Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia, Argentina

En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.[2]

El fenómeno, al menos en su faceta mediática, tuvo su máxima expresión el 18 de octubre en el diario La Nación con la publicación de una nota titulada El regreso de la Araucanía[3]. El artículo, incurriendo en una serie de mentiras y tergiversaciones, hacía hincapié en postulados que no resisten la menor contrastación. Entre otras cosas, se otorga crédito a las declaraciones de Carlos Sapag, productor rural y hermano del gobernador neuquino, quien sostiene que las comunidades mapuches reciben apoyo de las FARC y ETA en sus luchas territoriales, sin brindar la menor prueba al respecto, salvo las informaciones provistas por un diario chileno. Si bien desde el gobierno nacional condenaron este intento de criminalización, trascendió que la División Antiterrorista de la Policía Federal también está trabajando sobre esa hipótesis.[4]

Por otro lado, en la nota en cuestión “se deduce” que las intenciones de los “indios” pasan por la instauración y el reconocimiento de un “estado mapuche”. Un proyecto de liberación nacional de esas características sólo es reivindicado por algunos sectores -como la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapu (Chile)- y no es la posición hegemónica, ni el punto prioritario en las diferentes agendas del Pueblo Mapuche, incluso la Confederación Mapuche Neuquina planteo públicamente su crítica a esa posición.[5]

En todo caso, la avanzada tiene por objetivo la preparación del terreno y la obtención de consensos para reprimir más y mejor cualquier protesta, y si bien beneficia a las empresas petroleras y a otros sectores productivos que operan en territorio mapuche, se encuentra impulsada principalmente por las élites provinciales –sobre todo las rurales-, en alianza con diversos medios de comunicación.

Cabe remarcar que la persecución y la judicialización no se restringen únicamente a los pueblos originarios, sino que, en el caso de los hidrocarburos, también apunta contra aquellos trabajadores que buscan la reorganización sindical del sector, hoy dominado por grupos burocráticos aliados al poder político de turno y a los intereses de las operadoras privadas.

El avance de la frontera hidrocarburífera

La ola de reformas neoliberales que reconfiguraron el mapa hidrocarburífero argentino durante la década del 90’ resulta ineludible a la hora de dar cuenta del contexto actual y comprender la criminalización en ciernes. El proceso, que culminó con la privatización de YPF y la entrega del patrimonio nacional, presentó dos características importantes:

- Un cambio de concepción respecto a los hidrocarburos, que dejaron de ser recursos estratégicos para satisfacer las necesidades energéticas del país, para convertirse en meros commodities, es decir, mercancías exportables como cualquier bien producido para el mercado externo;
- La reforma de la Carta Magna en 1994, que dio rango constitucional a la federalización de los “recursos naturales”, y convirtió a las provincias en interlocutoras directas del capital privado.

En este cambio de concepción e instrumentalización fue fundamental la presión ejercida no sólo por parte de las corporaciones trasnacionales sino también por gobernadores y élites provinciales, que vislumbraban la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales y realizar negocios con las empresas que desembarcaran en sus territorios. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, encabezó el lobby de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- sobre los legisladores para que aprobaran la privatización de YPF en 1992.

La reforma constitucional de 1994, y más precisamente su artículo 124[6], representa la cristalización legal más importante del modelo de explotación de hidrocarburos vigente. Sin la provincialización hubiese resultado impracticable el proceso de desguace de YPF y el ingreso de numerosas compañías -grandes, medianas y pequeñas; de capitales nacionales, extranjeros y mixtos- y élites provinciales al “negocio petrolero”.

