Argentina: indiferencia, oídos sordos y represión

Mientras tanto, el problema habitacional y la vulneración del derecho a una vivienda digna se agudiza en las grandes urbes. A pesar de contar con leyes nacionales que amparan los derechos indígenas, el gobierno de Formosa desoye constantemente el reclamo de las organizaciones y las comunidades. Su respuesta es la represión. enREDando dialogó con dos militantes de Formosa: Pablo Chianetta, del Espacio Intercultural por el Territorio Formoseño y Reynaldo Cirigliano, docente de Pozo del Tigre.

En la comunidad qom, La Primavera, provincia de Formosa, se respira un intenso aire de injusticia y dolor. Se podría decir que en Formosa, en esta provincia relegada de la geografía argentina, muy pocas veces mencionada por las corporaciones mediáticas, el aire es, de punta a punta, dolorosamente indiferente y hostil a las realidades que viven las comunidades originarias y campesinas. Así, por lo menos, lo refleja la política que desde hace 15 años, impulsa el gobierno de Gildo Insfran.

También, aquí, en Formosa, el avance depredador del modelo sojero ha expandido la frontera agrícola con su consecuente efecto desolador: el despojo de la tierra y el desalojo de las comunidades que cuidan de ella como la vida misma. Es por eso que, al defenderla, el asesinato, la represión, la persecución, las amenazas constantes y las balas de plomo, aparecen como única respuesta de un gobierno provincial, feudal, cómplice de los intereses privados y de la propiedad privada.

El pasado 23 de noviembre, La Primavera sufrió un violento desalojo a la vera de la ruta 86, donde, desde hacía más de 4 meses, el pueblo qom mantenía un corte de ruta para exigir la restitución de 5 mil hectáreas ocupadas por emprendimientos sojeros y hasta el propio gobierno provincial. Hubo muertos, entre ellos, un policía, heridos y detenidos. En total, tres hombres de la comunidad indígena fueron asesinados: Sixto Gómez, Roberto López y días después, un delegado del Movimiento Campesino de Formosa, Mario López, tal como lo denunció en un comunicado la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA). “El miércoles 24 de noviembre el compañero Mario López, dirigente de los Pueblos Originarios, delegado del MoCaFor Movimiento Campesino de Formosa, del Pueblo Pilagas, domiciliado en la colonia Alberdi de la localidad de Estanislao del Campo, que estaba desarrollando tarea militante en su comunidad fue embestido violentamente por un automóvil conducido por un oficial de la brigada de informaciones de la Policía de la provincia, policía identificado como Pedro Arias. El compañero salía de su precaria casa para tomar la ruta nacional 81 con una motocicleta al momento que fue atropellado de frente por el policía.”

“El derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras está amparado no solo por las compromisos internacionales que el Estado Nacional ha asumido, sino también por la Constitución Nacional, y otras leyes nacionales, entre ellas la Ley Nacional 26.160 que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas”, afirma en un comunicado, la organización Amnistía Internacional. En este mismo documento, detalla la persecución que días antes a la represión padecían los integrantes de La Primavera. “La semana pasada, Félix Díaz, líder de la comunidad, se comunicó con Amnistía Internacional Argentina para expresar su preocupación porque estaba sufriendo amenazas de próximos desalojos de la ruta por parte de criollos vecinos y de gendarmería, impulsados por el gobierno provincial. En la mañana de ayer (22 de noviembre) pobladores no indígenas que declaran ser propietarios de una porción de tierra que los indígenas reconocen como parte de sus tierras tradicionales acompañados por la policía hicieron un primer intento para desalojar a una familia sin orden judicial y quemar la casa. La comunidad pidió la orden judicial, pero no la mostraron. Mientras los policías se alejaron del lugar, miembros de la familia Celias, una familia criolla que ocupa la tierra indígena Qom, armados y montados a caballo dispararon contra el dirigente Qom, Félix Díaz”

El Pueblo Qom de La Primavera en su blog, donde narran los hechos de represión y alzan sus voces de reclamo y reconocimiento de sus derechos, sostienen: “solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley de emergencia territorial 26.160. Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quiso hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. Y la provincia intenta culparnos. ¿Hasta dónde llegarán?”

