Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Según cifras de la Defensoría del Pueblo 282 homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH entre el 01 de Enero del 2016 y el 27 de Febrero de 2018 y en lo corrido de este año más de 90 líderes asesinados."

“Lamento profundamente que nos hayan impedido asistir a estas importantes negociaciones en donde se discuten temas clave de biotecnología, en un momento en que África está plagada de multinacionales que quieren imponer los transgénicos y destruir la hermosa biodiversidad del continente”, expresó Tapsoba en una declaración escrita.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenaron los crecientes asesinatos de activistas e integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala.

"Este no es un hecho aislado, en un país donde el 85 % de las tierras está en manos del 2, 5 % de propietarios principalmente latifundistas dedicados al agronegocio y la ganadería a gran escala".

Los ocho son acusados por el Ministerio Público del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

Dos graves hechos recientes han conmovido a la comunidad de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). Ambos ocurrieron en Argentina, e involucran a altos funcionarios gubernamentales.

En el lapso de un mes, entre inicios de mayo y junio del presente año, fueron asesinados siete defensores comunitarios de derechos en sus respectivos territorios: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, pertenecían al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Ramón Choc y Mateo Chamam, defensores del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y Juan Xol Can defensor perteneciente a ambas organizaciones.

En el marco del caso Maldonado, denuncian a la ministra Patricia Bullrich ante la CIDH. Los abogados peticionarios de la medida cautelar ante la CIDH por Santiago Maldonado denunciaron que fueron objeto de “una campaña difamatoria y calumniosa iniciada” por la ministra de Seguridad. La Comisión Interamericana aceptó abrir el caso.