A contramano de su retórica nac&pop, en los seis años de gobierno kirchnerista se tendió a reafirmar todo lo establecido en la década del 90′: ni bien asumió, Kirchner promulgó el decreto 546/03[7], que puso fin a las zonas grises presentes en la legislación argentina, y que todavía continuaban generando conflictos entre la Nación y las Provincias por la explotación de hidrocarburos. También impulsó la sanción de la ley 26.197/06, conocida como ley corta, que se orientó en la misma dirección. Quizá la única diferencia significativa sea el mantenimiento de las retenciones a la exportación de crudo. Si bien este mecanismo no ha logrado detener la sangría en materia de reservas, por lo menos ha contenido los precios internos -desligándolos de las variaciones en el mercado internacional-, y ha permitido al Estado Nacional captar parte de la renta empresaria [8].

Del modelo heredado de los 90′, y reafirmado en esta década, se desprenden una serie de consecuencias fundamentales para la comprensión del fenómeno de la criminalización. En primer lugar, como el modelo vigente apunta exclusivamente a la rentabilidad empresarial y no a las necesidades sociales, durante casi veinte años se propició una sobreexplotación de las reservas probadas de YPF estatal, sin “reposición” -no se invirtió en nuevas prospecciones-, lo que ha llevado al país a una dramática caída de la extracción y las reservas de petróleo y gas.

De aquí se deriva la convergencia de intereses entre élites provinciales y empresas privadas respecto de la necesidad de expandir la frontera extractiva con la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. La connivencia no se inscribe únicamente en la posibilidad de concretar negocios privados a partir del desembarco de capitales, sino que tiene una raíz estructural. La escasa o nula diversificación económica de las “provincias petroleras” ha generado una enorme y creciente dependencia de las administraciones locales respecto de los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas. Según datos oficiales, el peso de estos ingresos en el presupuesto 2009 de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es del 8,5%, 26% y 30%, respectivamente[9]. Más allá de las regalías, la incidencia de la industria hidrocarburífera es mucho mayor por la cantidad de actividades económicas que, directa o indirectamente, dependen de ella.

El panorama se completa con un inaudito poder de chantaje y negociación por parte de las operadoras privadas, que manipulando volúmenes de extracción y reservas, buscan obtener cada vez mayores concesiones de las gobernaciones provinciales y el Estado Nacional.

En suma, nos encontramos en un contexto en el que los ingresos del Estado Nacional -por retenciones a la exportación-, de las provincias -por regalías- y de las operadoras -por la comercialización de crudo y sus derivados en el país y el mercado externo-, dependen en última instancia de los volúmenes de extracción, que por otro lado, han quedado completamente subsumidos a la lógica y el afán de lucro de las compañías. El dominio que éstas ejercen sobre un recurso estratégico para los intereses del país y sus habitantes, las coloca en una posición inmejorable de cara a la negociación y la exigencia de un “clima favorable” para la inversión, es decir, la remoción de cualquier tipo de “obstáculo” que pudiera entorpecer la realización de negocios.

El Estado Nacional y los estados provinciales, lejos de verse eximidos de culpa y cargo, son los principales responsables de esta situación, y en última instancia, los que garantizan los intereses de las compañías privadas mediante la represión a trabajadores, comunidades y pueblos originarios.

Actores y políticas concretas

En este contexto podemos identificar una serie de actores y políticas concretas.

* El Gobierno Nacional: ha tomado nota de la alarmante baja en las reservas de petróleo y gas, buscando una política que subsane esta problemática y que al mismo tiempo no termine de socavar su imagen pública. Las marchas y contramarchas que se produjeron el último invierno en torno al tarifazo de gas tienen estrecha relación con este problema [10]. En general, sus políticas han oscilado entre el beneficio de las empresas petroleras -mediante los planes Gas y Petróleo Plus, que otorgan subsidios, premios a la inversión, aumento de tarifas, etc.- y la captación de parte de la renta con las retenciones a la exportación. Finalmente, la atención a las demandas de consumidores y usuarios ha sido marginal, dependido en todo caso de su capacidad de movilización y presión.

