México: Los wixaritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán defienden su territorio de una carretera ¡No está difícil: NO es NO!

La historia del rechazo por parte de la comunidad es larga y se remonta a casi 6 años, pero la ceguera y sordera de las autoridades estatales y federales, orillaron a la asamblea de la comunidad a detener la maquinaria y plantarse para impedir que se siga construyendo la carretera. Unos mil comuneros, hombres, mujeres, ancianos y niños, están instalados, en asamblea permanente en el paraje conocido como Ciénega de Caballos-El Reventón, que se encuentra en tierras propiedad de la comunidad de Santa Catarina.

Las razones del rechazo total a la carretera las han dado a conocer en diversas cartas y comunicados, tanto las autoridades comunales y tradicionales, como la Asamblea como autoridad máxima de la comunidad, pero nadie los ha escuchado.

Por el contrario la campaña de mentiras, confusión y amenazas, orilló a que algunas autoridades comunales firmaran documentos de aceptación, incluso se llevó a cabo una asamblea que no cumplió con las formalidades de la ley para ser válida, en donde una minoría aprobó la carretera, desconociendo los acuerdos firmados con anterioridad.

Sin embargo, la confusión creada por el gobierno mexicano contrasta con la claridad que en estos momentos tiene la comunidad de Santa Catarina para defender su territorio, mucho mas allá del enredo legal, administrativo, ambiental, de los estudios de impacto ambiental, los ordenamientos ecológicos, el incumplimiento de la legislación forestal y ambiental.

La asamblea de la comunidad tiene claro que la carretera Huejuquilla-Amatitán no les traerá ningún beneficio. Se les quiere imponer de manera autoritaria, sin consulta. No fue una carretera que ellos hayan solicitado, no soluciona el problema de fondo —que tiene que ver con el mal estado en que se encuentran todas las brechas y caminos que llevan a las localidades. En la asamblea ordinaria del 10 de noviembre de 2007, después de varios días de discusión, rechazaron la carretera y llegaron a 12 razones por las que se oponen a la construcción y que reflejan su saber ancestral, sobre como cuidar su territorio, mantener unida la comunidad y fortalecer su autonomía y están claros desde entonces que: “las facilidades las van a tener los comerciantes externos, los programas de gobierno y los proyectos de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a saquear los recursos naturales y explotar a la gente”.

Las razones invocadas en dicha asamblea pueden resumirse en los siguientes puntos: una carretera propiciará el “saqueo, la explotación y el tráfico de flora y fauna; habrá “afectación de los mantos acuíferos”, “contaminación ambiental por la introducción y proliferación de basura inorgánica”, por ejemplo gran cantidad de plásticos; “será un factor que atente contra la autosuficiencia y la autonomía de nuestro pueblo. Se intensificará “el alcoholismo y los accidentes automovilísticos”; “divide al territorio comunal en dos partes”, lo cual ya de por sí es grave, pero además “los comuneros que viven y tienen sus animales de sustento básico se les dificultará cruzar la carretera”, y también un camino así dará pie al abigeato”. Algo que molesta mucho en la comunidad es que la carretera “atenta gravemente a la cultura por la presencia de elementos de seguridad que desconocen nuestros usos y costumbres de los centros ceremoniales” y de gente ajena que tendrá acceso, sin ningún control comunitario, a los lugares sagrados, centros ceremoniales y a la vida cotidiana del pueblo wixarika.

Y la asamblea está en lo cierto. Desde el mes de septiembre de 2007, se emitió la Convocatoria de Licitación Pública, y ya en el mes de octubre del año pasado, la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (SEDEUR), había hecho las adjudicaciones directas de 124 millones de pesos a 12 empresas constructoras diferentes para la “construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y trabajos diversos de la carretera Amatitan-Huejuquilla”, dividiendo la carretera en 12 tramos diferentes. Todavía no avanzan en la construcción de la carretera y ya se encuentran en puerta varios proyectos del gobierno y de la CDI, como es el proyecto de ranchos cinegéticos, y proyectos de eculturismo, que han sido anunciadas por el gobernador.

Las autoridades federales, estatales y municipales, no pueden dar solución ante la demanda de que la carretera simplemente no se haga. No han entendido ni entenderán, porque sus prioridades son otras. La afectación que ya han causado a la propiedad comunal es violatoria de las leyes nacionales e internacionales, que señalan que ningún particular podrá ser molestado en sus bienes y propiedades, además de la protección especial que por ser tierras indígenas, emanan de la legislación internacional.

La indemnización, planteada por algunas personas de la comunidad y organizaciones ambientalistas no puede ser la solución, pues implica aceptar que la carretera se realice y convertir la propiedad de las tierras comunales en propiedad federal, además de que claramente el gobierno prefiere que el dinero invertido se vaya en el ramo de “obra social” a tener que pagar una indemnización por la expropiación de las tierras de la comunidad huichola.

