Honduras: violencia extrema contra comunidades campesinas en el Bajo Aguán

Desde hace varios años, aproximadamente 3500 familias campesinas han venido reclamando su derecho a la alimentación con el acceso a tierras de vocación agrícola en un ambiente colmado de conflictos agrarios con los principales productores de palma aceitera de la región. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en sus actividades de monitoreo, han concluido que las comunidades campesinas en la región se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades. Los testimonios de víctimas, familiares y testigos señalan a los cuerpos de seguridad pública y privada como responsables de muertes, torturas, amenazas y hostigamiento en contra de las comunidades campesinas.

Este caso requiere su ACCIÓN URGENTE escribiendo a la Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, Abogada Sandra Ponce, para demandar la investigación de los asesinatos, el cese de la represión y la efectiva resolución del conflicto agrario conforme a las obligaciones del estado con el derecho a la alimentación. Por favor enviar copia al secretariado internacional de FIAN que los entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatores Especiales de Naciones Unidas, instituciones de la Unión Europea y otras instancias intergubernamentales.

Antecedentes

La degradación del respeto y de la protección de los derechos humanos en Honduras ha sido una constante desde el quebrantamiento del orden constitucional con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, como lo han documentado informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas y organismos no-gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales.

Una de las regiones más afectadas por la tensión y represión ha sido el Bajo Aguán. Las comunidades campesinas denuncian un clima generalizado de miedo y terror provocado por las continuas amenazas y hostigamientos, secuestros y torturas perpetrados por militares, policías y guardias de seguridad de los empresarios de la zona. Durante la década de los 90, empresarios de la región acapararon gran parte de las tierras fertiles en las cuales cultivan palma africana.

Desde 2000, FIAN ha dado seguimiento a conflictos agrarios en la zona, entre ellos el que concluyó con la entrega de tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a familias campesinas sin tierra. Gracias a su lucha organizada, el apoyo de organizaciones nacionales y el monitoreo internacional lograron que se les asignara la mayor parte de las 5.700 hectáreas. Sin embargo, aún no se ha logrado la transferencia de lo que resta, por falta de voluntad y capacidad de las autoridades de recuperar esas tierras del estado en manos de empresarios influyentes.

En marzo de 2011, seis redes y organizaciones internacionales, entre éstas FIAN, realizaron una misión investigadora sobre las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán. El Informe de la misión ( ver enlace aquí) documenta en detalle la situación de extrema violencia e impunidad, en que se encuentran los movimientos campesinos, víctimas de permanentes atropellos y violaciones al derecho a la vida, a la integridad de la persona, a la alimentación, salud, vivienda y educación, sin que sean debidamente investigados ni sancionados por las autoridades.

El informe de la misión, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, indica que los desalojos forzosos contra las comunidades fueron ordenados y ejecutados violando las normativas internacionales de derechos humanos.

Las disposiciones legales vigentes y los convenios políticos establecidos entre las partes sobre los distintos conflictos del Bajo Aguán contemplan la transferencia y el saneamiento legal de las tierras del anterior CREM más un total de 11.000 hás de tierras incluídas en el acuerdo del 13 de abril de 2011, firmado por la Presidencia de la República y la dirigencia campesina. A pesar de algunos avances y transferencias parciales, el conflicto agrario está lejos de ser resuelto.

Cabe agregar que se ha visto una clara política del estado de criminalizar la lucha campesina y militarizar la zona. Hasta julio de 2011, por lo menos 162 campesinos miembros de organizaciones en la zona del Bajo Aguán han sido procesados. A mediados de agosto, el gobierno autorizó una nueva operación militar permanente en la zona (Xatruch II), con el despliegue de mil efectivos policiales y militares, lo que implica el riesgo de mayor violencia contra las comunidades campesinas. En las seis semanas posteriores, fueron asesinados cuatro campesinos y una campesina, entre ellos dos de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán.

Mandato de FIAN

Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud y educación, el derecho a la integridad de la persona.

ACCIÓN

Por favor, envíe la carta modelo en español vía correo electrónico a la Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, Señora Sandra Ponce, para demandar la investigación de los asesinatos, el cese de la represión y la efectiva resolución del conflicto agrario conforme a las obligaciones del estado con el derecho a la alimentación. Por favor enviar copia al secretariado internacional de FIAN que los entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas, instituciones de la Unión Europea y otras instancias intergubernamentales.

Por favor, informar a FIAN de cualquier respuesta que reciba a sus cartas.

Carta en Idioma Original:

Estimada Abogada Ponce:

Por medio de la presente le manifiesto mi profunda preocupación por la alarmante situación de violencia y represión contra las comunidades campesinas en el Bajo Aguán. Según información documentada por organismos internacionales de derechos humanos, fueron asesinados entre enero de 2010 y principios de octubre de 2011, 40 personas vinculadas a las organizaciones campesinas de la región. Desde hace varios años, aproximadamente 3,500 familias campesinas han venido reclamando su derecho a la alimentación con el acceso a tierras de vocación agrícola, en un ambiente colmado de conflictos agrarios con los principales productores de palma aceitera de la región. Según la información recibida, las comunidades campesinas en la región se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades. Los testimonios de víctimas, familiares y testigos señalan a los cuerpos de seguridad pública y privada como responsables de muertes, torturas, amenazas y hostigamiento en contra de las comunidades campesinas.

Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud y educación, el derecho a la integridad de la persona.

Por lo tanto, insto a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a que procure que las autoridades nacionales competentes:

- Investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales e intelectuales de estos hechos;
- Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, en particular los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo;
- Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país;
- Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, y lleven a cabo las medidas necesarias para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra conforme con las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras con el Derecho a la Alimentación.

Atentamente,

Fuente: FIAN