Contaminación del agua por palma aceitera sigue impune en Franja Transversal del Norte

La población maya Q’eqchi’ proveniente de la Franja Transversal del Norte (FTN), al norte del país, expresó su preocupación porque se mantiene impune la contaminación de ríos, pozos y abastecimientos de agua a consecuencia de las actividades de las empresas de palma aceitera.

En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo, jóvenes y mujeres maya Q’eqchi’ participaron en una caminata y dialogaron en el parque central de Cobán, Alta Verapaz, con representantes gubernamentales para abordar la contaminación del agua como problemática socioambiental y el acaparamiento de las empresas que se dedican al monocultivo de palma.

La industria tiene una creciente expansión en la región norte que abarca los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y parte de Petén, en donde se concentra aproximadamente el 75% de la producción total del país, de acuerdo con datos del último  boletín de análisis de El Observador.

La caminata que comenzó en el parque central recorrió las principales calles de la ciudad en donde muchos de los pobladores salieron de sus casas a leer las pancartas que expresaban esta denuncia de las comunidades.

Piden justicia por ecocidios

Uno de los mensajes puntuales durante la marcha son los ocho años de impunidad ambiental en la región tras las múltiples denuncias por mortandad de peces e inicio de la contaminación del río San Román en Chisec, Alta Verapaz, por la empresa de palma aceitera, Industria Chiquibul en 2017, así como en Sayaxché, Petén, entre otros.

Estas comunidades consideran que esto representa impunidad ambiental y desde su condición de comunidades rurales, campesinas y maya Q’eqchi’ también una expresión de racismo, debido al uso de los ríos y sus territorios para descargar desechos contaminados con agrotóxicos y químicos utilizados en las plantaciones.

Por el altavoz se escuchaban las consignas: “Las comunidades del territorio norte nos hacemos presentes en estas calles, para que la ciudad tome conciencia del uso del agua y se unan a esta lucha, porque cada gota que llega a las viviendas las defiende y cuidan las comunidades. Por eso decimos a las autoridades: ¡No más desvío de los ríos! Las palmas nos están matando, las palmas aceiteras nos están dejando sin agua, están contaminando los ríos, ¡No más contaminación al agua y a nuestras vidas!… El valle del Polochic se hace presente en esta caminata por la vida, en esta caminata por el agua. El agua es vida no mercancía”.

Nickté Caal, joven maya Q’eqchi’, indicó haberse sumado a la caminata por el agua en acompañamiento de las mujeres jóvenes del valle del Polochic de Izabal. “Vinieron a manifestar su descontento, las violaciones de los derechos humanos, el desvío de los ríos y la contaminación del agua por las empresas de palmas aceiteras que están en las diferentes comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi’”, comentó.

Acceso desigual al agua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho de todos los seres humanos a acceder a una cantidad de agua suficiente para uso doméstico y personal, entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, sin embargo, los manifestantes comentaron que esta cantidad de agua es similar a la que utiliza a diario una sola planta de palma aceitera, la cual están priorizando ante el consumo humano.

“¿Acaso eso es justo?”, pregunta una de las manifestantes. “Por eso hoy las comunidades vienen y recorren las calles de esta ciudad, no solo para celebrar el derecho al agua que muchos tienen hoy como privilegio, sino para denunciar que una gran mayoría de población está consumiendo agua contaminada, la han desviado, la contaminan con herbicidas e insecticidas que dañan la salud del ser humano”, denunció mientras invitaba a los ciudadanos a que se sumaran desde la ciudad a estas acciones para exigir el derecho y el acceso al agua para todos.

Matilde Chub del municipio de Chisec, se sumó a la marcha por la importancia del vital líquido y escasez de agua en muchas de las comunidades. “Invitamos a toda la población, en especial por los niños que vienen en el futuro, ellos serán los más afectados porque a muchos padres y madres de familia no les importa. Estamos haciendo conciencia a toda la población para que se unan a esta actividad. Contamos con agua entubada pero no sabemos si es buena agua, porque eso no garantiza una vida saludable”, explicó.

Muestras de agua contaminada

Durante la marcha varios pobladores llevaron consigo botellas plásticas con muestras de agua en tonalidad oscura sacada de ríos y pozos cercanos a una plantación de palma. “De este color están los ríos de las comunidades provocado por las empresas de monocultivo que saquean los bienes naturales”, expresó otro de los asistentes, mientras las comparaba con botellas con agua más clara que aseguraron provienen de ríos sin plantaciones de palma cercanas.

Silvia Cu, quien llegó desde el municipio de Ixcán comentó que ahora que se inicia el verano les cuesta más ir en busca del agua. “Tenemos que movernos unos dos o tres kilómetros para buscar aguas más limpias, la que usamos ya está contaminada por las empresas, es por eso que lo estamos expresando, aun así, los representantes de instituciones no se presentaron. No les interesa”, expresó al observar varias de las sillas vacías que ocuparían representantes institucionales a quienes dijeron haber invitado.

