La CE no tiene claras las consecuencias económicas del cultivo de los OGM
La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que no está claro el impacto económico ni social del cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la UE, porque la información que hay es muy limitada
Bruselas presentó un informe en el que constata la escasez de los datos sobre transgénicos, la falta de estadísticas y resalta que las informaciones "se basan a menudo en ideas preconcebidas" sobre la plantación de transgénicos; "los datos son a veces inexistentes".
El estudio indica que como la UE representa solamente una parte pequeña de la superficie mundial dedicada a los OGM, la experiencia que hay es limitada.
España es el país comunitario con más extensión sembrada con transgénicos, en concreto con una variedad de maíz (en torno a las 100.000 hectáreas).
La UE admite en la actualidad la siembra de dos clases de OGM, una de maíz y otra de patata para fines industriales; sin embargo, está permitida la importación y el uso de otras variedades transgénicas en el mercado comunitario.
El informe añade que la documentación de los países europeos donde se plantan estos organismos muestra que cuando existe una elevada presión de las malas hierbas o las plagas, los agricultores que siembran transgénicos (resistentes a esos problemas) "podrían conseguir mayores rendimientos".
La CE ha remitido este estudio al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo de ministros de la UE (que representa a los Gobiernos).
"Creo firmemente que este informe abre una oportunidad: ahora corresponde a los Estados miembros, la CE, el PE y todas las partes interesadas tomar buena nota e iniciar un debate objetivo sobre el papel de los factores socio-económicos en la gestión del cultivo de OGM en la UE", declaró el comisario europeo de Sanidad, John Dalli.
El texto también examina la literatura científica internacional sobre este asunto.
En la actualidad, la UE discute una revisión sobre su política para autorizar la plantación de OGM y Bruselas propuso dar más libertad a los países para decidir si quieren permitirla o por el contrario vetar la siembra.
Pero el proyecto de la CE no encuentra apoyos entre los países comunitarios por distintas razones; España opina que supone nacionalizar la siembra de transgénicos.
Por otro lado, entre los detractores y los países que aplican vetos se ha esgrimido precisamente que no había evaluaciones suficientes sobre las consecuencias socio-económicas de tales organismos.