Respecto a la criminalización de la protesta en los territorios directamente afectados por la explotación hidrocarburífera, observamos una complicidad que se expresa de forma variable. Por una parte, a través de la inacción y la prescindencia para poner un freno a este fenómeno, aún cuando está obligado y dispone de herramientas para hacerlo -convenios internacionales, disposiciones de la Constitución Nacional-; por la otra, con una indisimulada intervención, como ocurrió en la localidad de Las Heras en el año 2006 [11]. En aquella oportunidad, luego de la represión a los trabajadores, el lobby de las compañías petroleras y la Sociedad Rural logró la instalación permanente de un Escuadrón de Gendarmería Nacional [12].

* OFEPHI: conformada por las provincias productoras de hidrocarburos, con participación preponderante de las operadoras, y en menor medida de las organizaciones sindicales. Presenta una sólida confluencia de intereses entre las empresas, que buscan ensanchar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas[13]. La complicidad estructural de las provincias con el modelo vigente ha convertido a los gobernadores en portavoces de las compañías petroleras en sus reclamos a la Nación [14], y ha colocado al conjunto de la administración pública –poder ejecutivo, legislativo, judicial y aparato represivo- al servicio de esos intereses.

* Empresas medianas: Se trata de empresas que cobraron relevancia a partir de la expansión de la frontera extractivista y la presencia de mayores incentivos a la exploración y explotación, ocupando aquellos bloques que las empresas más grandes descartan por sus menores márgenes de factibilidad y/o rentabilidad. El caso paradigmático en Argentina es el de Pluspetrol S.A.

Pluspetrol tiene concesiones en dos zonas de alta conflictividad. Asociada con Enarsa está presente en el centro de la provincia de Neuquén, en los bloques Zapala y Laguna Blanca, donde afecta el territorio de catorce comunidades mapuche. La otra zona candente es la cuenca del Ñirihuau [15], en el suroeste de Río Negro, donde ingresó asociada a Repsol. Esta compañía “argentina” tiene gran experiencia en violaciones de derechos indígenas y represión, y es uno de los focos de conflicto en la Amazonía peruana, donde se la acusa de prestar sus instalaciones para la aplicación de torturas a indígenas [16].

* ONGs y Fundaciones corporativas: están ocupando un rol cada vez más importante, facilitando el ingreso de las compañías en territorio. Asesorando o trabajando de manera conjunta con las empresas, buscan subsanar todas aquellas necesidades de la población potencialmente afectada que han quedado desatendidas ante la retirada del Estado. Su papel es sumamente importante en la medida en que estas campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) han allanado el terreno para la inserción “amigable” de la empresa con la comunidad, sirviendo como “amortiguadores” del conflicto social [17].

Conflictos laborales y la pelea por la tierra

El desarrollo de la industria hidrocarburífera permite visualizar la presencia de dos tipos de conflictos:

* Territoriales: ocasionados por un avance de la frontera extractivista sobre áreas protegidas, poblaciones locales y pueblos originarios, que compromete seriamente su existencia o supervivencia. Precisamente, uno de los sectores más golpeados por esta expansión han sido los pueblos originarios. En todos los casos se han vulnerado derechos amparados por acuerdos internacionales -como el Convenio 169 OIT-, la Constitución Nacional y normas provinciales.

Integrantes de estos pueblos han sufrido -o sufren- persecución, por impedir el ingreso de las compañías petroleras en sus territorios, y el avasallamiento de su forma de vida. La lucha del Pueblo Mapuche es la que tiene mayor visibilidad en este sentido. Un ejemplo es la resistencia de la comunidad Huenctru Trawel Leufu -en Picún Leufú- que desde mediados de 2007 impide el ingreso a Petrolera Piedra del Águila, que intenta hacer trabajos de exploración. Ese conflicto ha pasado por diferentes instancias de negociación -en las que participaron el Gobierno provincial, la Confederación Mapuche Neuquina y la empresa- pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. La puja está caracterizada por la judicialización y la violencia extrema, denunciándose el accionar de civiles armados al servicio de la petrolera -que amenazaron y atentaron contra la comunidad- y de la policía provincial -por liberar zonas.

