Argentina: las sombras de La Alumbrera
Hasta no hace mucho, se les pedía una ambulancia, computadoras o que pintaran una escuela. Las mineras, gustosas, y a manera de espejitos de colores, entregaban éstas y otras dádivas en las localidades cercanas a sus megaemprendimientos, en un contexto de Estados cómplices, retirados o ausentes. Pero ahora resulta más fácil, más económico, más ignominioso aún: basta con que junten las sobras de cada comida…
Fue idea del diputado nacional del Frente para la Victoria Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, quien presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas, comedores escolares y sociedades de beneficencia de niños carenciados de Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados, ¿será el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O será una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo y vacuo concepto de “responsabilidad social empresarial? Pero, ¿acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial?
Como afirma Horacio Machado, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, allá por 1997, cuando arrancó La Alumbrera, “predominó la sensación de que, aún cuando las condiciones y concesiones otorgadas a las empresas mineras eran excesivas, se trataba de la “única alternativa para aprovechar tales riquezas como ‘motor del desarrollo’ provincial”. Sin embargo, la historia mostró que la mina no mejoró ni un ápice los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación. Con los años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo muy altos y la tasa de desocupación aumentó visiblemente. Hacia 2006, sólo en Andalgalá, ascendía a más del 25 por ciento. Por otra parte, ¿cómo ignorar que los gravosos efectos ambientales que viene produciendo La Alumbrera continúen siendo objeto de numerosas denuncias por parte de ciudadanos y organizaciones socioambientales? Esto sin contar las serias denuncias judiciales y parlamentarias sobre los valiosos metales exportados, como molibdeno y plata, que no son declarados merced de los laxos o nulos controles gubernamentales. ¿O acaso no fueron las reiteradas denuncias por contaminación ambiental las que, en 2007, condujeron a sancionar una ley de prohibición de este tipo de minería, nada menos que en la provincia de Tucumán, donde se encuentra la sede administrativa de La Alumbrera, de la que la propia Universidad Nacional es socia y de donde es oriundo nuestro imaginativo diputado?
Frente a la original visión asistencial que nos prodiga el diputado oficialista, podemos preguntarnos: ¿por qué no buscó ampliar su proyecto de declaración para incluir que el Congreso Nacional “vería con agrado” que la empresa no contamine la cuenca del Salí-Dulce o del río Vis-Vis; que la minera transnacional utilizara un poco menos de agua, dado que dilapida en una región árida 100 millones de litros diariamente? Todo esto no ocurre porque el gobierno nacional no sólo no está interesado en traer a la agenda pública estos temas, sino que además es responsable de la profundización del actual modelo minero.
El pedido del diputado al Congreso Nacional aparece así como la metáfora perfecta de lo que significa la minería a gran escala en nuestro país: pobreza, desigualdad, neocolonialismo y una vergonzosa subordinación social, económica y política a las empresas transnacionales.
Maristella Svampa. Socióloga. En colaboración con Enrique Viale.
Fuente: Crítica Digital