Fue en el parque central La Paz donde se expusieron las muestras de agua de diferentes ríos y pozos para luego dialogar sobre la problemática junto a instituciones públicas, entre ellas: los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y Salud; Gobernación Departamental, la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la  Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo  Contra los Pueblos Indígenas (CODISRA) de los cuales solo asistieron funcionarios del ministerio de Ambiente y la gobernadora departamental, Dilia Có.

Có se apersonó al final de la actividad para responder a las interrogantes sobre lo que están haciendo estas instituciones para resolver estas problemáticas, además de las responsabilidades y obligaciones del Estado para garantizar el derecho humano al agua y a un ambiente sano.

El representante del Ministerio de Ambiente, Henry Sep, se comprometió a compartir el pronunciamiento de las comunidades con las altas autoridades y mencionó la inminente discusión de una Ley de Aguas, la cual se ha pospuesto por 40 años.

“Necesitamos escucharlos a ustedes para que esa ley sea realmente integral en materia de recursos hídricos. Llevamos tres años haciendo monitoreos de calidad del agua del río Cahabón y el segundo año con el río Polochic y solicitaré que también se haga en los ríos que ustedes mencionan aquí para determinar la calidad del agua que esa es nuestra responsabilidad. El agua para consumo humano es otra institución, el ministerio de salud es el rector”, indicó.

Por otro lado, la representante de pueblos indígenas ante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), Elena Caal, se pronunció comparando esta ruta de denuncia, con la que se utiliza en casos de violencia contra las mujeres cuando las comunidades se trasladan desde lugares lejanos, dejando sus actividades económicas y comunitarias para llegar a la cabecera departamental a esperar a que las instituciones del Estado vengan a atenderles.

“Pasa lo mismo, se les invita incluso a otras comunidades y tampoco asisten, los trasladan de una institución a otra, eso es indignante. Esta indignación colectiva hay que trasladarla a las sesiones ordinarias porque el tema no es prioridad en la agenda de trabajo. Se genera riqueza para unos cuantos, mientras violentan estos derechos colectivos como el derecho al agua en las comunidades”, indicó.

“Conocemos las distintas situaciones del río Dolores, los hermanos de Cahabón donde está instalado el complejo hidroeléctrico Renace, entre otras. Les invito a sumarse a las sesiones ordinarias para abordar estas situaciones a las que se oponen, nos han saqueado y despojado históricamente, ya estamos cansados, es momento que todos alcemos la voz”, concluyó.

Para este momento, las sillas de las instituciones continuaron vacías. “Es clarísimo, no les importa el tema del agua, no es su prioridad, no está en su agenda. Es lamentable que, pese a que las comunidades tienen el conocimiento ancestral de la gestión del agua, el gobierno se reúne con las empresas para hacer el diálogo, cuando son estas las que contaminan. ¿Quiénes son los dueños de estas grandes empresas?”, expresó el moderador.

Sin embargo, al cierre de la actividad la gobernadora departamental, alcanzó a llegar justificando el abordaje del mismo tema en otros espacios. “No solo es la introducción del agua sino el saneamiento a través de plantas de tratamiento para aguas negras y desechos sólidos. Lo estamos proponiendo como Alta Verapaz, pero solo es una propuesta. Nuestra meta es trabajar en conjunto con ustedes, reconocemos que hace falta mucho y que el trabajo dentro del sistema de gobierno no es nada fácil pero no imposible”, expresó a los asistentes.

También indicó que actualmente se está invirtiendo solo el 6% del fondo del Codede en tema del agua en el territorio y que quieren elevar la propuesta a CONADUR a de que se invierta más en tema de agua y saneamiento.

La organización comunitaria frente al despojo

Ante lo ocurrido, Vielman Cifuentes, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que en días anteriores se reunieron con varios jóvenes intercambiando información sobre lo que está pasando en relación al agua, a la tierra, al bosque y al tratamiento de los residuos en sus comunidades.

“Reflexionamos la problemática, pero, sobre todo, definimos un plan de acción de qué vamos hacer a nivel individual, comunitario y familiar para poder enfrentar la crisis del agua y el calentamiento global”, indicó.

“Hoy estuvimos denunciando todas las atrocidades que también viven las comunidades con el despojo de las tierras, del agua, pero sobre todo del despojo cultural, cada vez que perdemos prácticas ancestrales debido a la invasión de químicos, debido a la invasión de otras formas de cultivo que se nos impone en las comunidades y que esto está acabando con toda nuestra capacidad de producción agrícola sana que las comunidades siempre han defendido y siguen poniendo en práctica para tener una vida digna”, añadió.

Dentro del comunicado las comunidades exigen lo siguiente al Estado que asuma su obligación de regular la expansión de las empresas de palma aceitera en sus territorios, y sancionar a los responsables de la contaminación ambiental y las violaciones a los derechos humanos.

Solicitaron que ejerza su autoridad para que las empresas respeten los derechos humanos, reparar los daños ambientales ocasionados e indemnizar a las comunidades afectadas. “¡El agua es un ser vivo, no es mercancía!”, fueron las consignas finales.

Fuente: Prensa Comunitaria