Huenctru Trawel Leufu es sólo un hito en la resistencia del Pueblo Mapuche a la actividad de empresas petroleras; desde mediados de la década del ‘90 los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos del territorio ancestral. La lucha de las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil por la descontaminación del territorio y contra el Proyecto Mega[18], en Loma de La Lata, puso el tema sobre la mesa. Poco después el conflicto se trasladó a las cercanías de Zapala y Cutral Co, donde Logko Puran y Gelay Ko también dijeron no a las petroleras; en cada uno de estos procesos se atravesó períodos de criminalización, judicialización y represión[19]. Se trata de una situación semejante a la que viven comunidades de los Pueblos Wichi, Tapiete y Guaraní en la provincia de Salta[20].

En general, pese a su heterogeneidad, observamos en el reclamo de algunas comunidades indígenas un mayor grado de “radicalidad”, entendiendo ésta como la posibilidad de avanzar en una crítica que cuestione al sistema de raíz. En efecto, la defensa de muchas pautas y formas de vida ancestrales constituye un desafío no sólo para el modelo de extracción y explotación de hidrocarburos vigente, sino también para la matriz energética del país y las relaciones sociales que sustenta.

* Gremiales: podemos distinguir un sector burócrata ligado a las gobernaciones y los intereses de las operadoras, que conduce los sindicatos de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y otro sector vinculado a la FeTERA en la CTA[21]. El reciente conflicto en la provincia de Santa Cruz resulta paradigmático a la hora de señalar las diferencias entre ambos grupos. Los trabajadores iniciaron la huelga ante la negativa de las operadoras de otorgar un incremento salarial del 20%. Luego de 19 días de conflicto -que implicó despidos, cesantías y amenazas para numerosos huelguistas- la conducción del Sindicato firmó un Acta acuerdo, con las operadoras y la gobernación provincial, sumamente desfavorable para los intereses de los trabajadores ya que prácticamente prohíbe y pena cualquier forma de lucha de ahora en más[22]. Además se inició una campaña de persecución entre aquellos sectores que buscan la reorganización sindical del sector. Uno de los casos más conocidos es el de Víctor Chamorro, trabajador petrolero de Cañadón Seco, que ha sido intimidado en numerosas ocasiones con telegramas de despido, e inclusive ha sido víctima de un atentado el 5 de octubre.[23]

Si bien la criminalización asume diversas formas -represión directa, judicialización, discriminación, estigmatización-, no debemos perder de vista las disputas económico-sociales que la subyacen. Comprender las causas de este fenómeno resulta fundamental a la hora plantear una estrategia ofensiva que cuestione al modelo de conjunto.

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Notas

* Escrito en base a la ponencia presentada por el Observatorio Petrolero Sur en el Foro Regional Patagonia: Conflictos territoriales, criminalización y derechos humanos. 6 y 7 de noviembre. Sala de prensa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.

[1] Crean una entidad “en defensa de la ley”

[2] Aranda, Darío: El Debate Mapuche. Página/12, 1 de noviembre de 2009

[3] Ver aquí

[4] La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA

[5] Comunicado sobre el “Llamado a la Guerra”

[6] “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.“

[7] En palabras del decreto 546/03, “[hasta el año 2003 se produjo una] situación jurídicamente ambigua producida por el hecho de que las Provincias, titulares del dominio por mandato constitucional, carezcan de los instrumentos legales que les permitan ejercer en forma apropiada y efectiva los derechos derivados de dicho dominio, tales como, por ejemplo, el derecho a licitar y a otorgar permisos y concesiones” . Esta es la razón por la cual provincias como Buenos Aires habían “solicitado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el dictado de una norma reglamentaria que facilite el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de la Provincia, respecto de sus recursos”, y otras como Neuquén y Río Negro, directamente habían sorteado el vacío legal, y ejerciendo sus facultades constitucionales por medio de normas de derecho interno, ya habían adjudicado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.

[8] En el año 2007, la resolución 394 promulgada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía, estableció una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador, y la diferencia será la retención.

