España: detractores de OGMs piden al Gobierno que se paralice su comercialización y exigen responsabilidades
COAG, Greenpeace, Red de Semillas, Amigos de la Tierra y SEAE rechazan la nueva versión del Proyecto de Real Decreto de Coexistencia del Gobierno
Exigen responsabilidades en un asunto comercial y que se regulen los acuerdos y las zonas libres.
El nuevo borrador del Proyecto de Real Decreto de Coexistencia elaborado por los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en el que se perfila una norma que legitima la presencia de transgénicos en la agricultura convencional y ecológica ha provocado la reacción de varias organizaciones defensoras de la no presencia de organismos genéticamente modificados que exigen que se paralice su comercialización (de maíz transgénico) hasta que se llegue a un acuerdo sobre el futuro del Decreto.
Así, juntas han firmado y enviado un comunicado al Gobierno en el que manifiestan su descontento por un “borrador sobre la coexistencia similar al anterior que a pesar de que ha mejorado al aumentar las barreras de contaminación y la distancia a 220 metros no es el adecuado”, ha explicado a AGROCOPE, Juan Manuel González, coordinador técnico de Red de Semillas.
Entre sus principales alegaciones, tanto Juan Manuel González como Victor Gonzálvez, coordinador técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, han destacado la urgencia de establecer un régimen de responsabilidad civil por la contaminación de los OGMs en los cultivos convencionales y ecológicos y que es un asunto “que se ha pospuesto por parte del Gobierno para más tarde”.
Así, el coordinador de Red de Semillas ha destacado que en el nuevo proyecto se incluye una reducción notable de las sanciones y que ante la realidad de que “el problema de la coexistencia es comercial deberían de ser las empresas productoras de semillas las que asumieran esta responsabilidad junto con el Ministerio de Agricultura que aprueba un Decreto ilógico”.
Además, en el documento reflejan su malestar "por una falta de claridad" a la hora de declarar zonas libres de transgénicos y por la permisividad a la hora de permitir zonas reservadas para éstos mediante acuerdos entre agricultores algo que para Victor Gonzálvez anula la medida que exige una medida de separación de 220 metros.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes vuelven a exigir que no se cultiven transgénicos de manera que puedan perjudicar a la agricultura convencional y ecológica que en su opinión debe de ser protegida sin la existencia de un mínimo riesgo.