Cultivando semillas de esperanza, finalizó el Congreso en Jambaló en Colombia

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y los líderes tradicionales de las distintas comunidades reunidas lograron mantener deliberando a todos los participantes del evento, durante más de ocho horas diarias, en temas trascendentales como la educación, la salud, los modelos económicos, la política y, muy especialmente, el derecho propio, para concluir en una asamblea multitudinaria en la que se tomaron decisiones que buscan incidir de manera fundamental no sólo en el proceso político y organizativo de los pueblos del norte del Cuca, sino también en el movimiento indígena colombiano.

Los debates concernientes al tema de economía, permitieron colegir que el neoliberalismo ha arrojado efectos nefastos a las comunidades indígenas, generando una mayor pobreza y una alarmante exclusión; que las políticas agropecuarias no tiendan a una concentración de la producción en modelos insostenibles, generando una grave dependencia y una pérdida de la soberanía alimentaria. En tal sentido, los indígenas expresaron la urgencia de tomar medidas contra la liberalización comercial y económica, plantear una contrarreforma agraria y modificar la política de privatización de la economía.

La comisión política denunció que la respuesta del Estado colombiano a sus legítimas demandas ha sido mantener la militarización en sus regiones y la persecución a sus organizaciones, así como la realización de programas, planes y proyectos que llevan a la privatización de los recursos naturales, bienes y servicios, y a la exclusión de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan.

Debido a que para los pueblos indios la tierra es sagrada, así como son sagrados todos los seres que habitan en ella y el saber ancestral que sus pueblos han acumulado en relación con su entorno, el Congreso rechazó tajantemente las políticas tendientes a expropiar su saber antiguo y sus recursos naturales, afirmado que están resueltos a tomar medidas tendientes a lograr el reconocimiento constitucional de sus tierras y territorios ancestrales, sin permitir que se ejecute un solo proyecto en su territorio sin su participación, consulta y aprobación.

En igual sentido, exigen el reconocimiento de su inalienable derecho a la libre determinación, expresado en la autonomía y en la posibilidad de ejercer su capacidad para decidir su destino en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tales como la economía, la política, la procuración y administración de justicia, los asuntos territoriales, la cultura, la educación y todos los aspectos sociales, así como el reconocimiento de su existencia como pueblos indígenas, para que puedan gozar de su derecho a establecer libremente su condición política, cuidando, protegiendo y promoviendo su propio desarrollo social y cultural.

Frente a estas consideraciones se fijaron como tareas: la defensa de la autonomía, la historia, la cultura y las tradiciones indígenas, así como de sus territorios mediante la recuperación de las tierras de los resguardos que han sido usurpadas. Se proponen contribuir de manera significativa con el impulso de las organizaciones económicas comunitarias y propender por una educación bilingüe y bicultural, bajo el control de las comunidades. La recuperación y el impulso de la medicina indígena y la institución de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades, constituyen otra premisa fundamental en su plan de acción así como la aplicación de las disposiciones legales favorables a los indígenas y la solidaridad con las luchas de los oprimidos y explotados.

Para concluir, es importante resaltar que este evento constituyó una muestra más de la inteligencia y la resistencia que los pueblos indígenas han demostrado ante los múltiples intentos del exterminio, inmovilización y cooptación por parte de la sociedad mestiza.

Diciembre de 2002