Los trabajadores rurales migrantes se plantan frente a Trump
Ante la vuelta de la ultraderecha a la Casa Blanca, voceros de organizaciones campesinas de Vermont, Florida y Washington cuentan cómo se preparan para enfrentar una política de deportación masiva y trabajo temporal esclavo, además de defender normas de protección frente al uso de agrotóxicos y las jornadas de calor extremo. «Estamos en una posición de poder, el sistema alimentario del país está en nuestras manos.»
Donald Trump montó su campaña sobre una retórica racista que prometió la deportación masiva de inmigrantes. Hasta ahora, eligió a extremistas de la antiinmigración como Stephen Miller, Thomas Homan y Kristi Noem para ocupar altos cargos en su Gobierno.
El nuevo régimen representa una amenaza para millones de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, incluidos los trabajadores y las trabajadoras rurales, que en muchos casos son indocumentados. Más allá de las deportaciones masivas y las redadas en los lugares de trabajo, se prevé un retroceso en materia de regulaciones para proteger a los trabajadores frente a condiciones de calor extremo y en las normativas sobre uso de agrotóxicos, además de una aceleración de programas sumamente abusivos, como el H2A, que fomenta la contratación temporal de trabajadores extranjeros para tareas agrícolas.
Al mismo tiempo, los trabajadores rurales en Estados Unidos cuentan con una tradición de organización desafiante y que inspira orgullo. La totalidad del sistema alimentario estadounidense depende de su trabajo. (Nota de las Traductoras: se estima que en Estados Unidos hay entre 2,5 y 3 millones de trabajadores agrícolas. De ellos, el 80 por ciento se identifica de origen hispano o latino y el 68 por ciento nació en México. Según el Departamento de Trabajo, el 53 por ciento de estos trabajadores son indocumentados, el 25 por ciento son ciudadanos estadounidenses y el 21 por ciento son residentes permanentes autorizados. Cabe destacar que el aumento de la inmigración se ha dado sobre todo desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994, por el que dos millones de agricultores mexicanos se han quedado sin trabajo, según reporta la organización Estudiantes en Acción con Campesinos)
Truthout habló con representantes de tres organizaciones del campo de distintas regiones del país para conocer su reacción inicial tras el resultado de las elecciones y saber cuáles son los desafíos que se vienen, cómo planean defender a sus miembros y a las comunidades, y qué los mantiene con esperanza y con la determinación de seguir avanzando.
Foto: Colette Cosner / Familias Unidas por La Justicia
Rosy Alfaro es una extrabajadora de la industria láctea de Vermont y organizadora en Justicia Migrante, que nuclea a trabajadores del sector, en la que supervisa la campaña «Leche con dignidad», impulsada por los propios trabajadores. Jeannie Economos coordina hace años el proyecto de salud ambiental y seguridad en agrotóxicos de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, que tiene más de cuatro décadas. Edgar Franks es director de políticas de Familias Unidas por la Justicia, del estado de Washington, un sindicato independiente compuesto mayoritariamente por trabajadores rurales indígenas de México, que se formó hace una década.
Las tres organizaciones integran la Alianza de Trabajadores de la Cadena de Alimentos, una coalición de organizaciones de base en Estados Unidos y Canadá que lucha por mejoras en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores a lo largo de toda la cadena alimentaria.
—¿Cuáles fueron sus primeras reacciones ante la reelección de Trump? ¿Cómo va a afectar a sus miembros y a las comunidades?
Rosy Alfaro:— La elección, por supuesto, va a afectar nuestra comunidad y nuestro trabajo. Pero también es cierto que ya enfrentamos criminalización y discriminación antes. Trump no es el primer presidente en atacar nuestra comunidad. Nos venimos organizando hace mucho tiempo en Vermont para conseguir que se protejan nuestros derechos como inmigrantes. Con la campaña “No más polimigra” logramos que se formularan políticas “justas e imparciales” sobre conducta de las fuerzas de seguridad, para garantizar que la policía local no colabore con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) ni con la Patrulla Fronteriza. Va a ser una protección importante en los próximos años.
Jeannie Economos:— En Florida, el gobernador (Ron) De Santis impulsó legislación antiinmigrante muy agresiva mediante la Ley SB 1718, que afectó a toda la fuerza laboral agrícola del Estado. Si un trabajador deja su trabajo y es indocumentado, no lo pueden contratar en ningún otro lugar donde haya más de 25 empleados, a menos que pase por el sistema E-verify (que controla si el trabajador tiene un permiso para trabajar legalmente en el país). Esto afecta a todos los trabajadores indocumentados de Florida. La gente está muy asustada de que las cosas vayan a empeorar con los resultados de esta elección. Un trabajador en el campo no va a denunciar el uso de agrotóxicos o las condiciones de calor extremo si teme que lo deporten o está preocupado por llegar sano y salvo a su casa para ver a sus hijos.
