En Guatemala se había logrado derogar una “ley de protección de obtenciones vegetales” en 2014. Esa ley, como otras similares, las necesitan las corporaciones para activar en los países la aprobación del Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), que pretende dictar quién, dónde, cuándo y cómo se siembran o no semillas y materiales vegetales, sin que la población pueda hacer nada al respecto porque dichas leyes tienen el respaldo y la promoción de básicamente todos los tratados de libre comercio del mundo.