Ecuador: Yasunidos frente a la "Ley de semillas"

Las diferentes variedades de cultivos con las que contamos actualmente, son producto de los saberes milenarios de agricultores/as ecuatorianos que han “cruzado”, compartido y distribuido sus semillas libremente. Las semillas nativas resultantes de estas prácticas y saberes se han adaptado a los diferentes agroecosistemas locales que existen en Ecuador, contribuyendo así al aumento y conservación de nuestra agrobiodiversidad.

En ese sentido, nos preocupan sobre manera, aspectos como:

• En el proyecto de ley, los recursos genéticos son considerados patrimonio del Estado, lo cual en esencia podría sugerir que las semillas son de todos los ecuatorianos. Sin embargo, no se específica ninguna participación diferenciada del control y acceso de estos recursos entre el gobierno y los campesinos.
  El petróleo también es un recurso del Estado, pero su manejo ha sido llevado por pequeños grupos sin ningún control ni participación de los pueblos. Esto ha generado que primen los intereses económicos sobre los efectos ambientales y sociales de la explotación petrolera. En el caso de las semillas, la historia podría volverse a repetir, más aún tomando en cuenta que a nivel mundial existe cada vez un mayor control de las semillas por parte de grandes empresas transnacionales [1].
• Por otro lado, el proyecto de ley propuesto dificulta el libre acceso y circulación de las semillas nativas, puesto que las instituciones estatales ejercerían un rol casi policial frente a los campesinos y sus semillas. En su art. 54, contempla la creación de “inspectores de semillas”, quienes tendrían libre acceso a las fincas o chacras campesinas, con el fin de “controlar” la calidad y distribución de las semillas.
  Estos mecanismos de control impuestos a los campesinos y sus semillas representan una amenaza a la agrobiodiversidad y pueden degenerar en la criminalización de los mismos.
• El proyecto, supone además una grave amenaza para la Soberanía Alimentaria, garantizada en el art. 281 de nuestra Constitución, al requerir que tanto las semillas nativas como las comerciales cumplan con normas fitosanitarias elaboradas para su control, lo que implica obligar a los campesinos a que cumplan los mismos estándares que las grandes empresas semilleras, para poder distribuir y circular sus semillas nativas, no especifica normas diferenciadas. No es lo mismo una semilla nativa que una comercial.

En este contexto, consideramos sumamente riesgoso que este proyecto de ley de semillas (que la asamblea pretende aprobar en segundo debate, este jueves 4 de mayo), no tome en consideración las preocupaciones expresadas por movimientos campesinos, indígenas, ecologistas y de consumidores.

Frente a la cada vez más escasa participación de la sociedad civil dentro de los procesos legislativos, nos preguntamos:

• ¿Son las consultas pre legislativas no vinculantes, una herramienta legítima de participación ciudadana?
• El proyecto de Ley de Semillas, tal y como está planteado, ¿atenta con repetir los errores de la política extractivista de petróleo y minerales, en un sector fundamental para el país como el sector agrícola?.

Señor Licenciado Lenin Moreno, garantizar el libre acceso y circulación de las semillas nativas en nuestro país y escuchar las opiniones de los/as campesinos/as al respecto, son la base para construir políticas que promuevan y protejan la agrobiodiversidad, la Soberanía Alimentaria y un mejor país.

Nota:

[1] Se pude ver un interesante informe del grupo ETC al respecto, en el siguiente link: Ver aquí

Fuente: Yasunidos