Argentina: A la espera de un nuevo capítulo para los conflictos territoriales en Neuquén

En junio pasado, la comunidad mapuche Lonko Purrán mantuvo un corte de varios días sobre la ruta 22, vía que comunica a Zapala con el resto de la provincia. El reclamo era detener la ola de desalojos a nivel provincial y que se inicien las acciones para hacer un relevamiento de las tierras pertenecientes a las comunidades originarias y que se encuentran en conflicto. [1] Sucedía que quedaban pocos meses de vigencia para la ley nacional 26160 que marca la “Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias del país”, ley que el gobierno del actual gobernador Jorge Sapag,se niega a aplicar.

“El programa de relevamiento se encuentra todavía trunco en Neuquén y más aún con la negativa del gobierno de la provincia formar parte y colaborar con información con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Confederación Mapuche y la Universidad del Comahue”, cuenta Martín Maliqueo, de la comunidad mapuche Lonko Purrán. Si bien los mapuche no confían en que este relevamiento sea la solución a los desalojos, creen que al menos servirá para “sacar a la luz la ilegalidad que se maneja en esta provincia, se hará evidente el negociado entre privados y el gobierno, entre los políticos que han llegado al poder y que se encargaron de repartirse las tierras”.

A partir del escandaloso desalojo a la comunidad diaguita Chuschagasta en la provincia de Tucumán, en el que el terrateniente Darío Amin asesinó a Javier Chocobar con un disparo en el abdomen, se comenzó a motorizar un reclamo por la aplicación de la ley 26160. [2] Este pedido urgente y masivo motivó que el Congreso nacional vote a fines de noviembre la prórroga de esta ley de emergencia territorial por tres años más. Sin embargo poco se ha hecho hasta ahora para hacer efectivos los relevamientos de las tierras habitadas por las comunidades originarias en las provincias ya que priman otros intereses, como sucede en el caso de Neuquén.

Los desalojos en esta provincia pueden venir motivados por múltiples intereses, por eso “el pueblo mapuche se encuentra movilizado y en alerta máxima por la fuerte arremetida que está sufriendo por parte de la Sociedad Rural de Neuquén y por el poder provincial desenmascarado que ha logrado reunir a empresarios mineros, petroleros, estancieros, inmobiliarias, con el objetivo de armar asociaciones para resguardar las tierras que nos arrebataron a las comunidades mapuches”, informa Maliqueo.

Si bien el más poderoso interés en Neuquén es el petrolero [3], actualmente se motoriza la minería como fuerte vector empresario, como sucede en todo el país, a partir del apoyo directo del poder Ejecutivo Nacional. Para reforzar los intereses extractivos en la región, la legislatura provincial sancionó hace pocas semanas una infame ley minera. [4] La avanzada minera había sido detenida por la Justicia cuando la comunidad mapuche Mellao Morales logró que prevalezca su derecho a ser consultada por ser una comunidad originaria afectada. A pocos días de la sanción de la ley minera, curiosamente, “se incendian” tres galpones de dos pobladoras que son militantes activas de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACaM) que reclaman por el “no a la mina de cobre en el cerro Tres Puntas”. [5] El principal sospechoso de ese incendio era Santiago Almendra, un ex trabajador de la empresa provincial de minas, pero también curiosamente apareció ahorcado el 14 de diciembre. Sin embargo frente a este avance de la megaminería contaminante las organizaciones sociales y el pueblo mapuche se aprestan a resistir los nuevos embates, como lo dejaron establecido en la marcha mientras se votaba la ley minera. [6]

“Estamos reivindicando la propiedad comunitaria de esas tierras”

La situación general en la provincia de Neuquén está marcada por una constante resistencia. Según Maliqueo, “desde hace un par de meses hasta la fecha, ha habido mucha resistencia por parte de los mapuche, muchos conflictos que se han ido generando en el interior de la provincia y en diferentes territorios. La problemática socioambiental, cultural, económica ha continuado su avance sobre los territorios”.

En algunos casos los desalojos han sido noticia y la militarización avanzó con toda su crudeza, como en “la zona de Currumil, en el departamento de Aluminé [7], o el desalojo bien fuerte que sucedió en Picún Leufú, o el que ocurrió pocos días atrás en la comunidad Paichil Antriao, en Villa La Angostura, por parte de un inmobiliario -un yanki llamado William Fisher- que decidió iniciar juicio a la comunidad para recuperar tierras que el gobierno provincial le había vendido. La justicia falló a favor de él y con más de ochenta policías desalojó a la comunidad y tiró abajo las rukas. Hoy por hoy hay esos territorios están militarizados. En este último caso hay más de treinta policías del Grupo Especial instalados dentro del territorio, instigando todo el tiempo a la gente de la comunidad para que no se acerque a las instalaciones de la empresa”, detalló Martín Maliqueo.

- ¿Se pueden evitar estos desalojos con una ley como la 26160 de emergencia territorial?

- Claro que sería mejor si el gobierno provincial aceptaba cooperar con el relevamiento, que era una de las formas de poder asegurar toda la información disponible, pero en cambio este gobierno ha fijado una posición de no ser parte y estableció una directiva a todas las instancias del poder ejecutivo, ministerios y secretarías de no brindar información al programa de relevamiento que sea aplicado por la Universidad Nacional del Comahue. Hay una posición del gobierno de resguardar y proteger la propiedad privada vinculada a determinados negocios. Por ejemplo, el hermano del gobernador, el señor Carlos Natalio Sapag, es uno de los megaempresarios mineros de la región, es dueño de cuatro estancias, tiene testaferros, ha sido el que se ha puesto a la cabeza de pedir mano dura contra el pueblo mapuche, de salir a denunciar públicamente en los medios que el pueblo mapuche está aliado con las FARC, con la ETA, que es una fábrica de talibanes, etc. Se ha puesto a la cabeza, junto con personas nefastas como Pedro Duarte -un juez de la dictadura militar- para pedir directamente mano dura con el pueblo mapuche.