Emergencia territorial, ordenamiento y modelo sojero

La situación que atraviesa La Primavera en Formosa no es aislada, sino que responde a todo un modelo de emprendimientos sojeros y expansión de la frontera agrícola que se repite en otras provincias del país e incluso, que padecen otras comunidades indígenas de Formosa. La situación política de la provincia es preocupante. El silencio del gobierno nacional, también.

Para conocer más a fondo el panorama que atraviesan las comunidades y los movimientos sociales en Formosa, recurrimos a la mirada de Pablo Chianetta, integrante del Espacio Intercultural por el Territorio Formoseño y referente de la Asociación para la promoción de la Cultura y el Desarrollo. “Nosotros visualizamos que esto viene sucediendo, tal vez no con muerte o con un ataque a mansalva del accionar policial y del poder político, pero la forma de accionar es coherente con el ejercicio y la imagen de democracia que tiene este gobierno de Formosa. Tememos a futuro por los acontecimientos que puedan desarrollarse”, expresa Pablo, con suma preocupación.

“El gobierno tuvo 120 días anteriores de posibilidades de diálogo, y mucho antes de que se realizara el corte como una movida de movilización y visibilización del grupo para poder llegar a una mesa de diálogo, el poder político de Formosa tenía herramientas y el poder judicial también, pero en ningún caso se han acercado a escuchar cuál es el reclamo, la pregunta, el interrogante que tenía la gente de La Primavera, y ese accionar se repite permanentemente, y cuando un grupo social desarrolla una medida de movilización por algún conflicto, el gobierno mete la cabeza abajo y directamente no escucha. Este paradigma de la construcción de poder que hace este gobierno lleva a que no podamos desarrollar herramientas de diálogo de ningún tipo”.

Desde el EITF, con más de 25 años de historia, vienen impulsando un análisis profundo de la situación de la tierra en Formosa, a partir de dos leyes nacionales existentes. Una de ellas, la ley 26.160. “La de Emergencia Territorial e Indígena 26.160 frenaba todo tipo de desalojo de conflictos territoriales y de tierras a las comunidades indígenas y en ese período, mientras tanto se deberían producir los ordenamientos jurídicos, técnicos y catastrales a través de un equipo técnico conformado con participación indígena, de organizaciones sociales y de los gobiernos provinciales. Prácticamente no se pudo avanzar con esa ley y es así que el Congreso Nacional tuvo que sacar una segunda ley donde prolonga la vida de la primera 3 años más porque los ordenamientos no se habían llevado a cabo. Y aquí, en Formosa, el órgano de aplicación nacional, que es el INAI, ha dicho que el gobierno provincial no tiene voluntad política de ejecutar y operativizar la ley 26.160 y lo justifica diciendo “en Formosa los indígenas no tienen problema de tierra”. Lo de La Primavera lleva a la antípoda esto, sí hay problemas de tierra en Formosa, necesitamos ejecutar y que se frenen los desalojos, pero a pesar de tener los instrumentos legales, la ejecución en el terreno, fue la violencia, la muerte, el corrimiento”, señala duramente Pablo Chianetta.

Por otro lado, el militante señala la existencia de otro importante mecanismo legal, la reciente Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331, la conocida “Ley Bonasso”. “Es una ley nacional, que establece que las provincias deben realizar un ordenamiento de los bosques nativos, teniendo en cuanta el pensamiento y las ideas que los habitantes de los bosques tienen, especialmente los pequeños productores y las comunidades indígenas. La provincia saca una ley donde no participan las comunidades involucradas, a pesar de que innumerables veces le hemos, por medio de cartas, de conversaciones, en las audiencias públicas, instado la participación real. Hemos llevado propuestas que no fueron tenidas en cuenta. Esta ley le pone un cerrojo a las comunidades en cuanto a su ambiente. Y en el mediano y largo plazo, un collar que va a ir constriñendo a las comunidades a una titularidad de tierras reducida sin poder expandirse a lo que le llamamos el territorio, un ambiente donde se desarrollan las relaciones culturales, sociales, y religiosas de un pueblo”.

