Corporaciones

En la ‘economía verde’ se entrecruzan intereses de corporaciones, de gobiernos y de la ‘industria de la conservación’. Todos, de alguna forma, lucran con la destrucción de los bosques y el despojo de las comunidades. En Pará hay cada vez más proyectos REDD, mientras que el gobierno estatal busca implementar REDD jurisdiccional en todo el territorio.

Un informe sobre la multimillonaria industria del "oro verde" producido por GRAIN y Colectivo de la Autonomía

A fines de 2022, se conoció a través de redes sociales la firma de un acuerdo entre la empresa One Amazon y la organización de pueblos indígenas FICSH (Federación Interprovincial de Centros Shuar) en la Amazonía ecuatoriana. Se trata de un contrato que introduce una nueva forma de control empresarial sobre los territorios: la producción y venta de “activos digitales” derivados de los pueblos y el territorio shuar. Son muchas las implicaciones negativas de esta nueva forma de explotación, la mayoría desconocidas tanto para los pueblos indígenas como para la mayoría de la gente.

La concentración de la industria pesquera mundial en manos de la élite de los fondos privados de inversión no ofrece a las comunidades ninguna solución en sus luchas por los medios de subsistencia, la soberanía alimentaria y la justicia social. Con todos los problemas que acosan a la industria, desde la explotación laboral hasta la gran contaminación ambiental, no hay posibilidad de que los fondos privados de inversión generen las transformaciones necesarias. Es por esto que resulta crucial seguir sacando a la luz quiénes son estos actores y así poner fin a sus inversiones.

Organizaciones civiles y asociaciones de víctimas del derrame de crudo que asoló la costa central peruana el año pasado temen que la compañía petrolera responsable del incidente consiga esquivar buena parte de las sanciones derivadas de la catástrofe.

La gente de Calp, un pueblo de la Comunidad Autónoma de Valencia en España, han estado luchando por evitar la instalación de una mega granja de peces de 50 hectáreas frente a sus costas. Afirman que dicho proyecto pondrá en peligro la industria de turismo local, además de poner en peligro el medioambiente y la pesca artesanal, proporcionando mínimos beneficios para los miembros de la comunidad.

Este 14 de enero el gobierno no se presentó a verificar que la empresa Amway desocupara las 160 hectáreas que siguen en su posesión (siendo propiedad del ejido San Isidro) tras la diligencia de ejecución que se llevó a cabo el 14 de julio de 2022, donde se entregaron 120 de las 280 hectáreas que debían restituirse.

Cargill, acompañada por la filial local de ADM, anunciaron que desconocerán como precio de referencia la cotización de pizarra en Rosario, por considerarla "distorsionada". Durísimas críticas por la actitud y tensión en la bolsa rosarina.