- ¿Y qué expectativas tienen ahora con la prórroga a la Ley de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias?

- Yo creo que con el relevamiento no tienen vuelta atrás, se tiene que hacer sí o sí. De todos modos, con eso no se van a solucionar los conflictos territoriales ni se van a parar los desalojos porque de hecho la ley de emergencia territorial está vigente y sin embargo continúan los desalojos. Pero el programa va a sacar a la luz la ilegalidad que se maneja en esta provincia, se hará evidente el negociado entre privados y el gobierno, entre los políticos que han llegado al poder y que se encargaron de repartirse las tierras. De hecho los conflictos por las tierras no son con cualquier persona común y corriente que vive en la ciudad, sino que son todos megaempresarios, jueces, políticos, abogados, escribanos, y entre ellos está distribuida la tierra en la provincia de Neuquén.

- ¿Qué pasa con el conflicto de Campana Mahuida ahora que hay una ley provincial a favor de la minería contaminante? Ya ha habido atentados contra los pobladores que se oponen a la mina.

- En Campana Mahuida hay un proceso muy grande de resistencia. Ese conflicto tiene que ver justamente con toda esa complicidad de negociados de tierras. La Confederación Mapuche se reunió más de una vez con el Superior Tribunal de Justicia, con su presidente, y se le pidió que como órgano independiente aplique y reconozca los derechos institucionales y tratados internacionales que están vigentes. En función de eso fue que se logró frenar la audiencia pública que el gobierno de la provincia había promovido en Loncopué, una medida que violaba lo que establece el convenio 169 sobre los derechos de las comunidades indígenas. El Tribunal se expidió diciendo que no se tenía que llevar adelante la audiencia sino que se tenía que cumplir con el prerrequisito del derecho a la consulta a la comunidad afectada para ver si aceptaba o no el proyecto. Se generó un buen precedente por ese lado, pero el gobierno no se quedó atrás y decidió avanzar con una ley para la explotación minera que terminó aprobando a fines de noviembre, una ley de minería tramposa y que nosotros denunciamos.

- ¿Qué sucede en la comunidad Lonko Purrán, donde estás vos, amenazada por el ex juez Eduardo Badano que pedía el desalojo de los mapuche?

- Unos meses atrás, precisamente en septiembre, Badano se reunió con algunos mapuches dóciles de la comunidad y logró convencerlos de dejar entrar a la petrolera Apache en un sector del campo que dicen que es de su propiedad para poner en marcha su emprendimiento. El día que decidieron avanzar nos movilizamos con todas las personas que pudimos, desconociendo ese acuerdo que habían hecho, y logramos frenar a la empresa y a Badano, que se hizo presente.

- ¿El dice que es el dueño de las tierras de la comunidad y que le da la concesión a Apache?

- Claro, y como dueño de la tierra tendría el derecho a cobrar la servidumbre y cobrarle las regalías a la petrolera. Frenamos el yacimiento y hace ya tres años que está parado. Lo volvimos a frenar ahora cuando entró Badano, la policía y la empresa. Nos opusimos ahí y no lograron pasar.

-¿Cómo hacen para que no pasen en cualquier momento, tienen una guardia?

- Nosotros vivimos ahí, vemos quién entra y quién no. Cuando entra alguien enseguida nos organizamos. No vamos a permitir el ingreso de nadie que no autoricemos. La última conversación que tuve con Badano y sus socios me decían que si no trataba de llegar a un acuerdo con ellos que eran los dueños del campo iban a promover una medida cautelar en la justicia civil e iban a pedir el desalojo de las tierras.

- ¿Y ustedes legalmente tienen algún trámite iniciado para cubrirse de eso?

- Sí, tenemos un planteo de inconstitucionalidad del remate de las tierras en un juzgado, dado que la comunidad está constituida hace ya muchos años y que cuenta desde el año 2000 con personería jurídica. La comunidad Lonko Purrán pasó por dos juicios ya, los dos por usurpación, y en los dos la justicia se pronunció a favor nuestro. Se reconoció que la comunidad tenía la posesión tradicional de las tierras aunque no tuviera escritura, por estar en ellas desde tiempo ancestral.

Maliqueo cuenta que hoy viven alrededor de 20 familias en Lonko Purrán, que están allí ancestralmente y que su comunidad tiene una historia que remite a principios del siglo XX, a tiempos en que un descendiente del lonko Toqui Purrán se quedó en ese lugar para vivir y formar su familia. “Purrán fue uno de los grandes lonkos que luchó en la resistencia a la conquista del desierto”, se enorgullece. “Seguimos quedando familias mapuche en ese espacio desde ese tiempo, y cuando la comunidad retoma nuevamente la organización, por los ataques de la compañía Apache, decide reivindicar su nombre y su figura y por eso es que la comunidad se llama Lonko Purrán, en reivindicación al Toqui Purrán”, finaliza Maliqueo.

Por ra.moc.oohay@70oiggamrm para la moc.liamg@aldoibaicnega

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NOTAS:

[1] Ver el artículo de esta agencia

[2] Para conocer los detalles del caso ver Prensa Contrapunto

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