[9] Río Negro: aquí
Presupuesto general: 4 mil millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 339 millones de pesos (8.47%)

Neuquén: aquí
Recursos consolidados: 5.959 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.570 millones de pesos (26,34%)
En 2006 la incidencia era del 40%.
En este caso, las variaciones de magnitud de las regalías no sólo afectan los ingresos fiscales, sino que también tienen impacto en la red clientelar del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia desde hace cincuenta años.

Chubut: aquí
Ingresos corrientes 2009: 4.021 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.228 millones de pesos (30,53%)

[10] El tarifazo aplicado respondió a la necesidad de importar de Bolivia el gas que ya no se extrae en el país debido a la falta de inversiones e incumplimientos contractuales de las empresas operadoras. El horizonte de reservas de este combustible, que llegó a ser de 30 años, hoy en día es menor a 8 años. Por otra parte, el 28 de julio el Gobierno nacional firmó un acuerdo con las ocho provincias gasíferas por el cual se
autoriza un aumento del precio del gas en boca de pozo que se paga a las operadoras. Se prevé que el acuerdo Nación-provincias implique una transferencia a las operadoras privadas de 600 millones de dólares en concepto de subsidios. ¿De dónde se iba a obtener semejante suma? El Gobierno nacional iba a destinar a las petroleras la mitad de los ingresos que se obtuvieran por la vía del decreto 2067. Es decir: una resolución que surgió como consecuencia directa de la falta de inversión, incumplimientos contractuales y sobreexplotación de los yacimientos, termina beneficiando a sus responsables directos.

[11] La ciudad petrolera Las Heras sitiada y militarizada luego de la masiva movilización popular
Un nuevo ataque a los trabajadores del petróleo
Los presos de Las Heras buscan romper el aislamiento

[12] Hernán Scandizzo: El lobby de la represión
Instalarán un Escuadrón de Gendarmería en Las Heras

[13] En las últimas semanas ha habido una avanzada de este sector, presionando al Estado Nacional para obtener mejores precios para el gas en boca de pozo, el precio de corte interno de crudo, y eliminar, o al menos reducir, las retenciones que se cobran a la exportación de petróleo.

[14] Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene

[15] Panorma Hidrocarburífero Ríonegrino
Valle del Río Ñirihuau: Las imborrables huellas del pasado petrolero
Ñirihuau: La provincia carece de estudios hidrológicos detallados del área licitada
Ñorquinco, en la ruta petrolera

[16] Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana

[17] RSE, maquillaje petrolero en Patagonia
Viaje a Plottier, un yacimiento poblado
Volviendo a Clases: Pluspetrol va a tu escuela

[18] Enviar gas a Bahía Blanca, a través de un gasoducto de más de 600km, para industrializarlo en el polo petroquímco de Ing. White

[19] Patagonia petrolera, el desierto permanente

[20] “Si muere un niño más vamos a volar el gasoducto”
Wichis llevan dos meses rodeando una válvula de gas en Gral. Mosconi
Comunidades indígenas denuncian la construcción de gasoductos en su territorio

[21] Este sector acaba de fundar un nuevo sindicato, la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE)
Diputados Nacionales reciben a los fundadores de la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía
Creación de la ATPE, decisión inteligente contra el modelo neoliberal

[22] El ítem “Paz social” incluido en el acuerdo, determina que si los trabajadores realizan una medida de fuerza, pierden los $750 diarios correspondientes a su salario. Con la firma de este acuerdo la empresa puede accionar por sobre los derechos de los trabajadores y puede echar empleados a discreción y sin causa justificada. A la vez el acuerdo impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Con la firma de este oprobioso acuerdo queda en evidencia la complicidad permanente entre el sindicato, el poder político provincial y nacional, y las operadoras que se están disputando las concesiones.
Ver aquí

[23] Persecución antisindical
Campaña por la reincorporación de Víctor Cosquín Chamorro
Diputados Nacionales repudian amenazas a trabajadores petroleros de Santa Cruz

25/11/2009

Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur

Fuente: OPS