Al plantón han llegado varios representantes de instancias gubernamentales que se encargan de ir a convencer a la gente de que acepten la carretera “ya que es en su beneficio”. La asamblea una vez más les pide que se retiren de su territorio ya que su decisión es firme desde hace años. Aunque los funcionarios no hayan escuchado ni respetado esta decisión. La asamblea sólo quiere hablar con los titulares de las dependencias ya que no se sienten escuchados por los funcionarios intermedios.

Uno de estos funcionarios dice: “¿Por qué no quieren aceptar la carretera si es en beneficio de ustedes mismos? Así con ella sus enfermos ya no morirán en el camino”. Curiosamente desde hace más de medio año, la comunidad la comunidad ha sufrido, y pronto denunciará las anomalías e irresponsabilidades justo en el punto de salud: más de la mitad de las muertes que se presentan en las comunidades wixárika ocurren como consecuencia de la negligencia, el menosprecio, el racismo y la negación de atención por parte de médicos, médicas y personal hospitalario. La mayoría de la gente enferma llega a tiempo a los hospitales y muere ahí o sin que se les brinde la atención: simplemente los remiten a otros hospitales o los regresan a su comunidad. En un caso reciente, una señora que llegó a tiempo en estado de parto le dijeron: “no tiene nada, regrese a su comunidad”, la señora y su bebé murieron camino a su casa debido a una hemorragia. Otro señor que se cayó del caballo y tenían que operarlo de la muñeca, sólo por eso murió en la cama de cirugía por una razón que no les explicaron en el hospital.

Para los funcionarios, los famosos “estudios de impacto ambiental” son la viabilidad de la construcción de la carretera, es decir, la asistencia de técnicos y estudiosos para hacer un estudio de la ubicación de los ojos de agua oral manantiales, pero para facilitar la mezcla de los materiales, y ver donde están los bancos de materia prima ya que por lo menos cada 10 kilómetros tiene que haber bancos de grava y otros materiales y ver cómo facilitar la construcción y no gastar mucho dinero en dinamita y gasolina que usa la maquinaria. Y la conclusión de los estudios es que todo eso se recuperará gracias al proceso de “ sucesión natural” en unos 30 o 40 años, como si la gente apenas entonces necesitara de su bosque, tierra y agua para vivir.

Pero la visión de los funcionarios, es que, “afortunadamente” hay desarrollos forestales, mineros y sobre todos los turísticos, ecoturísticos o eculturísticos, para que la gente no se quede sin trabajo y tenga una “economía propia”.

A los 12 años de la traición del gobierno al convertir los Acuerdos de San Andrés enuna ley que niega sus derechos y además clausura los logrados por los luchadores, uno de los comuneros, Lauro Carrillo Carrillo afirma que a nivel nacional y estatal con su famosa ley indígena de Jalisco esta traición es evidente en el proyecto carretero pues la comunidad no fue tomada en cuenta para su realización. “Ésta es la prueba de cómo hace los procedimientos el gobierno”, y desconfía, ya que negociar con ellos es una pérdida de tiempo.

Ésta es la complejidad del problema. Una vez más no se respeta el derecho de la libre determinación en un territorio, del pueblo wixárika.

Para Jesús Minjares, “la carretera es la puerta de entrada de todas esas maquiladoras y empresas, pero sobre todo la amenaza para la desaparición de su cultura, de ellos mismos, hay que sentir y pensar en todos los antepasados, abuelos y familias que han vivido allí, han muerto y han dejado su espíritu entre ellos, y sentir el gran compromiso que tenemos como wixaritari por cuidar su territorio para los presentes y los futuros”.

En estos momentos, la situación es tensa, la comunidad indígena de Tuapurie-Santa Catarina, ha decidido que no dialogará con los gobiernos, hasta que se presenten los titulares de las principales dependencias administrativas, federales, estatales y municipales, y mientras tanto no permitirán que las máquinas avancen sobre el su territorio, sus lugares sagrados, sus manantiales de agua y su autonomía. El gobierno ha respondido enviando todos los días mas policía estatal y municipal, colocando retenes que violan la propiedad de la comunidad. Por ello, urge la solidaridad nacional e internacional con la lucha de este pueblo que ha demostrado tener la fuerza para resistir y seguir en el cuidado del territorio que ha sido heredado por sus abuelos y se han comprometido a cuidar.

Yessica Alquiciras, Claudia Gómez, Evangelina Robles, José Godoy, Diego Echeverri, Colectivo Coa; Ramón Vera Herrera, Biodiversidad y Ojarasca; Venustiano Vázquez Navarrete, Comunidad Indígena Wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlán; Margarita Robertson, Alejandro Martinez, Gabriela Martinez, Armando Abreu, Tania Flores, Sofia Ortega “Territorios” y UACI. Margarita Sierra, Congreso Ciudadano, Gaston Michanie, Rocio Moreno B.