Este es el principal reclamo y preocupación del gran conjunto de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Formosa: la existencia de leyes nacionales que no son cumplimentadas en el territorio formoseño, y, la indiferencia y la nula participación social en la ejecución de los ordenamientos en la provincia. “Tenemos buenas leyes nacionales y un ordenamiento en las provincias que no respeta ni siquiera un derecho fundamental que es la participación. Ni siquiera somos contemplado en la mesa de las negociaciones”.

En este sentido, Chianetta también reconoce que la problemática y la situación de Formosa se repite en otras provincias como Salta, Córdoba, Corrientes o Chaco. “Hay procesos reales vergonzosos en cuanto a los instrumentos legales que las legislaturas correspondientes han dado a luz en cuanto a los ordenamientos en sus provincia. Hay que tener una mirada un poco más amplia, hay intereses que están contrapesando sobre los intereses de las poblaciones. El 70% de los bosques ha desaparecido y la velocidad de desarrollo con que se establece la expansión de la frontera agrícola y ganadera va a hacer que la desaparición de los bosques nativos sea un poco más veloz.”

Formosa, el miedo y la constante indiferencia

“La gente sigue con mucho miedo”, apunta Pablo. A pesar del levantamiento del corte de la ruta 86, se percibe el temor al interior de las comunidades, sobretodo en La Primavera, donde el conflicto, lejos de solucionarse, continúa latente. “La gente fue muy golpeada, fue presa, hay abuelas y niños en comisarías, gente que no fue atendida en los hospitales. Hay gente que tuvo que escapar por los bosques, como Félix Díaz. Esto es lo que ha pasando. Hay miedo y hay una indefensión jurídica en cuanto a lo que sería la justicia en la provincia. Es una justicia que está de la mano del poder ejecutivo. Por otro lado, una de las medidas que vemos es la necesidad de articulación entre los distintos sectores sociales.”

En este sentido, numerosas organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, organismos internacionales han dado su voz de respaldo a la comunidad a través de diversos comunicados. La represión en La Primavera se suma a una cronología de hechos represivos y de persecución y de vulneración de derechos constante en la provincia de Formosa. Así lo detalla Chianetta. “El corte de ruta fue de una gran extensión. También hubo otros cortes, por ejemplo, el del año 2009 del pueblo wichí, apostados en la ruta nacional 81, y donde tampoco ninguna autoridad provincial se acercó para dialogar y donde ahí también hubo dos muertos, no por represión policial, pero sí por cansancio, fatiga y problemas de enfermedades crónicas, al costado de la ruta. Hoy, dos cruces recuerdan a los muertos en esa lucha. Recuerdo, en el año 2002, el episodio que tuvo la policía y la comunidad Namqom, los cortes innumerables que ha hecho la Comunidad de Bartolomé de las Casas, los bananeros en el norte de la provincia, la comunidad de María Cristina que hace 1 mes y medio tuvieron que tomar una comisaria por la represión que habían tenido con gente de la comunidad. Son acciones que se vienen dando, en confrontación, no hay una escucha para el pedido que hacen los sectores, y el conflicto gana más conflictividad, cada vez en un grado mayor y puede llegar el momento de no poder volver atrás para una posibilidad de diálogo y ese punto sin retorno sería lamentable para la construcción de la democracia de la provincia”.

El silencio de los medios de comunicación de la provincia agudizan la indiferencia y la desprotección de las comunidades. La Primavera tiene su propio blog donde difunde su reclamo, sus voces, su lucha. Por otro lado, ningún medio quiso publicar el comunicado realizado por el EITF, que dice, entre otras cosas: “La legislación vigente, convenio, tratados en Argentina en relación con los pueblos indígenas es clara y abundante. Sin embargo en Formosa parece inaplicable, una ley que no puede ejercerse es una ley mutilada. Hay organismos nacionales con buenas intenciones de acción que se ven impedidos de trabajar en Formosa. Claro que hay responsables, el estado provincial en sus distintos niveles, sobretodo el poder ejecutivo y el poder judicial que en sus manos tuvieron herramientas para resolver los conflictos mucho tiempo antes. Comparten responsabilidades a nivel nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) organismo responsable de la falta de aplicación de la ley nacional 21.160 de Emergencia Territorial. (…) Alertamos, denunciamos y tememos que la resolución de los conflictos en la provincia de Formosa sigan ese camino, judicializando y criminalizando a los autores de las protestas sociales”

