intentaban matarnos”, sostuvo. “Algunos murieron. Otros quedaron heridos”.

Una cuestión fundamental es si SGS puede certificar solamente el proyecto de plantación de árboles de FACE Foundation o si SGS debe tomar en cuenta la gestión de la totalidad del parque nacional. SGS nunca encaró el asunto de manera adecuada.

El resumen de la certificación que SGS publicó en marzo de 2002 señala que el proyecto UWA-FACE se estaba integrando a la UWA, y que “ya que no está permitida la certificación de una parte sola de una Unidad de Gestión Forestal”, el alcance del certificado deberá abarcar la totalidad del Parque Nacional Mount Elgon. SGS preveía que “esta extensión del alcance deberá realizarse a fines de 2002 o 2003 cuando la integración sea completa”.

SGS visitó Mount Elgon en mayo de 2005 para determinar si el proyecto de plantación de árboles de FACE Foundation y UWA seguía cumpliendo con las normas del FSC. Según el “informe de supervisión” basado en esta visita, los asesores de SGS dieron cuenta de que “es necesaria una aclaración sobre el alcance exacto del certificado”. En abril de 2006, SGS realizó otra visita de supervisión. Esta vez, los asesores de SGS no volvieron a mencionar el alcance de la certificación.

Le pregunté a Gerrit Marais, de SGS, sobre el hecho de que SGS no hubiera evaluado el parque nacional, más de cuatro años después de haber escrito que el parque nacional debía evaluarse. Marais respondió que “FACE contrató a SGS para certificar la zona de ‘reforestación del bosque’ del Parque Nacional ya que esa es la única zona física de bosques sobre la cual la sociedad FACE/UWA tiene un control efectivo, siendo que la UWA posee un control independiente sobre el resto del parque. A menos que esa sociedad pueda integrarse de manera suficiente… el alcance no puede ampliarse”. En los hechos, SGS ha permitido a su cliente, FACE Foundation, decidir cómo aplicar las normas del FSC. La realidad es que la plantación de árboles de FACE Foundation dentro de los límites del parque nacional no puede separarse del resto de la gestión del parque. Es una parte integral de la gestión del parque nacional.

Pero el error más notorio de SGS está relacionado con la población indígena que vive en Mount Elgon y sus alrededores. El 27 de octubre de 2005, el juez J.B. Katutsi, del Tribunal Superior Ugandés de Mbale, falló que la “comunidad benet que reside en el subcondado de Benet, incluidos quienes residen en el municipio de Yatui y en la aldea de Kabsekek del condado de Kween y en el municipio de Kwoti del condado de Tingey, son habitantes históricos e indígenas de las zonas mencionadas que fueron declaradas Zona de Vida Silvestre Protegida o Parque Nacional”. El juez Katutsi falló que se deben eliminar las restricciones imperantes en la zona y que los benet tienen “derecho a permanecer en las zonas mencionadas y a realizar actividades agrícolas, incluso a desarrollar las mismas sin que se les moleste”.

Los informes de supervisión de SGS no mencionan el fallo del tribunal sobre los benet. El informe de supervisión de SGS de abril de 2006 menciona a los benet una sola vez: “Fuera de la UGF [unidad de gestión forestal], la tribu benet se instaló dentro de los límites del parque nacional Mount Elgon. Es necesario evaluar el alcance de esto… para valorar la seriedad de la disputa sobre límites”.

El Principio 3 del FSC estipula que “los derechos jurídicos y consuetudinarios de los pueblos indígenas a poseer la propiedad, el usufructo y la gestión de sus tierras, territorios y recursos será reconocido y respetado”. En su fallo de octubre de 2005, el Tribunal Superior de Mbale respaldó este principio. UWA, FACE Foundation y SGS aún no lo han hecho.

Por Chris Lang, correo electrónico: ed.enilno-t@gnalsirhc, www.chrislang.blogspot.com

-Colombia: negocios de secuestro de carbono, territorios y comunidades

Pocos días atrás culminó la décima segunda sesión de la conferencia de las partes sobre Cambio Climático –COP 12-, con cuyo cierre se confirmó, una vez, más la escasa voluntad de los gobiernos y partes involucradas en buscar soluciones contundentes a la crisis climática a la cual estamos asistiendo. Lo que sí se evidenció fue el interés por promover el uso de las estrategias inventadas para solucionar la problemática climática, es decir aquellas basadas en mecanismos de mercado, destacándose en este grupo los proyectos de plantaciones forestales como sumideros de gases de efecto invernadero.

Entre los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL-, los supuestos sumideros representados en las plantaciones forestales llaman ampliamente la atención de los agentes contaminadores de los países industrializados, entre otras razones porque permiten sostener el modelo causante de la crisis climática, son posibles de realizar en países empobrecidos a costos significativamente menores de lo que valdría en sus países y finalmente representan una fuente más de riqueza.

Pero toda esa suerte de proyectos requiere, como es apenas lógico, de grandes extensiones de tierra para ser llevados a cabo, tierras que hoy en día permanecen en gran porcentaje en manos de los pueblos indígenas, negros y campesinos del mundo, que a su vez se convierten en un obstáculo para los planes de expansión de los monocultivos.

