Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social."

"Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo".

Concluyó el primer ciclo del Juicio a la Justicia Patriarcal del Tribunal Ético Popular Feminista con la realización de la primer sentencia que pone en evidencia la violencia y complicidad del Poder Judicial al legitimar violencias y crímenes que responden a la lógica machista, racista y clasista.

Desde el 2014 el poblado shipibo de Santa Clara de Uchunya de Coronel Portillo, ha perdido siete mil hectáreas de bosques primarios producto de la tala ilegal de traficantes contratados por empresa extranjera dedicada al cultivo de palma aceitera.

"Durante este encuentro, se abordaron los diferentes contextos nacionales y los numerosos casos de criminalización que los defensores y defensoras de derechos humanos han tenido que confrontar, a causa principalmente de la defensa del territorio".

"Las mujeres indígenas en América Latina han jugado un papel muy importante en la lucha contra la privatización y mercantilización de sus recursos naturales, reivindicando cosmovisiones de respeto a la Madre Tierra que confrontan la visión individualista y utilitarista de la economía neoliberal. Sus cuerpos están siendo utilizados como mensajes en una pedagogía del terror que se propone desmovilizar a sus pueblos. Paradójicamente esta estrategia para sembrar el miedo ha tenido como respuesta una mayor organización de las mujeres por la vida."

El asesinato de ocho dirigentes indígenas y campesinos en solo tres meses es un hecho repudiable desde todo punto de vista. Demuestra la existencia de un patrón sistemático de eliminación de líderes de organizaciones que defienden sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la tierra, entre otras reivindicaciones.

"Juana Raymundo, quien además se desempeñaba como enfermera, formaba parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) desde hace cinco años. Hasta antes de su asesinato, ella estaba a cargo de la coordinación de CODECA en la microrregión Nebaj Quiche".