Pueblos indígenas

Los bosques manejados tradicionalmente en territorios controlados por Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICL) son un aporte vital a la conservación de la biodiversidad. Son claves para las luchas por la justicia climática y para evitar la desaparición y extinción de la biodiversidad

El año que se fue estuvo marcado por grandes desafíos para los pueblos indígenas de América Latina. No fue un año distinto a los anteriores. Las comunidades y sus liderazgos continuaron enfrentando las secuelas de la marginación estructural, la pobreza y el acceso desigual a derechos fundamentales. Sin embargo, la violencia contra sus territorios, comunidades y defensores alcanzó niveles alarmantes, en un contexto donde los intereses económicos y criminales profundizaron su asedio.

Maudy María Ucelo es militante de la Marcha Mundial de las Mujeres y vive en el territorio Xinka, en Santa María Xalapan, en el departamento de Jalapa, oriente de Guatemala. “Yo me identifico como mujer indígena joven, porque también es de ahí donde parte mi lucha hacia los movimientos sociales y feministas comunitarios en mi territorio”, explica Maudy.

Familiares de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, acompañados de numerosas organizaciones sociales, se convocaron frente la Moneda y diferentes edificios gubernamentales de Chile, para exigir una respuesta al gobierno, el estado y sus instituciones por la desaparición de la defensora ambiental.

La Comunidad colla Pai Ote fue aceptada por la Corte de Apelaciones como tercero coadyuvante en la causa que interpuso Tianqi tras ser rechazada su petición ante la CMF de pasar el acuerdo con Codelco por una junta de la totalidad de los accionistas. En la negociación SQM puso sobre la mesa 300 concesiones de explotación de litio en el Salar de Maricunga, territorio de trashumancia de la comunidad colla y que colinda con el Parque Nevado Tres Cruces, en donde ya opera una faena minera de envergadura y se proyectan otras cinco más.

La Justicia Federal dispuso la expulsión de la Lof Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces. Pero el despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación no tuvo el efecto esperado: la comunidad se retiró antes de la llegada de la Policía Federal y de la Gendarmería. Un entramado político-judicial de despojo y vulneración de derechos.

Ante el abandono del Estado, el pueblo awajún de Amazonas se organiza en autodefensas para protegerse de la minería ilegal y de las organizaciones criminales. En junio pasado, bloquearon el río Comaina para evitar el paso de los mineros y sus dragas hacia el Cenepa pero esta medida solo logró desplazar a los ilegales. 

El 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Tlachinollan luchamos para que haya una sociedad incluyente y no se descarte a nadie, sino que todos tengamos que construir esta sociedad justa, tan desigual que persiste en la Montaña de Guerrero.