Mientras en la COP se habla de la vulnerabilidad y el fondo de adaptación al cambio climático, debería tal vez pensarse en la alta vulnerabilidad de las comunidades locales a los proyectos en mención que como veremos más adelante ya comienzan a impactar de forma negativa territorios y comunidades.

El caso colombiano no es ajeno a esta realidad, lo cual puede inferirse en las declaraciones de miembros de la delegación oficial, quienes manifestaron estar participando de la COP motivados por la posibilidad de acceder a los recursos que puedan derivarse de los negocios del MDL.

El gobierno colombiano cuenta con una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; en dicha oficina se encuentran registrados los proyectos forestales aprobados como MDL, es decir sumideros de carbono, los cuales a la fecha suman 8 aun cuando se deben contabilizar como 12 puesto que uno de ellos denominado Proyecto Forestal Nacional comprende 5 zonas del país.

La ejecución de estos 12 proyectos supone el uso de 222.885 ha, lo que representaría un incremento aproximado de 150% en el área ocupada por plantaciones en el país; sin embargo, esta cifra puede ser muy superior si tenemos en cuenta que uno solo de los proyectos plantea el uso de más de 100.000 ha sin que se tenga precisión acerca del área a ocupar. Como es de esperarse, el mayor porcentaje de especies a emplear corresponde a exóticas, tales como pinos, eucalipto, teca, melina y acacias.

A la fecha, únicamente dos de estos proyectos se encuentran en etapa de desarrollo en campo, permitiendo la evaluación parcial de uno de ellos y la identificación de visibles irregularidades y/o aspectos preocupantes (como ejemplo, más adelante se describirá la forma en la cual varios de estos proyectos se pretenden establecer dentro de territorios colectivos de comunidades indígenas).

Si observamos con mayor detenimiento uno de los proyectos en ejecución desde 2002, denominado Procuenca, tenemos que para abril de 2006 contaba con 3.200 ha de plantaciones establecidas, 60% correspondiente a pinos y eucaliptos. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Hagamos mención de los “contratos de cuentas en participación”, figura mediante la cual el proyecto involucra a los propietarios para que éstos pongan las tierras en las cuales se establecen las plantaciones y se les otorga un préstamo destinado a la reforestación comercial, dinero procedente de Certificado de Incentivo Forestal -CIF.

Lo anterior significa que el establecimiento de las plantaciones está siendo financiado con recursos del Estado colombiano, pero paralelamente lo hará con recursos provenientes de la venta de bonos de reducción de emisiones dentro del marco del MDL; en tal sentido, este proyecto es uno de los más avanzados, si no el más, en la negociación de bonos en el país. Respecto a estos dineros, los propietarios tienen claridad en cómo se distribuyen finalmente los recursos provenientes del CIF destinados a cubrir parte de la deuda adquirida, sin embargo no manejan ninguna información sobre cómo se distribuirán los recursos provenientes de los bonos de carbono, los que llegarán a manos del proyecto y no directamente de los ejecutores.

De otra parte, entre los actores involucrados en este sumidero aparecen aquellos identificados en el marco internacional como agentes con claros intereses en el negocio y el mercado de carbono; para citar algunos, además de los consultores particulares, tenemos a la FAO, que ha sido llamada a cumplir con las funciones de administración y asistencia técnica en aras de dar transparencia al proyecto; por otra parte, aparecen las grandes ONGs como Conservación Internacional (CI), encargada del componente de adicionalidad representada en el diseño de corredores biológicos. Al mismo tiempo, esta organización y el Banco Mundial se vislumbran como los dos principales clientes para la venta de los bonos en el mercado de los MDL.

Pasando ahora a los proyectos en espera de comenzar su ejecución, encontramos el correspondiente al Parque Nacional Natural Paramillo, donde de entrada debe cuestionarse la realización de una actividad forestal productiva dentro de un territorio cuyos usos están tácitamente restringidos a la investigación, la educación ambiental y la recreación pasiva. El objetivo presentado en este caso es el establecimiento de plantaciones forestales como estrategia para generar alternativas económicas para pequeños propietarios, garantizar la protección del parque nacional y fortalecer la conservación, lo cual es absurdo de concebir al sopesar este objetivo con los impactos generados por las plantaciones forestales, su manejo, aprovechamiento y en general por el modelo al cual están sujetas.

Por último, se tienen los proyectos diseñados para establecerse en territorios de comunidades indígenas. Uno de ellos se encuentra en la zona plana del departamento de Córdoba, el mismo donde se ubica el del Parque Paramillo; en éste el objetivo es el establecimiento de 1.500 ha de plantaciones para generar beneficios económicos para las comunidades indígenas, debemos suponer pertenecientes al pueblo Zenú que habita esta región.

El otro proyecto llamado Renacimiento de la Orinoquía pretende establecer más de 100.000 ha de plantaciones de palma aceitera, pino, eucalipto, caucho y acacias, entre otras especies, en los llanos orientales, específicamente en el departamento de Vichada; con el supuesto objetivo de generar alternativas económicas para la población indígena local. Lo primero que llama la atención aquí es el uso de territorios pertenecientes a comunidades indígenas; involucra las áreas de Marandua, Carimagua, Cimarron y el resguardo Wacoyo.

