La CE afirma que la religión y el orden público justifican un veto a los OGM
La Comisión Europea (CE) presentó hoy una lista de razones por las que un país podría justificar una prohibición de los cultivos transgénicos, tales como el orden público, la moral -ética o religión- o una cultura favorable a la agricultura tradicional
Se trata de una relación indicativa, remitida por la CE al Consejo de ministros de la UE (representantes de los gobiernos), con un conjunto de argumentos "de interés público" que podría invocar un país para restringir o vetar un Organismo Genéticamente Modificado (OGM).
En el documento, la CE insiste en que es una lista abierta, con algunos ejemplos, y recalca que esas justificaciones no bastan para prohibir un OGM, pues todo depende de las circunstancias particulares de cada caso.
Bruselas destaca que un veto de esas características afecta a la libre circulación en el mercado europeo y que, además, en caso de litigio solamente el Tribunal de Justicia de la UE puede dar una interpretación "definitiva" a las normas sobre transgénicos.
La CE sugiere que un país pueda esgrimir razones morales -incluidas las religiosas, filosóficas y éticas- o de orden público.
Otro motivo que podría invocar un Gobierno es evitar la presencia de transgénicos en productos que provienen de la agricultura ecológica o de aquellas regiones declaradas "libres de transgénicos".
Bruselas apunta que un país también podría alegar objetivos políticos o sociales, entre los que cita el desarrollo rural en algunas zonas o el mantenimiento de la ocupación, por ejemplo en las áreas montañosas.
Otras posibles justificaciones, según el documento, serían las relacionadas con la "política cultural", incluida la conservación de técnicas agrícolas tradicionales, y las vinculadas al mantenimiento de paisajes o de ecosistemas de cierto "valor natural o recreativo" para los ciudadanos.
La propuesta es un documento de trabajo de la CE, dentro de los debates sobre el futuro del cultivo de OGM, y no es definitiva.
Bruselas propuso modificar las políticas sobra transgénicos en la UE y planteó que los países tengan libertad a la hora de decidir si permiten o prohíben la plantación de esos organismos en su territorio.
La propuesta fue rechazada, por diferentes razones, por la mayoría de los países comunitarios, entre ellos España, que en su momento defendió que las decisiones sobre transgénicos fueran armonizadas para toda la UE.
España es el país comunitario con mayor superficie de transgénicos y cuenta con una extensión nacional de 76.000 hectáreas de maíz genéticamente modificado.