Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Casi cincuenta días de gobierno y sesenta asesinatos. Desde el 7 de diciembre pasado, los pueblos en Perú desconocen por ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte y lo califican como una dictadura racista que dispara a matar contra indígenas, contra los pueblos del sur, contra niñxs y jóvenes. “Somos los Aimara, los Quechua y los que nos identificamos con ese Perú profundo quienes estamos en las calles exigiendo el alto a la represión, que pare esta masacre y una salida democrática”, afirmó la activista trans afro andina Gahela Tseneg Cari Contreras.

Persiste clamor histórico de justicia por los 45 indígenas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

En el informe se detallan los desalojos forzosos ocurridos en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en los departamentos de San Pedro, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná. Se registran casos que han afectado a comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas. Se describe un panorama general de las situaciones de violencia contra las comunidades campesinas, mientras que en el caso de las comunidades indígenas se abordan dos casos paradigmáticos referidos a los pueblos mbya guaraní (Hugua Po’i) y ava guaraní (Ka’a Poty) de la región Oriental.

Mientras la criminalización y los desalojos hacia los pueblos indígenas y campesinos de Paraguay funcionan como política de Estado que legitima el avance del agronegocio, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) se organiza para defender los territorios de manera colectiva y construir alternativas frente a la crisis climática.

Ante la situación crítica que está atravesando el pueblo peruano, sobre todo el sector campesino e indígena del país, La Vía Campesina se solidariza plenamente con el sentir de la población que en estos momentos está siendo criminalizada y perdiendo la vida en las calles del país.

La humanidad creó el concepto de “derechos humanos” después de la segunda guerra mundial, para poder defenderse de si misma, de los sistemas de poder que históricamente habían desplegado mecanismos de violencia, represión, silenciamiento.

En la provincia de Salta pretendieron alambrar territorios que han sido reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como pertenencia ancestral de la Comunidad El Quebracho. Ante la resistencia de los originarios, intentaron atropellarlos con una camioneta y dispararon contra el cacique, Isaías Fernández.

La justicia de Catamarca, y particularmente el fiscal Martín Camps, complacientes con la dictadura minera, quieren llevar a juicio al compañero Aldo Flores, Defensor del Agua protegido por ley según el Acuerdo de Escazú, e integrante de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá. El delito que se le reprocha esta vez: apología del delito, que habría tenido lugar el 25 de junio.