Otro asunto es la falta de especificidad del área a utilizar, puesto que para esta misma zona se presentó hace unos meses ante la Unión Europea la propuesta de crear allí el más grande sumidero de carbono del planeta, 3 millones de ha. Tal labor estuvo a cargo de Carlos Gustavo Cano, actual miembro de la junta directiva del Banco de la República, pero otrora ministro de agricultura encargado de presentar la actual ley forestal ante el Congreso, la misma que eliminó todo el control que existía para el establecimiento y manejo de plantaciones y facilitó la inversión de capital privada en la explotación de las selvas colombianas.

Los dos últimos proyectos representan una serie de amenazas para los territorios y las comunidades indígenas del país. En primera medida está el escenario creado por la ley forestal, la cual eliminó el requisito de solicitar permiso para el establecimiento de plantaciones, limitándolo sólo al registro de las mismas, lo que significa que ahora no se hace revisión si los monocultivos se superponen con territorios colectivos, zonas de protección o conservación, condiciones que imposibilitarían estos proyectos. Lo mismo sucede con el tema de aprovechamiento y manejo de las plantaciones.

Por otra parte, se tiene la violación al legítimo derecho de las comunidades indígenas a la “Consulta Previa”, lo cual se logra durante el presente gobierno mediante la creación de una nueva reglamentación que limita la consulta a proyectos que requieran “Licencias Ambientales”, lo cual como acabamos de ver fue eliminado para el caso de las plantaciones por la ley forestal. De esta forma, las comunidades no tienen la posibilidad de decidir sobre las actividades pensadas por terceros para instalar en sus territorios, con los impactos venideros que ya hemos descrito.

Por Diego Alejandro Cardona Calle, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, correo electrónico: gro.tasnec@seuqsob

- Conferencia sobre el Clima: ONGs exigen la exclusión de los árboles transgénicos del MDL del Protocolo de Kyoto

En 2003, un comité de la Novena Conferencia de las Partes (COP 9) del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Milán, resolvió que los árboles genéticamente modificados (o transgénicos) podían usarse en las plantaciones establecidas en virtud del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para que supuestamente compensaran las emisiones de carbono de las fábricas del Norte industrializado.

En respuesta, una red internacional de grupos se juntó para exigir a la ONU la exclusión de los árboles transgénicos del Protocolo de Kyoto. Estos grupos pensaban que la resolución que permitía a las corporaciones vender “créditos de carbono” se había vuelto aun más problemática con la inclusión de plantaciones de los riesgosos árboles transgénicos como sumideros de carbono: solamente servía para empeorar una situación de por sí muy mala (véase el boletín Nº 80 del WRM).

CAN (Climate Action Network) es una red global de ONG ambientalistas de todo el mundo que trabaja en la promoción de acciones gubernamentales e individuales para limitar el cambio climático inducido por la actividad humana. Esta red también había pedido que se excluyeran los monocultivos forestales del MDL alegando que las grandes plantaciones comerciales amenazan la diversidad biológica, la protección de las cuencas y la subsistencia local sustentable. Además, solicitaron la estricta exclusión de especies invasivas o genéticamente modificadas de los proyectos de forestación y reforestación del MDL.

Este año la COP 12 del Convenio sobre el Cambio Climático se reunió en Nairobi, Kenia, entre el 6 y el 17 de noviembre. Una vez más se presentó la petición de que se prohibieran los árboles transgénicos en las plantaciones designadas como sumideros de carbono.

“Debe prohibirse la liberación de los árboles genéticamentemodificados en enormes plantaciones para almacenar carbono”, declaró Anne Petermann de Global Justice Ecology Project. “La fuga de polen o semillas de árboles GM a bosques nativos provocaría impactos ecológicos graves y totalmente impredecibles que podrían afectar la capacidad de almacenamiento de los bosques, lo que empeoraría el calentamiento global”, añadió. Por su parte, Andrew Boswell de Large Scale Biofuels Action Group afirmó que “A la luz de la resolución precautoria de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica sobre los árboles transgénicos, de marzo de 2006, exhortamos a los países del Sur a ser resueltamente prudentes en la adopción de tales tecnologías que no están bajo su control y que probablemente no los beneficien”.

Desgraciadamente, el Convenio sirvió de foro a los grandes intereses que se preocupan muy poco por el medio ambiente y las personas y demasiado por el dinero (véanse las “Noticias desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP 12” aquí).

Artículo basado en: “CAN Recommendations: Modalities for Including Afforestation and Deforestation under Article 12”, COP 9, diciembre de 2003; “Soluciones” falsas & destructivas al calentamiento global: Grupos condenan la producción de biocombustibles en gran escala, los árboles y cultivos de ingeniería genética y los monocultivos de árboles”, comunicado de prensa en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Nairobi, Kenia, 16 de noviembre de 2006.

Movimiento Mundial por los Bosques
Boletín número 113 - Diciembre 2006
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