Negocios privados

Es indudable que la inacción y al mismo tiempo la acción represiva del Estado y la complicidad del poder judicial está acompañada por un fuerte y poderoso sector de grupos empresariales, emprendimientos vinculados al desarrollo de la soja y de la ganadería. “Cuanto más chicos sean los pueblos y ciudades, las relaciones entre los poderes judicial, político y económico son más imbrincadas. Vemos claramente el avance de la frontera agropecuaria”, explica Chianetta, quien, sin duda, agrega: “hoy esto es un campo inmobiliario más que una protección de bosques.” El proceso de ordenamiento Formosa, ordenado por el gobierno de Insfran con la nula participación de los formoseños, promovió legalizar el negocio inmobiliario, aumentando los desmontes en función de un horizonte de producción agropecuario. “Fue un desarrollo inmobiliario para la provincia, entendiendo a la tierra como un bien económico de producción y no como un bien social de los que la habitan. Hay intereses muy fuertes en todo este tipo de conflictos”.

Reynaldo Cirigliano es docente de una de las comunidades indígenas de Formosa, la Pilagá. Su mirada, que lleva tiempo contemplando la realidad formoseña, se suma a la de Pablo Chianetta. “La etnia Pilagá está organizada en la Federación Pilagá y este tipo de organizaciones, a nivel provincial, no es muy bien vista. Justamente, desde hace unos días, todos los dirigentes de las distintas etnias tienen cortados los celulares. El caso de La Primavera no es el único. La violación de los derechos constitucionales en Formosa se viene manoseando desde hace mucho tiempo”. De hecho, Reynaldo nos cuenta que fue avisado telefónicamente, desde Pozo del Tigre, que fue atacado otro dirigente de la comunidad toba, aparentemente 6 personas con armas lo habían amenazado y sumergido en el agua con intención de matarlo. “Es una cuestión común y corriente la violación de los derechos. En el año 2005 también hubo un caso de represión policial sobre hombres, mujeres y niños de una comunidad toba”.

Para Reynaldo, el problema es “el modelo de gobierno o de sistema que impera de la provincia. Es un modelo de no diálogo y de opresión”, alude, en consonancia con la opinión de Pablo Chianetta. Por su parte también coincide en que “los medios de comunicación responden a intereses económicos, allá se comenta que desde el gobierno provincial se paga a los medios de comunicación para que no informen o desinformen.”

“Cada vez que una comunidad reclama un derecho de vivienda, salud o educación, la estrategia del gobierno es decir que detrás de la comunidad hay un blanco, que es un agitador o subversivo. La relación entre las comunidades y el gobierno es de opresión”, apunta Reynaldo, visualizando un complejo entramado político y social que desde hace 15 años se instala como mecanismo de gobierno en la provincia de Formosa. Al mismo observa: “Se está viendo en Formosa un desmonte cada vez mayor, y si continúa, las comunidades van a quedar con sus tierras aisladas de lo que es el monte natural, por lo cual van a perder la materia prima para hacer sus artesanías, su medicina natural, alimento. La ley de ordenamiento territorial a nivel nacional no se cumple en Formosa y ha todo un cuestionamiento legal sobre esto. Pero lamentablemente, a pesar de las leyes, la justicia no las reconoce o tiene otros intereses por los cuales las leyes pasan a un segundo plano”.

La voz de Reynaldo y sus palabras parecen ser las mismas que encontramos en Chianetta. Oídos sordos de un gobierno perpetuado en el poder, violación sistemática de los derechos indígenas contemplados por ley, una justicia ciega que mira hacia los intereses privados, el avance de la ganadería y la soja por sobre los montes nativos, la represión hacia hombres, mujeres y niñas que viven y defienden sus territorios. Un panorama complejo que aclama por voces políticas nacionales y provinciales que reconozcan los derechos de los verdaderos dueños de la tierra.

Fuente: Enredando