"Las reformas constitucionales de los últimos años consolidan un marco jurídico servil y totalmente subordinado a los intereses de lucro del capital, mismo que ya ha penetrado en las instituciones del Estado nacional, y que desde ahí opera y se beneficia de la mayor parte de los proyectos de interés nacional (infraestructura, educación, industria, energía, desarrollo urbano, agrícola, etcétera)".