Edgar Franks:— La noche de las elecciones había una sensación de que no les iba a ir muy bien a los demócratas. Cuando hacés oídos sordos a las dificultades económicas que tiene la gente, más allá de la raza o el género, van a buscar otra cosa. No es una gran sorpresa. Cuando nos organizamos por primera vez, hace más o menos una década, Donald Trump estaba llegando a la presidencia, pero aun así pudimos organizarnos y conseguir algunas victorias para los trabajadores rurales y los inmigrantes aquí en Washington. Este es un Estado progresista, pero nadie nos regaló nada. Conseguimos normativas sobre horas extras, trabajo en condiciones de calor y humo, y periodos de descanso pagos para los trabajadores agrícolas, pero todo fue posible, únicamente, gracias a la fuerte organización de los trabajadores, y no por el partido que estaba en el poder.
—Trump prometió hacer una deportación masiva. Está buscando generar miedo. ¿Cómo afecta esto a los trabajadores y las trabajadoras rurales?
Alfaro:— No es la primera vez que nuestra comunidad se enfrenta a la amenaza de una deportación masiva. En los hechos, siempre se deportan personas y se separan familias, de modo que tenemos que seguir luchando contra las deportaciones, tomen la forma que tomen. Los empleadores saben cuál es el estatus migratorio de sus trabajadores y lo usan para aprovecharse de ellos. Ahora mismo, los trabajadores a veces se pueden ir a trabajar a otro establecimiento si no les gusta cómo los tratan en un lugar determinado. Pero cuanto más difícil se vuelve esa posibilidad, más se aprovechan los empleadores. En Vermont, esto ya está pasando por fuera de nuestro programa Leche con dignidad, pero la situación puede agravarse.
Economos:— Recibimos denuncias de trabajadores cuando hay infracciones en el lugar de trabajo. En el gobierno anterior de Trump, no recibimos casi ninguna porque los trabajadores tenían mucho miedo por su estatus migratorio. Tenían miedo de que el empleador los amenazara con deportarlos si presentaban una denuncia, cosa que en efecto ocurría. Incluso en tiempos menos difíciles, es una gran carga para un trabajador rural presentar una denuncia. Es aterrador.
Foto: Alianza de Trabajadores de la Cadena de Alimentos
Franks:— Uno puede pensar que la deportación masiva no va a ocurrir porque es una locura, pero hay antecedentes. El movimiento de inmigrantes en Washington es fuerte, así que pienso que nuestra comunidad va a responder. Pero cuando formamos nuestro sindicato hubo represalias. La retórica de Trump generó un clima más adverso para los inmigrantes. Sin embargo, los trabajadores que están bien organizados se cuidan mutuamente. Organizarnos es nuestra manera de protegernos. Cuando hay unidad y solidaridad, la comunidad se siente fortalecida para intervenir. El miedo siempre está, pero no podemos dejar que nos paralice. La mejor manera de luchar contra el miedo es hacerle frente y tratar de resistir.
—¿Y qué piensan de los posibles retrocesos en materia de protecciones contra los agrotóxicos y el calor? ¿Les preocupa este tema?
Economos:— Trabajamos 20 años para lograr mejores protecciones para la salud y la seguridad en el tema de los agrotóxicos. Tenemos mucho miedo a los retrocesos regulatorios que puedan afectar la exposición de los trabajadores a los agrotóxicos. También estamos en pleno proceso de presentación de comentarios ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en torno a la necesidad de proteger a los trabajadores del estrés térmico. El año pasado se murieron tres trabajadores en Florida por ese motivo, y esos son apenas los casos que conocemos. ¿Qué va a pasar con las iniciativas regulatorias en el gobierno de Trump? Algunos Estados tienen reglamentaciones más sólidas, pero es posible que Trump intente echarlas por tierra.
Franks:— A nosotros también nos preocupa que lo que conseguimos en materia de protección climática y agrotóxicos vaya a perderse. La desregulación va a poner en riesgo a los trabajadores. Además, si la Corte Suprema sigue corriéndose a la derecha, los trabajadores podrían verse muy perjudicados y será más fácil que avancen las medidas del Proyecto 2025 contra los trabajadores y los inmigrantes. La deportación masiva va a ser una puerta de entrada para traer más trabajadores extranjeros temporales y eso va a intensificar la explotación de los trabajadores rurales.
Foto: Familias Unidas por La Justicia
Alfaro:— Francamente, a nosotros no nos preocupa tanto el retroceso regulatorio porque, para empezar, en la industria láctea no hay muchas normas que funcionen. Por eso tuvimos que organizarnos para elaborar las nuestras. En el corto plazo, nos enfocamos en las amenazas contra las personas que llegaron al país buscando asilo. Sabemos que pueden ser un blanco del Gobierno.
—¿Qué consecuencias piensan que puede tener el gobierno de Trump para los programas de trabajadores temporales extranjeros?
Franks:— Venimos alertando sobre todo contra el crecimiento de programas de trabajadores temporales extranjeros como el H2A. Para nosotros, ese programa es lo más parecido a la esclavización. Es trata de personas legalizada. La deportación masiva hará que lleguen más trabajadores temporales y se va a intensificar la explotación de los trabajadores rurales. Todo esto va de la mano de la retórica contra los inmigrantes. La gente dice que no quiere más inmigrantes, pero necesita su mano de obra. El programa H2A ofrece precisamente eso. Es una forma de traer inmigrantes a Estados Unidos para explotarlos sin darles la menor posibilidad de que se conviertan en residentes o ciudadanos. Son mano de obra descartable.
Economos:— Si Trump lleva a cabo una deportación masiva, la agricultura va a depender todavía más de la contratación de trabajadores a través del H2A. La situación de esos trabajadores es gravísima: están atados al empleador y no tienen una red de contención en Estados Unidos. Muchos desconocen sus derechos y se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Es un programa absolutamente explotador, plagado de situaciones de trata de personas. Me temo que, con este Gobierno, es muy probable que se amplíen los programas H2A y H2B.
—¿Cómo se preparan para defender a sus compañeros y comunidades?
Alfaro:— Con los años, hemos armado una sólida red de aliados en Vermont. Contamos con una red de respuesta rápida ante casos de arrestos y detenciones. También nos dedicamos mucho a educar a nuestra comunidad acerca de los derechos que tienen y que deben respetarse cuando interactúan con los agentes de inmigración. Trabajo en la organización de Vermont, cerca de la frontera, y me he topado varias veces con la Patrulla Fronteriza. Hice valer mis derechos y salí sano y salvo. Vamos a seguir con estas iniciativas de educación para que la comunidad sepa cómo hacer valer sus derechos. También participamos en distintos proyectos legislativos del Estado. Durante el primer gobierno de Trump, se ha retrocedido con algunas de las protecciones relativas a las políticas de actuación policial “justa e imparcial” de Vermont. Hace ya varios años que nos organizamos para volver a reforzar esas políticas y para que la Policía no se meta con las deportaciones. Durante el primer gobierno de Trump, deportaron a muchas personas de nuestra comunidad, pero muchos de nosotros seguimos aquí. Aquí estamos y seguiremos luchando por quedarnos.
Foto: Justicia Migante
Economos:— Hacemos reuniones para debatir estrategias y nos conectamos con miembros de la asociación y aliados de todo el Estado. Nos comunicamos con organizaciones de asistencia jurídica. Tenemos una red de respuesta rápida para emitir alertas si, por ejemplo, detectamos un auto de la Patrulla Fronteriza en alguna zona. Vamos a trabajar con abogados para que nos ayuden a defender nuestros derechos y proteger a la comunidad en todo lo que podamos. Florida es un Estado muy retrógrada y racista, pero aprendemos de las agrupaciones de trabajadores rurales de Nueva York, Washington y California. Trabajamos con congresistas de la nación y legisladores del Estado para llevarles directamente las voces de los trabajadores rurales. Formamos coaliciones, y eso nos fortalece. Así logramos que se mejoraran las normas de protección de los trabajadores contra los agrotóxicos. Estamos haciendo lo mismo con la OSHA para conseguir protecciones contra el estrés térmico. Tenemos que luchar y colaborar para proteger todo esto.
Franks:— No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de solidaridad. Hubo un tiempo, durante la pandemia, en el que estaba prácticamente todo cerrado. No sabíamos si el Gobierno iba a venir a rescatarnos. La gente se unió y empezó a compartir comida y medicamentos y a cuidarse entre todos. Quedó demostrada la importancia de la comunidad local. Este es un momento difícil, pero también es una oportunidad para buscar nuevas estrategias de organización y nuevas energías. La vida de la gente está en riesgo, y debemos luchar más en todos los niveles: en el frente político, en las calles y en el lugar de trabajo. Trump consiguió muchos votos de la clase trabajadora, pero sabemos que no va a cumplirles a los trabajadores. Tenemos que luchar, por ejemplo, por el control de alquileres, la guardería para los niños y un aumento del salario mínimo. Existen distintas maneras de participar en la democracia que no se limitan a ir a votar en las elecciones, como organizarse en el lugar de trabajo, marchar y protestar u organizar asambleas comunales.
—¿Hay algo que les dé esperanza?
Franks:— Cuando las comunidades de trabajadores rurales nos organizamos, tenemos mucho poder. Ocupamos un lugar muy importante en el sistema alimentario y en la economía. Si nos organizamos y entendemos el peso que tenemos, podemos lograr lo que nos propongamos sin importar quién sea el presidente. Debemos ser conscientes de que estamos en una posición de poder, no de debilidad, porque el sistema alimentario del país está en nuestras manos.
Foto David Mc New – Getty Images
Alfaro:— Ya venimos luchando por nuestros derechos y lo seguiremos haciendo. La única preocupación no es quién está documentado y quién no. Es un Gobierno que está en contra de los derechos humanos. Esta es una lucha que ha comenzado mucho antes de las elecciones, una lucha en la que todos debemos participar.
Economos:— A pesar de los resultados de las elecciones, sabemos que la mayoría quiere justicia y derechos laborales. Tenemos una coalición sólida de aliados a nivel nacional y federal con los que vamos a colaborar. Somos solidarios y nos damos esperanza entre nosotros. Como solemos decir, ¿qué hacemos cuando nos atacan? Nos defendemos y oponemos resistencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Avanzaremos codo a codo sabiendo que contamos con el apoyo de nuestros compañeros.
Fuente: Desinformémonos